
El Fondo Milagro tendrá como prioridades la reconstrucción de viviendas, la recuperación de los servicios básicos y la infraestructura de salud y educación en los municipios afectados por el terremoto del 10 de agosto. Sin embargo, antes de avanzar con la ejecución de las obras, la junta directiva deberá aprobar los instrumentos que regulan su funcionamiento y estudiar el Plan de Acción Específico (PAE), elaborado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
De acuerdo con información publicada por El Tiempo, el Gobierno anunció la disponibilidad inicial de un billón de pesos para atender la emergencia. No obstante, el gerente del fondo, Jaime Andrés Uribe Tamayo, explicó ante la Comisión Intercameral para la Reconstrucción que 366.000 millones de pesos fueron trasladados a la UNGRD para financiar las primeras atenciones, entre ellas las soluciones de arriendo temporal.
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Los 624.000 millones de pesos restantes, provenientes de un préstamo del Banco Mundial, ingresarán al fondo administrado por Fiducóldex para financiar las acciones de reconstrucción. Los criterios para distribuir estos recursos y seleccionar las intervenciones están pendientes de definición.
Vivienda, saneamiento básico, salud y educación, entre las prioridades
Según explicó Uribe Tamayo ante el Congreso, las primeras intervenciones estarán dirigidas a las viviendas afectadas y a las soluciones habitacionales. El funcionario señaló que algunas personas están regresando a estructuras que no cuentan con condiciones mínimas de habitabilidad.
Por esa razón, una vez se apruebe el Plan de Acción Específico, se prevé avanzar con un plan de demoliciones, sustentado en los informes de los territorios y en los diagnósticos que realice el fondo. Esta medida hace parte de la primera etapa de la reconstrucción, denominada por el gerente como una acción para salvar vidas.
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Después de las intervenciones en vivienda, la hoja de ruta contempla la recuperación de la infraestructura de saneamiento básico, las instituciones de salud y los establecimientos educativos. Sobre este último punto, Uribe Tamayo manifestó la necesidad de que los estudiantes puedan regresar a las clases presenciales.
El presidente Abelardo de la Espriella también mencionó los acueductos y las vías entre los sectores que recibirán atención. Durante su alocución del fin de semana, el mandatario afirmó que, desde el miércoles 7 de octubre, el Fondo Milagro comenzó a disponer de recursos para atender viviendas, colegios, centros de salud, acueductos y carreteras.
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La reactivación económica también estará entre los criterios
La selección de proyectos deberá considerar, además, las necesidades económicas de las regiones afectadas. Uribe Tamayo mencionó el caso de Pereira, donde existe preocupación por la disminución del consumo de energía durante dos meses, situación que, según explicó, refleja una reducción de la actividad comercial.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también señaló la necesidad de recuperar las condiciones económicas de las familias, especialmente en el sector rural.
De acuerdo con las cifras entregadas por la mandataria al diario, el 40% de los hogares productores rurales está afectado, mientras que el 58,6 % enfrenta dificultades para comercializar sus productos debido a los daños en las vías. Toro advirtió que estas afectaciones comprometen el sustento de las familias y la soberanía alimentaria.
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Qué falta para ejecutar los recursos del Fondo Milagro
El 5 de octubre se firmó un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Hacienda y Fiducóldex por 2.983 millones de pesos. Diez días después se realizó la primera reunión de la junta directiva para establecer las reglas básicas de funcionamiento.
De acuerdo con lo expuesto por el gerente ante el Congreso, el siguiente paso consiste en aprobar el manual operativo, el manual de contratación y el reglamento del consejo. Posteriormente, la junta deberá estudiar el Plan de Acción Específico (PAE), documento elaborado por la UNGRD que reúne las principales intervenciones previstas para atender la emergencia en el ámbito nacional.
El subdirector de la Unidad, Hernán Darío Díaz, explicó que para construir esta hoja de ruta se tuvieron en cuenta los planes de acción de los municipios y departamentos afectados. A partir de ellos se analizaron los impactos, los proyectos y las necesidades de los territorios para elaborar una propuesta nacional.
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El plan fue presentado ante el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, donde recibió una votación favorable durante la semana anterior a la sesión en el Congreso.
La aprobación del PAE por parte de la junta directiva permitirá avanzar en la organización de las intervenciones. No obstante, Uribe Tamayo señaló que todavía deben establecerse los criterios para determinar qué proyectos tendrán prioridad.
Gobernadores piden concentrar los esfuerzos en las viviendas
Las autoridades regionales consultadas por el medio ya mencionado coincidieron en que la reconstrucción de las viviendas afectadas o destruidas debe ocupar un lugar prioritario. Aunque destacaron las ayudas de la UNGRD para el pago de arriendos temporales, insistieron en la necesidad de avanzar con soluciones habitacionales.
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El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, señaló que en su departamento hay afectaciones en viviendas urbanas y rurales, centros educativos e instituciones hospitalarias.
El mandatario también indicó que Caldas y otras zonas afectadas han realizado las primeras contrataciones con recursos propios, provenientes del Fonpet, Fomag y el Sistema General de Participaciones (SGP), mientras esperan la participación del Gobierno nacional en la financiación de la reconstrucción.
Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca reiteró que la recuperación económica debe acompañar las inversiones en vivienda y educación, debido a las afectaciones que enfrentan las familias productoras y las dificultades de comercialización derivadas de los daños viales.
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Transparencia por Colombia reporta 763 contratos para atender la emergencia
La contratación relacionada con la reconstrucción también ha sido objeto de seguimiento por parte de Transparencia por Colombia. Según la organización, se han comprometido más de 201.800 millones de pesos para recuperar las zonas afectadas, con una participación mayoritaria de recursos aportados por gobiernos locales y departamentales.
En total, alcaldías y gobernaciones han celebrado 763 contratos relacionados con la emergencia. La mayoría se ha tramitado mediante la figura de urgencia manifiesta, que permite recurrir a la contratación directa bajo las condiciones legales previstas para estas situaciones.
En cuanto al Gobierno nacional, la organización identificó la contratación relacionada con la fiducia y cuatro contratos de prestación de servicios: dos del Ministerio de Educación y dos del Ministerio de Vivienda. La entidad aclaró que estos corresponden a los contratos que ha podido identificar en el Secop I y II bajo esas categorías, por lo que el registro no permite afirmar que no existan otros procesos contractuales vinculados con la reconstrucción.
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El director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, llamó la atención sobre la participación del Ejecutivo nacional en la contratación identificada y señaló la necesidad de que el Fondo Milagro establezca criterios para asignar los recursos.
Por su parte, la representante a la Cámara Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, cuestionó el tiempo que ha tomado la puesta en marcha del fondo y advirtió que, hasta el jueves de la semana de la sesión en el Congreso, no se habían aprobado los manuales operativo y de contratación.
La definición de estas reglas, junto con la aprobación del Plan de Acción Específico, será el siguiente paso administrativo para determinar cómo se ejecutarán los recursos destinados a la reconstrucción de los municipios afectados por el terremoto del 10 de agosto.
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