Corte Constitucional negó irregularidades en el reparto de expedientes como aseguró un medio de comunicación: “El proceso es susceptible de auditoría”

La Corte Constitucional negó por medio de un comunicado cualquier indicio de irregularidades en el reparto de expedientes y sostuvo que el sistema que asigna los casos dentro de la corporación funciona con reglas automatizadas, incorpora un componente aleatorio y puede ser auditado, en respuesta a señalamientos publicados por la revista Semana el 20 de agosto de 2026.

La explicación técnica del tribunal se concentró en un punto central: el sistema conserva el resultado de cada asignación y permite verificar el código, la configuración, los controles de acceso y los datos usados en cada reparto.

Al mismo tiempo, no guarda el procesamiento interno paso a paso ni permite reproducir exactamente un resultado en una nueva ejecución, porque el mecanismo incluye aleatoriedad.

Según la Corte Constitucional, esa herramienta tecnológica está parametrizada con base en reglas definidas previamente en la normativa aplicable. Su función, añadió la corporación en un comunicado, es ejecutar esas reglas de manera uniforme, sin que un operador pueda decidir de forma discrecional qué expediente termina en determinado despacho.

“El sistema de reparto es una herramienta tecnológica automatizada, parametrizada conforme a las reglas previamente definidas en la normativa aplicable”, se lee en el documento.

La corporación respondió de forma directa a la información publicada por Semana, titulada Crece la sospecha por reparto de expedientes en la Corte Constitucional: magistrado cercano al petrismo, bajo la lupa. Frente a ese contenido, negó “cualquier tipo de afirmación o indicio” que relacione a la institución, a uno de sus magistrados o a su jefe de sistemas con posibles anomalías en la distribución interna de procesos.

En su versión, el sistema examina antes de cada asignación varias condiciones: participación, impedimentos, exclusiones, cargas históricas y otras variables definidas por las reglas vigentes. Esa revisión previa, indicó el tribunal, impide que la asignación dependa de una decisión individual del operador.

En el comunicado también se explicó que el reparto incluye un componente aleatorio para desordenar y distribuir tanto los expedientes como los despachos participantes. Con ese mecanismo, la corporación busca evitar que el orden de ingreso o de procesamiento determine por sí solo el resultado final.

“Desde el punto de vista técnico, el proceso es susceptible de auditoría y verificación mediante el código, la configuración, los controles de acceso, los datos utilizados y los resultados almacenados de cada reparto”, se explica en el documento.

El alto tribunal afirmó que la distribución persigue un criterio de equidad entre despachos. Para ello, dijo, el sistema toma en cuenta reglas especiales aplicables al presidente y al vicepresidente del tribunal, además de impedimentos, exclusiones temporales, déficits o excedentes de repartos anteriores y ajustes destinados a conservar un equilibrio histórico.

Esa es la razón por la que, según la Corte, un reparto individual no debería examinarse de manera aislada. La validez de una asignación, sostuvo la corporación, solo puede evaluarse a la luz del conjunto de condiciones activas en el momento en que el sistema ejecutó el reparto.

Desde el punto de vista técnico, la verificación no consiste en repetir exactamente la misma operación para obtener idéntico desenlace. El alto tribunal señaló que, por el componente aleatorio, la comprobación debe establecer si las reglas definidas fueron aplicadas correctamente y si el resultado registrado corresponde a una ejecución válida del sistema.

El pronunciamiento oficial se conoció mientras persisten preguntas por las coincidencias públicas observadas en la llegada de casos al despacho del magistrado Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de Gustavo Petro en la Presidencia. Así mismo, también deja abierta la discusión sobre si esas alertas serán investigadas a fondo dentro de la propia corporación.

Esto plantea la publicación cuestionada por la Corte Constitucional sobre el reparto de expedientes

Según lo publicado por Semana, en la Corte Constitucional, al parecer, crecen las sospechas por un posible reparto irregular de expedientes, después de que el magistrado Vladímir Fernández, exsecretario jurídico de Gustavo Petro, recibiera por sorteo varios casos vinculados al petrismo; la inquietud ya derivó en una solicitud verbal para que se investigue el funcionamiento del sistema que asigna procesos a los despachos.

Según el medio, las alertas no surgieron por un solo expediente, sino por una secuencia que comenzó en abril del año pasado y se repitió en los meses siguientes. El punto bajo observación es el mecanismo con el que ese alto tribunal define qué magistrado actúa como ponente en cada caso.

El primer episodio mencionado por la publicación fue la tutela que interpuso el presidente Gustavo Petro contra el Consejo Nacional Electoral. Ese proceso quedó en manos de Fernández y la Corte concluyó que el CNE no podía investigarlo, por lo que el trámite contra el jefe de Estado quedó en suspenso.

Meses después, el mismo sistema asignó al magistrado otra tutela vinculada a una figura cercana al Gobierno: la que presentó el exsenador Alexander López contra la sentencia del Consejo de Estado que lo dejó por fuera del Congreso. El fallo de la Corte Constitucional le devolvió la curul al también exdirector de Planeación de Petro.

Así mismo, la secuencia referenciada por Semana volvió a repetirse hace pocos días, cuando a Fernández le correspondió otro proceso relacionado con una persona cercana al petrismo. Se trató de la tutela presentada por Lina Castillo contra la Fiscalía, después de denunciar a Hollman Morris, exgerente de Rtvc, por presunto acoso sexual.

Ese encadenamiento de casos alimentó la sospecha central sobre por qué expedientes relacionados con el anterior Gobierno terminaron en el despacho del mismo magistrado. De acuerdo con la revista, varias fuentes dentro de la Corte le confirmaron que en los últimos meses había crecido un fuerte indicio sobre una posible irregularidad en ese sistema de asignación.

La publicación informó que, por esa situación, hubo una solicitud verbal dirigida a la Corte para que se investigara el motivo por el cual los procesos relacionados con el anterior Gobierno llegan al despacho de Fernández. La petición también incluyó una verificación sobre la labor de Isaac Sáenz, jefe de sistemas del tribunal.

El medio señaló que Sáenz es oriundo de Neiva, la misma ciudad de la que proviene el magistrado. Lo que se pidió revisar, según la publicación, es la forma en que opera el programa de reparto dentro de la Corte Constitucional.