Revelan videos de falsos damnificados del terremoto en el parque Olaya Herrera de Pereira

Diez días después del sismo de 7,4 que golpeó Pereira, la ciudad enfrenta una doble urgencia: atender a miles de afectados y ordenar la entrega de ayudas en medio de denuncias por presunto acaparamiento y alertas sobre posibles falsos damnificados, mientras las autoridades todavía no logran consolidar un censo oficial.

El panorama humano y material sigue siendo crítico. El balance más reciente reporta 100 fallecidos, más de 157 desaparecidos, 253 heridos, 66 inmuebles destruidos por completo, daños en más de 100 instituciones educativas y la proyección de demoler más de 200 edificaciones con afectaciones graves.

Según el personero de Pereira, Leonardo Fabio Reales Chacón, advirtió que la emergencia superó la capacidad de respuesta del municipio y reclamó una presencia más efectiva del Gobierno Nacional.

“Atender a la comunidad en medio de una circunstancia como esta es muy complejo. Las instituciones, por muy organizadas que estén, difícilmente están preparadas para atender situaciones de esta magnitud”, dijo el funcionario el diario regional El Colombiano.

Reales señaló que, de manera tentativa, la ciudad podría tener casi 40.000 personas o familias afectadas por el terremoto. Esa estimación parte de los daños concentrados en el centro, la comuna universitaria de la zona occidental y sectores densamente poblados como Providencia y Cuba.

El censo sigue abierto y la verificación se concentra en los albergues

La respuesta inmediata de las autoridades se apoya en un registro aún incipiente. El personero aclaró que Pereira no tiene por ahora una cifra consolidada de damnificados porque la recolección de información apenas comienza.

El proceso se concentra en dos puntos: un centro de censo en el parque El Lago y otro reactivado en el parque Olaya Herrera. Ese último lugar se convirtió en uno de los principales focos de vigilancia porque allí permanecen unas 1.500 personas afectadas por la tragedia.

La administración municipal, junto con la Procuraduría, la Defensoría y la Personería, coordina la identificación de los damnificados para evitar que personas ajenas al desastre accedan a las ayudas. El objetivo, según el funcionario, es que el registro de emergencia sea riguroso y que la verificación cuente con el apoyo de líderes comunitarios reconocibles.

El personero sostuvo que no existen hasta el momento casos oficiales comprobados de “colados”. “Casos oficiales que se conozcan, no. Lo que existe son mensajes que han circulado en medios de comunicación y redes sociales”, afirmó.

Aun así, la preocupación no desapareció. La alarma por personas que aseguran ser damnificadas sin haber sido afectadas por el sismo fue transmitida directamente por refugiados instalados en el parque Olaya Herrera, uno de los lugares donde las autoridades ven mayor riesgo de pérdida o desvío de apoyos.

Las denuncias apuntan al control de ayudas en el parque Olaya Herrera

La publicación regional conoció denuncias sobre restricciones en la distribución de apoyos dentro del parque Olaya, habilitado como albergue. Una fuente que habló bajo reserva describió divisiones entre grupos que participan en la atención a los damnificados.

De acuerdo con ese testimonio, algunos jóvenes que intervenían en la organización de ayudas habrían tomado control de ciertos espacios y rechazado propuestas de coordinación con otros voluntarios. La misma versión señala que una red de apoyo consiguió carpas prestadas por una empresa privada para organizar las entregas, pero el ofrecimiento de trabajo conjunto fue descartado.

La fuente también relató que, en otra jornada, llegó un camión con mercados y otros elementos de ayuda. Funcionarias de la Alcaldía intentaron colaborar en la organización de la entrega, pero, según la denuncia, fueron apartadas del lugar de forma grosera.

El mismo testimonio incluyó un episodio con integrantes del Ejército, quienes habrían llegado para ofrecer apoyo y luego fueron obligados a retirarse tras ser señalados de “paramilitares”. “Eran carpas divididas de la Alcaldía y unas carpas que están ahí controladas por esos muchachos. Ellos decían a quién le entregaban el almuerzo y a quién le entregaban la comida y nadie más”, aseguró la fuente citada por el diario.

Las denuncias sostienen que, cuando funcionarios de la administración municipal trataban de intervenir para apoyar la atención, eran retirados de algunos de esos espacios. Ese escenario se sumó a la dificultad de distinguir a quienes realmente perdieron vivienda, bienes o redes de apoyo a causa del terremoto.