Tribunal de Cundinamarca ordenó a la Procuraduría revisar denuncias de violencia y discriminación con enfóque de género

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que la Procuraduría General de la Nación vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la justicia, a la salud mental y a una vida libre de violencias de una funcionaria de la Contraloría General de la República, al decidir no iniciar una actuación disciplinaria sin realizar un análisis integral de las denuncias formuladas y de las pruebas relacionadas con los hechos expuestos.

La decisión fue adoptada con ponencia de la magistrada María Del Pilar Veloza Parra. De acuerdo con lo establecido por la corporación, la Procuraduría dejó por fuera del estudio otros elementos que habían sido puestos en su conocimiento y que estaban relacionados con posibles hechos de discriminación, violencia institucional, desprotección laboral y afectaciones a la salud mental.

Según el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la actuación de la Procuraduría no permitió establecer una valoración completa del conjunto de situaciones expuestas por la funcionaria. La corporación consideró que el análisis de la entidad se limitó a la eventual existencia de acoso laboral, pese a que las denuncias comprendían otros posibles comportamientos y circunstancias que debían ser examinados de manera conjunta.

Entre los aspectos señalados se encuentran las denuncias relacionadas con presunta discriminación, violencia institucional y desprotección en el ámbito laboral. También se incluyeron elementos relacionados con las consecuencias que los hechos denunciados habrían tenido sobre la salud mental de la funcionaria.

La valoración de las denuncias deberá ser integral

Para el tribunal, esos componentes debían ser examinados dentro del contexto general de los hechos y no de manera aislada. La decisión sostiene que las autoridades deben analizar las circunstancias denunciadas de forma integral cuando existen elementos que pueden estar relacionados entre sí y que pueden incidir en los derechos fundamentales de la persona que acude ante la administración de justicia.

La Corporación también recordó las obligaciones de las autoridades frente a situaciones que puedan constituir violencia contra las mujeres. En ese sentido, señaló que los casos que involucren posibles hechos de violencia contra las mujeres deben ser abordados con perspectiva de género, de manera que la respuesta institucional tenga en cuenta las circunstancias particulares en las que se producen los hechos denunciados.

El pronunciamiento se relaciona, además, con el deber de las autoridades de garantizar el acceso efectivo a la justicia. Para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, este derecho no se agota con la recepción de una denuncia o con la emisión de una respuesta formal, sino que exige que las circunstancias relevantes y las pruebas disponibles sean examinadas de manera suficiente para adoptar una determinación debidamente fundamentada.

Nueva decisión no implica ordenar una investigación disciplinaria

La orden impartida por el tribunal consiste en que la Procuraduría emita una nueva decisión después de realizar el análisis integral de los hechos y de las pruebas. En ese nuevo pronunciamiento deberán considerarse las diferentes situaciones denunciadas por la funcionaria, así como los elementos relacionados con sus condiciones de salud mental.

La corporación hizo una precisión frente al alcance de su determinación. La orden de emitir una nueva decisión no equivale a disponer la apertura de una investigación disciplinaria ni a establecer que exista responsabilidad por los hechos denunciados.

La competencia para determinar si procede iniciar una actuación disciplinaria continúa en cabeza de la autoridad disciplinaria correspondiente. Por ello, la Procuraduría deberá efectuar nuevamente la valoración que le corresponde y, a partir de ese análisis, adoptar la decisión que considere jurídicamente procedente.

La aclaración busca diferenciar entre la obligación de realizar un examen integral de una denuncia y la determinación sobre la existencia de una eventual falta disciplinaria. El tribunal no sustituyó a la autoridad disciplinaria en esa función ni anticipó una conclusión sobre la responsabilidad de las personas eventualmente involucradas.

De esta manera, el fallo centra la orden judicial en la necesidad de que la nueva determinación tenga en cuenta la totalidad de los hechos denunciados y las pruebas disponibles, en lugar de restringir el examen a una única hipótesis, como ocurrió en la decisión inicialmente cuestionada.

La salud mental también deberá formar parte del análisis ordenado. Este aspecto fue incluido por el tribunal entre los elementos que deben ser considerados dentro de la valoración integral del caso, en atención a que la funcionaria había denunciado afectaciones relacionadas con los hechos que puso en conocimiento de las autoridades.

Perspectiva de género y deber de respuesta institucional

Otro de los elementos centrales de la decisión es el llamado del tribunal a las autoridades para que incorporen una perspectiva de género cuando conozcan situaciones que puedan involucrar violencia contra las mujeres, recordando que este enfoque exige considerar el contexto de los hechos y evitar que el análisis institucional reduzca una situación compleja a una sola categoría jurídica cuando existen otros elementos que pueden resultar relevantes para establecer lo ocurrido.

En este caso, el tribunal concluyó que la Procuraduría debía examinar de manera conjunta las denuncias sobre presunto acoso laboral, discriminación, violencia institucional, desprotección laboral y afectaciones a la salud mental. La nueva decisión deberá valorar todas las circunstancias y pruebas relevantes bajo un análisis integral y contextualizado.

La determinación también establece que la protección de los derechos fundamentales involucrados comprende el debido proceso y el acceso a la justicia, además de los derechos relacionados con la salud mental y con una vida libre de violencias.

Con la orden judicial, la Procuraduría deberá volver a estudiar el asunto bajo los parámetros establecidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y emitir una nueva decisión. Esa actuación deberá mantener la competencia propia de la autoridad disciplinaria para definir, a partir de la valoración correspondiente, si existen razones jurídicas para iniciar o no una actuación.