Una funcionaria del proceso de transición de poder en Colombia salió este domingo a respaldar públicamente el Libro de la Verdad, el documento de 82 casos de presuntas irregularidades que el gobierno de Abelardo de la Espriella entregó a los órganos de control el pasado 18 de agosto.
Se trata de Lorena Angarita, quien se identifica como funcionaria que se encargó de haber liderado el área de TIC y Comunicaciones dentro del equipo de empalme anticorrupción, además de líder de las Tigresas de la Patria. Lo hizo en un trino dirigido al vicepresidente José Manuel Restrepo, coordinador general del proceso.
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El testimonio desde adentro del empalme
El Libro de la Verdad es un documento de 135 páginas elaborado por 1.256 voluntarios y expertos que revisaron 22 sectores del Estado durante la transición entre el gobierno de Gustavo Petro y el de De la Espriella.
El resultado fue entregado a la fiscal general Luz Adriana Camargo, al procurador Gregorio Eljach y al contralor Carlos Rodríguez, quienes deberán determinar si los hallazgos ameritan investigaciones formales.
Angarita describió un proceso de semanas en el que equipos multisectoriales revisaron documentos, solicitaron soportes y contrastaron información. “El proceso se fortaleció con talleres de la Contraloría y el acompañamiento de expertos forenses”, escribió.
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La funcionaria precisó que el propósito fue triple: entender qué Estado recibían, identificar lo que requería atención prioritaria y dejar constancia de lo que no podía pasarse por alto.
Lo que dice Angarita sobre el significado del proceso
En su publicación, Angarita fue más allá del relato técnico y le atribuyó al ejercicio un valor político de fondo. Según ella, el empalme anticorrupción representa “una nueva forma de iniciar un Gobierno: con rigor, transparencia y conocimiento pleno de lo que se recibe para poder corregir y gobernar mejor”.
La afirmación coincide con el argumento central del vicepresidente Restrepo, quien al presentar el documento ante la Fiscalía señaló que los hallazgos no describen hechos aislados, sino “nueve comportamientos que se repiten” en distintas dependencias del Estado.
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¿Quién es Lorena Angarita?
El perfil de Angarita genera preguntas más allá de su rol en el empalme. Está vinculada a Red Intercable y a una cuenta en X denominada Alianza Nacional de Medios locales, alternativos e independientes (@MediosAlianza).
El medio El Expediente documentó que esa cuenta amplificó de forma reiterada mensajes del gobierno Petro entre 2023 y 2025 —incluyendo ruedas de prensa del entonces ministro TIC Mauricio Lizcano y alocuciones presidenciales— antes de mostrar afinidad con el gobierno entrante.
Su rol declarado como líder de TIC y Comunicaciones en el empalme no aparece confirmado en documentos oficiales adicionales más allá de su propia publicación.
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Sobre el ‘Libro de la Verdad’
El presidente colombiano Abelardo De La Espriella entregó el 18 de agosto de 2026, en el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, el denominado Libro de la Verdad —también llamado Libro Blanco— a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría. El acto tuvo lugar en el búnker de la Fiscalía.
El documento, de 135 páginas, fue elaborado bajo la coordinación del vicepresidente José Manuel Restrepo durante el proceso de transición entre las elecciones del 21 de junio y la posesión del nuevo gobierno el 7 de agosto.
Reúne presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la administración de Gustavo Petro: desfinanciación de entidades, nóminas paralelas y casos de corrupción.
“Pongo formalmente en sus manos el Libro Blanco, con la esperanza de que ustedes harán lo que en derecho corresponde”, afirmó De La Espriella ante la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón. El mandatario fue explícito en los límites de su rol: “No me corresponde declarar la responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal de persona alguna”, y añadió que el libro busca que “ningún hecho que haya lesionado los intereses de la Patria quede oculto”. Petro respondió que el documento no contiene pruebas forenses, sino “23 hechos que son políticas públicas” y que “no son delito”.
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