La activista, creadora de contenido y estudiante de Derecho e Historia Jerome Sanabria cuestionó los montos fijados en el sistema de protección para la vejez promovido por el Gobierno nacional, y habló de promover un nuevo modelo.
Su pronunciamiento se dio luego de que la Corte Constitucional avalara la mayor parte de la Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional, mediante una votación de 7 a 1, el 25 de agosto de 2026, es decir, al mantener viva la iniciativa del pasado mandato de Gustavo Petro.
La opositora rechazó el esquema de devolución de saldos y rentas que establece la norma para las personas que no logran completar la totalidad de las semanas requeridas para jubilarse. Además, defendió la libertad de los afiliados para administrar sus fondos acumulados en lugar de recibir pagos mensuales de bajo valor.
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Reacción de Jerome Sanabria al sistema de renta vitalicia
A través de su cuenta en la red social X, la activista fijó su postura frente a las opciones financieras que ofrece el texto aprobado para los ciudadanos en edad de retiro.
“Que no vengan los defensores de la reforma de Petro a decirme que es mejor que un afiliado reciba una chichigua vitalicia a que pueda disponer libremente de SU AHORRO”, se lee en el post de la activista.
Además, escribió: “El papá de Andrés compró un apartamento que le renta mucho más que la chichigua de Petro. Dx a la propiedad!!! (sic)”.
Junto a su mensaje, la estudiante compartió una tabla informativa sobre las sumas mensuales que recibirían los afiliados según las semanas aportadas cuando el ingreso base corresponde a un salario mínimo legal vigente.
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Según los datos difundidos, una mujer con 300 semanas (cinco años y medio aproximadamente) cotizadas obtendría $84.322 pesos mensuales y un hombre $82.956 pesos, mientras que al alcanzar 999 semanas los montos subirían a $280.792 pesos para mujeres y $276.244 pesos para hombres.
El caso particular que motivó el debate
Las declaraciones de Jerome respondieron al testimonio público brindado por un usuario identificado como Andrés, que detalló la experiencia de su padre al no lograr la pensión por falta de semanas cotizadas.
De acuerdo con el relato, en 2017 la familia recibió $160 millones de pesos por la devolución de los aportes acumulados en un fondo privado.
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Con esos recursos, la familia adquirió un inmueble de 30 metros cuadrados en la ciudad de Bogotá para destinarlo al alquiler por plataformas digitales. El propietario afirmó que el apartamento genera en la actualidad ingresos netos de $2 millones mensuales y que su valor comercial ascendió a cerca de $300 millones.
El ciudadano explicó que registra 500 semanas cotizadas con aportes iniciales por $24 millones que han generado rendimientos hasta sumar $82 millones. Andrés manifestó su rechazo al modelo administrado por Colpensiones y señaló que prefiere construir su propio patrimonio mediante inversiones directas.
El fallo de la Corte Constitucional y los artículos pendientes
La Corte Constitucional descartó que los vicios de procedimiento presentados durante el trámite legislativo justificaran tumbar la totalidad de la Ley 2381 de 2024. No obstante, el alto tribunal detectó fallas en nueve disposiciones específicas del texto y ordenó a la Cámara de Representantes volver a discutirlas y votarlas.
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La corporación legislativa dispuso de un plazo de 30 días hábiles para subsanar los trámites señalados y remitir nuevamente las actas para la revisión final de los magistrados.
Y es que la controversia sobre el trámite de la ley se remonta al 2025, cuando el Tribunal Constitucional identificó que la Cámara de Representantes adoptó el texto del Senado sin garantizar una discusión suficiente entre los congresistas.
En lugar de anular la ley en su totalidad, el juez constitucional otorgó la oportunidad de corregir el procedimiento en los puntos observados.
La aplicación integral del nuevo esquema pensional quedó programada para el 1 de abril de 2027, fecha sujeta a la subsanación de los artículos en el Congreso. Entre tanto, la Ley 100 de 1993 se mantiene como el marco normativo vigente para el sistema de seguridad social en el país.
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