Heráclito Landinez cuestionó la ley de sometimiento de Abelardo de La Espriella por rebajas de penas y beneficios judiciales

El representante a la Cámara Heráclito Landinez, del Pacto Histórico, cuestionó la ley de sometimiento que el Gobierno de Abelardo de La Espriella presentará ante el Congreso de la República, debido a las rebajas de penas, los beneficios penitenciarios y las condiciones previstas para quienes se acojan al mecanismo.

En una entrevista con El Tiempo, el congresista señaló que la iniciativa contempla una reducción del 50% de las condenas y un descuento adicional del 20% para quienes trabajen o estudien. También manifestó reparos sobre la posibilidad de que los condenados cumplan sus penas en colonias agrícolas u otros establecimientos carcelarios.

Landinez cuestionó las rebajas de penas del proyecto

Uno de los principales cuestionamientos del representante está relacionado con las diferencias entre las propuestas planteadas durante la campaña y las medidas incluidas en el proyecto de sometimiento.

Según explicó al diario, durante la campaña se había defendido la idea de no conceder rebajas de penas ni beneficios a las personas condenadas. Sin embargo, afirmó que la iniciativa contempla descuentos que podrían reducir considerablemente el tiempo de cumplimiento de las sentencias.

El proyecto, de acuerdo con lo expuesto por el congresista, establece una rebaja del 50% de las penas, además de un descuento adicional del 20% por realizar actividades laborales o estudiar.

Landinez también se refirió a la posibilidad de cumplir las condenas en colonias agrícolas o en establecimientos penitenciarios diferentes de las cárceles convencionales. Estos beneficios forman parte de los aspectos que, a su juicio, deben examinarse durante la discusión legislativa.

La negociación con grupos armados también está en debate

El representante señaló que la iniciativa utiliza la expresión “actor armado” para referirse a personas que podrían acudir a un proceso de negociación o sometimiento con el Gobierno. Según su interpretación, el término implica reconocer la existencia de un conflicto armado y la aplicación de los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra.

No obstante, cuestionó que el proyecto también relacione las categorías de actor armado y terrorista, una distinción que considera relevante frente a las medidas que el Ejecutivo propone en materia de seguridad.

Durante la entrevista, Landinez defendió la necesidad de mantener abierta la posibilidad de una salida negociada al conflicto armado colombiano, pese a las críticas a los resultados de la política de paz total.

“A mediano o largo plazo, este país tiene que apostarle a una salida negociada al conflicto armado”, afirmó el congresista al medio.

Landinez mencionó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las disidencias de las Farc al referirse a las organizaciones armadas que, según señaló, mantienen la confrontación como una alternativa. También sostuvo que Colombia, con más de 70 años de conflicto, debe conservar la posibilidad de buscar soluciones negociadas.

En ese sentido, planteó que el debate consiste en establecer si la política del Gobierno estará orientada exclusivamente al sometimiento de los grupos armados o si también permitirá avanzar en procesos de negociación.

Los reparos al Estatuto Antiterrorista del Gobierno

Landinez también cuestionó el Estatuto Antiterrorista que el Ejecutivo presentará ante el Congreso. Uno de sus principales reparos es que el proyecto, según explicó, otorgaría al consejero de Seguridad Nacional la competencia para elaborar listas de personas y organizaciones consideradas terroristas.

El representante sostuvo que esa función corresponde a la Rama Judicial y cuestionó que una entidad administrativa del Gobierno pueda asumirla.

Además, manifestó preocupación por la posibilidad de que las personas y organizaciones incluidas en listas expedidas en Estados Unidos o Europa sean consideradas automáticamente terroristas en Colombia.

Como ejemplo, mencionó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, conocida en Colombia por la lista Clinton, en la que figuran personas y organizaciones vinculadas con el narcotráfico, según explicó el congresista.

De acuerdo con Landinez, el proyecto podría extender esa clasificación a personas que tengan vínculos con individuos incluidos en dichas listas y a las organizaciones a las que pertenezcan.

La advertencia sobre el Pacto Histórico

El congresista también advirtió sobre las posibles implicaciones de esa disposición para las organizaciones políticas. En particular, mencionó al Pacto Histórico y señaló que, según su interpretación del proyecto, la iniciativa podría permitir decisiones con efectos sobre sectores de oposición.

Landinez cuestionó que la clasificación de personas y organizaciones como terroristas pueda depender de una decisión administrativa del Gobierno y sostuvo que ese mecanismo podría utilizarse contra adversarios políticos.

La discusión de la ley de sometimiento y del Estatuto Antiterrorista comenzará en el Congreso de la República, según la información publicada por el medio. Los proyectos deberán ser examinados durante su trámite legislativo.