La ministra Viviane Morales rechazó acusaciones de “decretazo” y negó privatización en la contratación de educadores y alianzas con iglesias

La jefa de la cartera respondió en X al debate por el borrador divulgado en el Sucop. Sostuvo que la medida mantiene figuras vigentes desde hace más de tres décadas y con aval judicial

La ministra de Educación aseguró que habría existido “una campaña” con diferentes mecanismos para influir en la enseñanza de los niños - crédito archivo Colprensa / Luisa González
Morales sostuvo que no hay ruptura normativa y el borrador seguirá abierto a observaciones ciudadanas hasta el 26 de agosto - crédito archivo Colprensa / Luisa González
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En medio de un debate nacional, la ministra de Educación, Viviane Morales, salió al paso de las críticas en torno al proyecto de decreto que busca modificar el Decreto 1075 para redefinir las reglas para la contratación de educadores y la colaboración con iglesias en estrategias pedagógicas en colegios públicos.

Morales aseguró que “nada de decretazo” y defendió la legalidad y continuidad histórica de estas figuras, al tiempo que sectores sindicales, expertos y la oposición advierten sobre un presunto riesgo de privatización gradual y de debilitamiento de la educación pública.

El debate estalló tras la publicación del documento en el Sistema Único de Contratación Pública (Sucop), donde se expone la intención de permitir a las entidades territoriales certificadas contratar la prestación del servicio educativo a través de figuras privadas y celebrar contratos con iglesias o confesiones religiosas. El texto busca ampliar la administración e implementación de proyectos pedagógicos, introduciendo cambios sustantivos en la gestión del sistema educativo público.

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Respuesta oficial: “Nada de decretazo”, continuidad normativa y control constitucional

La ministra Morales recalcó —a través de su cuenta oficial de X— que el proyecto “reproduce algo vigente desde hace más de treinta años”. Morales citó el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 2.3.1.3.1.6 del Decreto 1851 de 2015, que permiten al Estado contratar con iglesias o confesiones religiosas para el desarrollo de estrategias pedagógicas, siempre que tengan personería jurídica.

Morales sostiene que la propuesta mantiene figuras vigentes desde hace décadas y cita normas y fallos que avalan la colaboración con confesiones religiosas bajo condiciones legales - crédito Viviane Morales/X
Morales sostiene que la propuesta mantiene figuras vigentes desde hace décadas y cita normas y fallos que avalan la colaboración con confesiones religiosas bajo condiciones legales - crédito Viviane Morales/X

“El proyecto de decreto publicado por el @Mineducacion reproduce algo vigente desde hace mas de treinta años: Los contratos para el desarrollo de estrategias pedagógicas con iglesias o confesiones religiosas están contemplados en el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 y reglamentados en el artículo 2.3.1.3.1.6 del Decreto 1851 de 2015. Y sí, la Corte Constitucional ha declarado constitucional este tipo de colaboración con las iglesias y confesiones religiosas. Nada de decretazo”, puntualizó la ministra en X.

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De acuerdo con la funcionaria , los contratos con iglesias establecen que la entidad territorial certificada aporta la infraestructura y el personal disponible, mientras la iglesia o confesión religiosa aporta los componentes pedagógicos y administrativos que la entidad no pueda suministrar, siempre bajo el marco del Proyecto Educativo Institucional (PEI) adoptado por el consejo directivo de cada establecimiento.

Morales citó la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1851 de 2015 para sostener que la colaboración con iglesias en estrategias pedagógicas ya existe en la normativa - crédito Viviane Morales/X
Morales citó la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1851 de 2015 para sostener que la colaboración con iglesias en estrategias pedagógicas ya existe en la normativa - crédito Viviane Morales/X

Fecode y voces críticas: temor a la privatización y la injerencia confesional

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) fue la primera en pronunciarse abiertamente en contra del proyecto, calificándolo de un “decretazo” que podría borrar décadas de lucha por la separación entre Iglesia y Estado y abrir la puerta a la privatización de la educación pública.

