
La investigación por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en 2025, ha generado nuevas tensiones sobre la protección de su entorno. Los registros de antenas de celular ubican a dos escoltas de su esquema de seguridad en reuniones previas con uno de los implicados en el crimen, tanto en Modelia como cerca del Congreso.
Además, la viuda del dirigente, María Claudia Tarazona, aseguró que el dispositivo asignado a su familia sigue sin cambios y que no ha recibido respuesta del Gobierno a sus pedidos para modificar ese esquema, pese a la información que la Fiscalía le transmitió sobre una posible infiltración dentro del equipo de seguridad.
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La senadora Paloma Valencia, exprecandidata presidencial, trasladó la discusión al riesgo actual que enfrenta el entorno de Uribe. “Me tiene preocupada María Claudia Tarazona, me tiene preocupada su familia, porque es la familia de Miguel. Y yo creo que el país no puede hacerse el loco”, dijo Valencia. Agregó: “Me tiene preocupada que su esquema de seguridad, el de Miguel, hubiera estado infiltrado”.
Paloma Valencia: Preocupación por la seguridad del entorno de la familia de Miguel Uribe Turbay ante amenazas y revelaciones judiciales - crédito @palomavalencial/Instagram
La senadora planteó un riesgo sobre quienes impulsan el avance judicial: “Lo que más me duele es pensar que puedan estar corriendo peligro ahora, porque si los criminales están pagando para asesinar a las personas de la Fiscalía que están persiguiendo ese proceso, imagínese lo que puede ser perseguir a los denunciantes. El Gobierno tiene que hacer todo por proteger a María Claudia Tarazona y a su familia”.
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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, sostuvo que la seguridad de la familia es prioritaria y señaló que la Policía Nacional adoptó medidas, mientras el director de la Unidad Nacional de Protección, Didier Blanco, dispuso la renovación del esquema de seguridad. Lara destacó la gravedad de la presunta complicidad de miembros del esquema de Uribe con los responsables del crimen y aseguró que este aspecto debe investigarse a fondo.
La sospecha no solo recae sobre la estructura criminal que ejecutó el asesinato, sino también sobre una posible contaminación de la protección oficial asignada a la víctima. La advertencia pública de la viuda instaló una doble pregunta: si hubo infiltración en el anillo de seguridad y por qué el esquema denunciado no había sido reemplazado.
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El partido Centro Democrático instó a las autoridades a iniciar investigaciones que permitan esclarecer si existen infiltraciones dentro del sistema de protección estatal y en la Unidad Nacional de Protección (UNP). La solicitud surge tras las denuncias sobre posibles irregularidades en la seguridad asignada al senador Miguel Uribe.
El colectivo político enfatizó la gravedad del asunto al señalar: “Frente a las graves denuncias sobre una posible infiltración en el esquema de seguridad de Miguel Uribe, instamos a las autoridades a realizar una revisión integral del sistema de protección del Estado, incluyendo a la UNP, los esquemas de seguridad y las agencias de inteligencia”.
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De acuerdo con el partido, cualquier vulnerabilidad en estos esquemas no solo afecta al protegido, sino que puede poner en riesgo a la sociedad: “La vulnerabilidad de un esquema expone a la sociedad en su conjunto; la seguridad debe ser una garantía colectiva”, afirmó la organización.

La preocupación del Centro Democrático se centra en la necesidad de una respuesta institucional que permita identificar posibles fallas y restaurar la confianza en los organismos responsables de la protección de figuras públicas y ciudadanos en riesgo. La solicitud se dirige tanto a la UNP como a las agencias de inteligencia, exigiendo una revisión exhaustiva de los procedimientos y controles internos.
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Las investigaciones solicitadas buscan determinar si existieron o existen elementos infiltrados en los sistemas de seguridad estatales, así como establecer eventuales responsabilidades y reforzar los protocolos para evitar situaciones similares.
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