Conductor de taxi agredió a un agente de tránsito mientras le ponía un comparendo en Bogotá: la Secretaría de Movilidad se pronunció

Un taxista con movilidad reducida arrolló a un agente de tránsito en Bogotá, después de recibir un comparendo por mal parqueo en la avenida El Dorado. El hecho, ocurrido la noche del jueves 20 de agosto, generó controversia tanto por el proceder de las autoridades como por la agresión física, que la Secretaría de Movilidad anunció que llevará ante las instancias judiciales.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los funcionarios adelantaban labores de recuperación del espacio público cuando el conductor, tras una discusión, realizó una maniobra que derribó la motocicleta institucional y luego aceleró, provocando una lesión en la pierna derecha del agente.

Las grabaciones del incidente muestran que el conductor alegó dificultades para bajarse del vehículo debido a su condición de discapacidad. “Yo no me puedo bajar. En un restaurante no me atienden. Uso silla de discapacidad”, dijo durante la discusión. También afirmó: “Dos meses hospitalizado. Me amputaron el pie”.

El taxista se negó a firmar el comparendo y elevó el tono de sus reclamos, insistiendo en que lo sancionaban “porque me paré a almorzar” y cuestionando el retiro de sus documentos. Posteriormente, el mismo conductor reconoció en video que embistió al agente: “Ahí lo arrollé por malhablado. Sí lo arrollé, porque sí lo arrollé y vuelvo y los arrollo”.

Además, el conductor señaló que uno de los agentes lo había “provocado” y mencionó una referencia política: “Sí, soy del Pacto, ¿y cuál es el problema? ¿Le van a meter política a esta mierda?”. En otro momento, intentó justificar su ubicación por una supuesta falla mecánica: “No le digo que estoy en un taller. No le digo que vengo varado”.

El principal reclamo del conductor fue que no consideraron su situación personal: “¿Es delito comerme una empanada por el hambre, por la necesidad? ¿Quién me la va a alcanzar si uso silla?”.

Respuesta de la Secretaría de Movilidad

La Secretaría de Movilidad anunció acciones jurídicas por la agresiónLa Secretaría Distrital de Movilidad rechazó “categóricamente” la agresión física contra el agente civil de tránsito y sostuvo que sus funcionarios actuaban en cumplimiento de labores de control y bajo los procedimientos establecidos.

La dependencia indicó que tiene la obligación de hacer cumplir las normas del Código Nacional de Tránsito y remarcó que ningún desacuerdo frente a un procedimiento justifica “agresiones, amenazas o vías de hecho” contra servidores públicos. La entidad informó que adelantará las acciones jurídicas correspondientes y pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes para que se investiguen responsabilidades.

También expresó su solidaridad con el agente lesionado.El comunicado oficial añadió que el taxi estaba mal estacionado y que el conductor había parado “en un lugar prohibido” a comer en la avenida El Dorado, donde se desarrollaba el operativo de recuperación del espacio público.

El incidente evidencia la complejidad de los procedimientos de control en el espacio público, especialmente cuando confluyen factores como la movilidad reducida de un conductor y la exigencia de cumplir las normas de tránsito. La reacción del taxista, así como sus argumentos sobre su condición de discapacidad, abren un debate sobre la capacidad de las autoridades para adaptar sus protocolos a situaciones particulares sin perder de vista la seguridad y el respeto por la ley.

La reacción institucional subraya el compromiso de la administración con la integridad de sus agentes y la observancia de la normativa vigente. El anuncio de acciones jurídicas busca marcar un precedente frente a conductas agresivas y enfatizar que el desacuerdo con un procedimiento no habilita el uso de la violencia.

Este caso pone de relieve la necesidad de fortalecer los canales de diálogo y conciliación en la vía pública, así como de revisar los mecanismos de atención a ciudadanos con condiciones especiales, para evitar que los conflictos deriven en situaciones de riesgo tanto para los ciudadanos como para los servidores públicos.