Abelardo de la Espriella anunció operativos y deportaciones de migrantes irregulares: estas serían las implicaciones, según reconocido centro de pensamiento

La decisión del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de ordenar operativos y deportaciones de migrantes irregulares del territorio nacional, anunciada el lunes 24 de agosto de 2026 desde Barranquilla (Atlántico), sería el inicio de un nuevo capítulo en la política migratoria colombiana.

El jefe de Estado ha insistido a las autoridades a actuar contra quienes no cuenten con documentación en regla. “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, expresó De la Espriella, que buscaría con esa directriz “proteger al ciudadano de a pie y devolverle a Colombia la seguridad y la tranquilidad con hechos contundentes”.

Frente al particular, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes reaccionó a este anuncio con una síntesis de evidencias internacionales y nacionales sobre la relación entre migración y criminalidad.

El centro, a través de sus redes sociales, expresó que, tras tres décadas de estudios, la asociación entre migración y delito es negativa y “muy débil”. Esta fue una afirmación soportada en investigaciones publicadas entre 1994 y 2014 que relacionó el centro en su hilo en las plataformas digitales.

El impacto real de la migración en la criminalidad

En su análisis, el Cesed destacó que la evidencia internacional, como la recopilada por teóricos como Graham Ousey y Charis Kubrin en 2018, desmontó el vínculo sostenido entre migración y aumento de delitos. E

En el caso del Reino Unido, un estudio de los economistas Brian Bell, Francesco Fasani y Stephen Machin, señaló además que la llegada de solicitantes de asilo solo elevó levemente los delitos contra la propiedad, mientras que la migración asociada a la ampliación de la Unión Europea incluso los redujo. El acceso al mercado laboral fue el factor diferenciador.

En Italia, de acuerdo con el centro de pensamiento, la migración mostró un efecto causal solo en los robos, pero sobre la tasa total de delitos, la diferencia se diluye. Además, los procesos de regularización han demostrado reducir la reincidencia en un 50 %, como lo documentaron los economistas Giovanni Mastrobuoni y Paolo Pinotti, que lograron legalizar su situación, la proporción de delitos pasó de 1,1 % a 0,5 %, según cifras de Pinotti.

El Cesed relacionó cómo, en el caso nacional, el Permiso Especial de Permanencia (PEP) creado bajo la administración de Iván Duque Márquez, permitió regularizar a cerca de medio millón de venezolanos. El resultado fue un aumento del consumo en 48%, incremento de los ingresos laborales en 22% y mejoras significativas en salud, de acuerdo con el análisis de la investigadora Ana María Ibáñez y colaboradores.

Además, el costo fiscal de un hogar migrante regularizado resultó menor que el de uno en condición irregular.

¿Deportar migrantes reduce el delito?

El centro de pensamiento planteó, entonces, una pregunta central: ¿las deportaciones masivas impactan realmente en la criminalidad? Y citó el programa estadounidense Secure Communities, que autorizó la revisión masiva del estatus migratorio de personas arrestadas, con alrededor de 250.000 detenciones; sin embargo, el efecto observable sobre la tasa de criminalidad fue nulo, según el estudio de los juristas Thomas J. Miles y Adam B. Cox.

En la frontera entre Colombia y Venezuela, la reapertura de 2016 se asoció con un aumento de homicidios. No obstante, la mayoría de las víctimas fueron venezolanos, en una proporción muy superior a su peso poblacional, de acuerdo con la investigación de Brian G. Knight y la colombiana Ana María Tribín-Uribe.

En Chile, por su parte, el Cesed expuso cómo la triplicación de la población extranjera en menos de una década no alteró las tasas delictivas, aunque sí generó un aumento perceptible del miedo al delito y del gasto en seguridad de los hogares, como documentó el economista y profesor Nicolás Ajzenman y su equipo.

Regularización migratoria y gasto público

En ese orden de ideas, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes sostuvo que los operativos centrados en la expulsión de irregulares no han demostrado eficacia para disminuir los delitos; y, por el contrario, la regularización ha mostrado efectos positivos y un menor costo fiscal para el Estado.

“Operativos en contra de los migrantes no reducen el delito. Regularizar sí, y además cuesta mucho menos”, concluyó, al hacer mención a una investigación reciente de Michael Weintraub y Juan Sebastián Franco Mora, investigadores del centro.

En su análisis, la experiencia internacional sugeriría que los beneficios de integrar a los migrantes al mercado laboral y a los sistemas de protección social superan ampliamente las medidas de represión y deportación.

La evidencia revisada por el Cesed indica que la regularización disminuye la reincidencia y favorece la inclusión social, mientras que la deportación masiva no genera resultados tangibles en materia de seguridad pública.

En síntesis, la política de deportaciones masivas impulsada por el presidente De La Espriella parecería no tener respaldo en los estudios académicos sobre el vínculo entre migración y criminalidad. Los datos recopilados por el Cesed y citados por sus directivos indican que “la regularización migratoria es más eficaz y menos costosa que la deportación”, y que el impacto de la migración sobre el delito es marginal, cuando no inexistente.