Iván Cepeda pidió que la Fiscalía mantener la investigación sobre Álvaro Uribe por las masacres del Aro, La Granja y San Roque: “Actúo como parte civil”

Iván Cepeda, senador de la República por el Pacto Histórico, pidió mantener la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Fiscalía General de la Nación por las masacres de El Aro, La Granja y San Roque, y por el asesinato de Jesús María Valle.

A través de su cuenta oficial de X, el excandidato presidencial sostuvo que actúa como parte civil, en calidad de actor popular, dentro de ese expediente.

“Como es de conocimiento público, actúo como parte civil, en calidad de actor popular, en la investigación que adelanta la justicia colombiana contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por estos hechos (sic)”, señaló Cepeda.

Cepeda señaló que pidió a sus abogados mantener la posición para que la Fiscalía conserve la competencia para adelantar esa investigación, con las debidas garantías procesales. El senador vinculó esa solicitud con la defensa del derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad y a la justicia.

“En esta condición, defiendo el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad y a la justicia y, en consecuencia, le he solicitado a mis abogados que mantengan nuestra posición para que la Fiscalía General de la Nación conserve la competencia para adelantar esa investigación, con las debidas garantías procesales (sic)”, aseveró Cepeda.

La posición de Cepeda apareció después de que la defensa de Uribe lograra que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes aprobara por unanimidad promover un conflicto de competencias para asumir el expediente. Ese caso incluye las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato de Jesús María Valle y la presunta relación con el Bloque Metro en la hacienda Guacharacas.

Cómo surgió el conflicto de competencias

Según la comunicación firmada por Carlos Alberto Cuenca presidente de esa comisión, el caso tocaría hechos de 2003, cuando Uribe ejercía como jefe de Estado y tenía fuero presidencial. Bajo ese criterio, el expediente dejaría de estar en el despacho de la fiscal delegada tercera ante la Corte Suprema de Justicia.

Cuenca pidió la remisión del expediente tramitado bajo la Ley 600 de 2000. También advirtió que, si la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte no accede a la solicitud, el asunto deberá pasar a la Sala Plena de la Corte Constitucional para que dirima la colisión de competencia.

El oficio precisó esa ruta procesal. “De no acceder su despacho a esta solicitud”, el expediente deberá remitirse a la Sala Plena de la Corte Constitucional para que resuelva “de plano” la colisión de competencia, con base en el artículo 95 de la Ley 600 de 2000 y el artículo 241, numeral 11, de la Constitución Política.

Los argumentos sobre el fuero y el alcance del expediente

La solicitud de la defensa se apoya en la hipótesis investigativa sobre una presunta participación de Uribe en concierto para delinquir agravado. Esa tesis vincula los hechos con la conformación del grupo paramilitar que operaba en Guacharacas y que después fue conocido como Bloque Metro.

La argumentación sostiene que se trata de un delito permanente y que su fecha de consumación se ubica en 2003. “Atendiendo al carácter permanente del concierto para delinquir agravado, así como al momento en que habría cesado la supuesta actividad delictiva para el año 2003, existiría una razón objetiva para que esta comisión asuma conocimiento”, señala el documento.

El texto añade que ese año coincide con la desaparición del Bloque Metro tras su guerra interna con el Bloque Central Bolívar. También menciona el acuerdo de Santa Fe de Ralito, en julio de 2003, como cierre de las conductas delictivas.

La hipótesis de la Fiscalía, según el mismo texto, sostiene que la alianza ilegal se mantuvo hasta ese año, aunque había comenzado antes. La masacre de La Granja data del 11 de junio de 1996, la de El Aro ocurrió entre el 22 y el 25 de octubre de 1997 y el crimen de Valle fue en febrero de 1998.

La comunicación oficial añade que la Comisión Legal de Investigación y Acusación recibió un memorial de la defensa del expresidente para proponer el conflicto de competencia ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema.

También recuerda los artículos 174, 175, 178 y 235 de la Constitución para sostener que la investigación de aforados corresponde a la Cámara, con eventual acusación ante el Senado y juzgamiento por la Corte Suprema en caso de delitos comunes.