Estos son los ministros más ricos del gobierno de Abelardo de la Espriella: reportaron un patrimonio conjunto de $28.577 millones

La publicación de las declaraciones de renta de los 18 ministros que conforman el gabinete del presidente Abelardo de la Espriella reveló un panorama detallado sobre el patrimonio y las obligaciones financieras de los altos funcionarios del Gobierno.

Los documentos, correspondientes al año gravable 2024 —con excepción del ministro de Vivienda, cuya declaración es de 2025—, se encuentran disponibles en el portal de Función Pública en cumplimiento de la Ley 2013 de 2019, que exige transparencia en la gestión y permite a la ciudadanía acceder a la información patrimonial y tributaria de quienes ocupan cargos relevantes en el Estado.

Según los datos divulgados, el patrimonio líquido conjunto de los ministros asciende a $28.577 millones, mientras que las deudas totales suman $6.426 millones.

En promedio, cada integrante del gabinete reporta activos netos por $1.587 millones, aunque la diferencia entre los montos individuales resulta significativa.

El análisis de las declaraciones evidencia que los mayores patrimonios corresponden a Iván Cancino, ministro de Justicia, con $5.160 millones, y Miguel Gómez, titular de Hacienda, con $4.145 millones. Ambos superan ampliamente el promedio del gabinete y encabezan el listado de funcionarios con mayor riqueza neta.

El tercer lugar lo ocupa María Nohemí Arboleda, ministra de Minas y Energía, quien reporta un patrimonio de $3.383 millones. Le siguen la ministra de Educación, Viviane Morales ($2.873 millones), la ministra de Salud, Ana María Vesga ($2.303 millones), la ministra de Transporte, Elsa Noguera ($2.130 millones), la ministra de Cultura, Paola Holguín ($1.972 millones), y el ministro de Vivienda, Jaime Beltrán ($1.208 millones).

En la franja media del ranking aparecen Omar Nicolás Bula (Relaciones Exteriores) con $946,4 millones, Alexandra Falla (TIC) con $840,7 millones, Fabio Arjona (Ambiente) con $798 millones, Jorge Eduardo Mora (Defensa) con $662,6 millones, Claudia Benavides (Ciencias) con $644,5 millones, y Mauricio Gómez Amín (Comercio) con $553,5 millones.

Por debajo del promedio, Indalecio Dangond (Agricultura) registra $316,2 millones, Natalia López (Trabajo) $307,5 millones, Juliana Gutiérrez (Deporte) $173,8 millones, y Rodrigo Lara (Interior) $155,8 millones, siendo este último el funcionario con el menor patrimonio líquido del gabinete.

El análisis realizado por Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight, citado por Asuntos Legales, sugiere que los patrimonios declarados mantienen correspondencia con las trayectorias profesionales y empresariales de los ministros antes de asumir sus cargos públicos.

“La mayoría proviene del sector privado y no tenía experiencia previa en la administración pública”, apuntó Cuervo tras revisar los documentos. Esta tendencia se refleja en la composición del gabinete, donde predominan perfiles con antecedentes en la gestión empresarial y en actividades económicas independientes.

Por otro lado, la ministra de Salud, Ana María Vesga, registra la mayor deuda, con $1.793 millones. Le sigue el ministro del Interior, Rodrigo Lara, con $1.146 millones, y el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, con $795,4 millones. En el cuarto lugar se ubica la ministra de Trabajo, Natalia López, con $732,6 millones en obligaciones financieras.

En el grupo de quienes reportan obligaciones más bajas aparecen Fabio Arjona (Ambiente) con $13,1 millones, Jaime Beltrán (Vivienda) $11,5 millones, María Nohemí Arboleda (Minas y Energía) $6,4 millones, y Mauricio Gómez Amín (Comercio) $5 millones. Por su parte, Miguel Gómez Martínez (Hacienda) y Omar Nicolás Bula (Relaciones Exteriores) declararon carecer de deudas.

El director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Mauricio Salazar, destacó el valor de la Ley 2013 de 2019 para el control social y la transparencia en la función pública.

“La obligación de publicar las declaraciones de renta permite a la sociedad vigilar posibles incrementos patrimoniales injustificados durante el ejercicio del cargo”, explicó Salazar, quien añadió que, si bien la medida no es suficiente por sí sola para prevenir la corrupción, representa un avance relevante en materia de rendición de cuentas.

La legislación vigente fue diseñada para fortalecer la confianza ciudadana y prevenir conflictos de interés entre funcionarios y el Estado. La publicación periódica de la información patrimonial y tributaria busca facilitar el monitoreo social e institucional sobre la evolución de los bienes y deudas de los altos cargos.