Fecode advierte que el proyecto de reforma educativa permitiría mayor participación privada en colegios oficiales y podría afectar derechos y condiciones laborales docentes - crédito Fecode/X
Fecode advierte que el proyecto de reforma educativa permitiría mayor participación privada en colegios oficiales y podría afectar derechos y condiciones laborales docentes - crédito Fecode/X

“Hoy, esa lucha histórica podría borrarse con un solo “decretazo”. Llamamos a un gran frente unido contra la reforma al decreto 1075, propuesta por el actual Ministerio de Educación. Llamamos a un gran frente unido contra la reforma al decreto 1075”, expresó el gremio, advirtiendo que la medida permitiría que actores privados y confesionales gestionen incluso establecimientos oficiales, con posibles impactos en la universalidad, gratuidad y laicidad de la enseñanza.

El expresidente Gustavo Petro también manifestó su rechazo, señalando que “el dinero se volvería ganancia particular de iglesias del evangelismo sionista y de la politiquería mafiosa” y que, de prosperar la reforma, se impondría un sistema de “embrutecimiento ideológico” en vez de educación.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad educativa: “Invito a los estudiantes de secundaria a configurar los comités estudiantiles por colegio para organizar la gran movilización por la educación pública”.

El expresidente Gustavo Petro cuestionó la propuesta de incluir intermediarios privados y religiosos en la educación pública, y convocó a estudiantes, docentes y familias a organizarse y defender el modelo público - crédito Gustavo Petro/X
El expresidente Gustavo Petro cuestionó la propuesta de incluir intermediarios privados y religiosos en la educación pública, y convocó a estudiantes, docentes y familias a organizarse y defender el modelo público - crédito Gustavo Petro/X

Debate sobre el alcance y los riesgos del proyecto

El documento publicado por el Ministerio de Educación redefine las condiciones para la contratación de la prestación del servicio educativo, ampliando la participación de privados y la posibilidad de alianzas con confesiones religiosas en la administración y provisión de la educación oficial.

Para Fecode, eso institucionaliza la presencia de operadores privados y confesionales, lo que “implicaría una privatización gradual y un aumento en la precarización laboral”, además de entrar en conflicto con principios constitucionales de universalidad, gratuidad, carrera docente y laicidad estatal.

La integrante del Comité Ejecutivo de Fecode, Martha Alfonso Bernal, advirtió que el nuevo decreto amplía las causales de contratación, incorpora la jornada única como causal, flexibiliza la evaluación de insuficiencia y elimina trabas para la prórroga de contratos, lo que facilitaría la continuidad de operadores privados y la reducción de la planta docente oficial.

También alertó sobre la ampliación de la figura de apoyo a la gestión y la flexibilización del plan anual de contratación, lo que permitiría la entrada de más oferentes privados y fundaciones empresariales, con modelos laborales totalmente privados y excluyentes de derechos laborales para los maestros.

La dirigente de Fecode Martha Alfonso Bernal sostuvo que la reforma facilitaría la continuidad de operadores privados y la precarización laboral - crédito Fecode/X

Bernal subrayó que, aunque la norma previa establece que la contratación privada solo procede cuando hay insuficiencia comprobada de la oferta pública, el nuevo proyecto flexibiliza los criterios y reduce la obligación de retorno de los contratos a la administración oficial, especialmente en situaciones de desastre o emergencia.

“No podemos permitir que se abra esta agenda y que nos arrasen y privaticen la educación”, expresó Fecode, que reclamó mayor diálogo y presencia institucional en las regiones afectadas por emergencias y en las comunidades educativas.

El proyecto de decreto permanece en consulta hasta el 26 de agosto, periodo en el que podrán presentarse observaciones ciudadanas sobre los cambios propuestos. Quienes deseen consultar el documento completo pueden acceder al Sistema Único de Consulta Pública (Sucop); o haciendo clic aquí.

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