La violencia contra quienes ejercen liderazgos comunitarios mantiene una presencia constante en varias regiones de Colombia. El balance de la Defensoría del Pueblo, con corte al 31 de julio, registra 90 asesinatos de líderes y lideresas sociales durante los primeros siete meses del año, además de 77 masacres que dejaron 300 personas muertas.
Del total de homicidios de liderazgos sociales, 71 corresponden a hombres y 19 a mujeres. Son personas vinculadas a la defensa de sus comunidades y territorios, especialmente en zonas que históricamente enfrentan hechos de violencia y presencia de actores armados.
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El reporte presentado por la entidad incluye otro dato que mantiene la preocupación por la seguridad de quienes participaron en el proceso de paz: cinco firmantes del Acuerdo de Paz fueron asesinados entre enero y julio.
Con este caso adicional, el registro de la Defensoría evidencia que los riesgos para quienes dejaron las armas y regresaron a la vida civil continúan. La cifra de masacres también aumentó frente al balance anterior. Hasta el 30 de junio, la entidad había documentado 68 hechos de este tipo, con 272 víctimas. Un mes después, el acumulado llegó a 77 masacres y 300 personas asesinadas.
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El comportamiento de julio explica parte de ese incremento. Durante ese mes se contabilizaron 12 nuevos homicidios de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, junto con nueve masacres adicionales y 28 víctimas más por estos hechos. Para la Defensoría, estos registros muestran que la violencia contra las comunidades mantuvo su intensidad durante el séptimo mes del año.
La situación de los firmantes del Acuerdo de Paz también presentó una variación. Hasta junio, la Defensoría había reportado cuatro asesinatos de excombatientes en Caquetá, Cauca y Huila. Con el nuevo balance, el número ascendió a cinco casos entre enero y julio.
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Los datos fueron presentados por la Defensoría bajo la dirección de Iris Marín, quien reiteró que la consolidación de la paz no puede entenderse únicamente como un objetivo político. Para el organismo, se trata de un mandato establecido en la Constitución y de una condición necesaria para garantizar los derechos humanos en Colombia.
La entidad insiste durante el año en la necesidad de prestar atención a la persistencia de los ataques contra liderazgos sociales. Los reportes periódicos muestran que el problema continúa afectando a personas que desarrollan labores comunitarias y defienden intereses colectivos en distintos territorios.
El balance de julio, además, permite comparar la evolución de las cifras en un periodo corto. Al cierre de junio, la Defensoría registró 78 asesinatos de líderes, lideresas, defensores y defensoras: 61 hombres y 17 mujeres. En un solo mes, el número aumentó en 12 casos hasta llegar a 90.
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En el caso de los firmantes del Acuerdo de Paz, el nuevo homicidio se suma a una preocupación que permanece casi una década después de la firma del pacto. La persistencia de estos crímenes mantiene abierta la discusión sobre las garantías de seguridad para quienes abandonaron las armas y emprendieron su retorno a la vida civil.
La Defensoría advirtió en balances anteriores que estos hechos se concentran en territorios donde existe una fuerte presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas. En esas zonas, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes enfrentan mayores riesgos cuando defienden sus territorios y desarrollan labores de liderazgo.
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Con el acumulado conocido hasta el 31 de julio, el organismo vuelve a poner la atención sobre la protección de estas comunidades y de quienes ejercen liderazgos en ellas. El llamado de la entidad apunta a que la construcción de paz debe traducirse en condiciones que permitan ejercer esos derechos sin que la defensa del territorio o el trabajo comunitario implique exponerse a la violencia.
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