Daniel Rojas arremetió contra decreto de la ministra Viviane Morales sobre la administración de colegios públicos: “Precarización pura”

Un proyecto de decreto emitido por el Ministerio de Educación Nacional, liderado por Viviane Morales, desató un duro enfrentamiento en el sector educativo tras recibir severas críticas del exministro de esta misma cartera Daniel Rojas Medellín.

La propuesta busca modificar el Decreto 1075 de 2015 para reglamentar la contratación y administración de colegios públicos por parte de terceros; busca diferenciar entre reemplazar al Estado en la prestación educativa y permitir que un privado administre un colegio oficial bajo control público. Pero, según el exfuncionario, la medida vulnera la ley actual y afecta gravemente las condiciones laborales del magisterio.

El exministro Daniel Rojas lanzó una advertencia sobre las implicaciones del proyecto para los docentes, y en su cuenta en la red social X escribió: “Los profesores dejan de ser empleados públicos con estabilidad y derechos. Pasan a ser empleados de una empresa privada. Sin carrera, sin garantías. Enseñan en colegio público, con plata pública, pero con los derechos de un trabajador de tienda. Precarización pura”.

Cuestionamientos de Daniel Rojas a la legalidad del decreto

El exministro sostiene que el texto normativo evade los límites fijados en la Ley 715 de 2001, la cual condiciona la contratación privada a la falta comprobada de cupos en el sistema estatal.

Según el exfuncionario, el borrador crea una figura jurídica inexistente para saltarse la obligación de demostrar dicha falta de capacidad, además de ampliar el tiempo de estas concesiones hasta por 12 años y permitir la intervención de congregaciones religiosas con fondos públicos.

Rojas argumentó que el mecanismo debilita los controles de la cartera educativa al no exigir reportes previos sobre la cobertura ni exigir los mismos requisitos que se le piden a la red oficial.

“Exijo al Gobierno nacional retirar de manera inmediata el proyecto de decreto que conocimos a través de los medios de comunicación, en el que se permite la intermediación de intereses privados con los recursos de la educación en Colombia. Y esta exigencia la hago porque este decreto es abiertamente ilegal, es inconstitucional”, sostuvo el exministro.

Impacto en los recursos e infraestructura

De acuerdo con la versión del exjefe de la cartera, la normativa afectará también las inversiones en la infraestructura pública al desviar recursos del Sistema General de Participaciones hacia la oferta privada.

Para el exfuncionario, la justificación de que los colegios públicos carecen de la capacidad física para implementar la jornada única servirá como argumento para entregar el presupuesto a terceros en lugar de reparar las plantas físicas estatales.

“Un colegio público de verdad. Donde el Estado responde por la calidad. Donde los profesores tienen derechos. Donde la educación no tiene dueño privado. Pierdes la garantía de que la educación de tu hijo es un derecho, no un servicio contratado”, señaló Rojas en su hilo de publicaciones en X.

El alcance del proyecto ministerial para el sector educativo

El punto central del debate gira en torno a las condiciones en las que los municipios y departamentos pueden entregar la gestión de los establecimientos educativos a privados o comunidades religiosas.

El borrador publicado por la cartera educativa busca establecer una diferencia formal entre reemplazar la prestación del servicio estatal y contratar un apoyo para la administración del colegio, manteniendo la titularidad pública del establecimiento.

Por su parte, la ministra de Educación defendió el borrador señalando que la iniciativa otorga herramientas a las entidades territoriales sin desprenderse del control del Estado.

“La modificación que se propone introduce precisiones jurídicas al modelo de los colegios en administración. Se trata de dar claridad a las entidades territoriales certificadas con herramientas para fortalecer la gestión de sus establecimientos educativos oficiales, permitiéndoles apoyarse en entidades con experiencia e idoneidad”, explicó la funcionaria.

La jefa de la cartera de Educación insistió en que esta medida no representa la venta de los activos del sector público ni la pérdida de la gratuidad para las familias.

“Bajo este esquema, los establecimientos continúan siendo oficiales, la matrícula permanece en la oferta oficial y la entidad territorial conserva la dirección, responsabilidad, control y vigilancia sobre el servicio”, señaló la alta funcionaria en un video.

Morales agregó a su explicación que: “Es decir, la entidad pública sigue prestando el servicio con el apoyo para su administración de un tercero. De ninguna manera se trata de privatizar la educación”.