La suspensión de las 20 emisoras de paz de Radio Nacional de Colombia y de las emisoras descentralizadas dejó sin información local a más de 463.000 personas en zonas rurales, indígenas, afrodescendientes y campesinas de municipios golpeados por el conflicto armado, según denunciaron tres organizaciones que vigilan la libertad de prensa y el proceso de paz en el país.
De acuerdo con el comunicado de la FLIP, la orden llegó el 17 de agosto por mensaje de WhatsApp a los directores de las emisoras.
Un día antes, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) había anunciado el fin de lo que llamó “el aparato de propaganda en el Sistema de Medios Públicos de Colombia”, con un plan que contempla eliminar la franja noticiosa y de opinión en la radio y televisión pública y revisar contratos y convenios vigentes.
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Qué implica centralizar la emisión desde Bogotá
Desde el 18 de agosto y hasta nueva instrucción, Inravisión reemplazó la programación de esas emisoras con música emitida exclusivamente desde la capital. Las emisoras descentralizadas afectadas operan en Pasto, Manizales, Bucaramanga, San Andrés, Villavicencio, Quibdó, Barranquilla y Valledupar, entre otras ciudades, y producen noticias y contenidos sobre la actualidad de sus regiones desde 2014.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) rechazan la medida.
Las tres organizaciones advierten que, en estas regiones, la radio sigue siendo el medio de mayor alcance e importancia, y que una programación musical centralizada no cumple ninguna de las funciones que esas emisoras tienen asignadas por mandato legal.
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Las emisoras de paz, creadas por el Acuerdo de Paz
Las 20 emisoras de paz no nacieron de una decisión editorial de Radio Nacional. Fueron creadas en cumplimiento del numeral 6.5 del Acuerdo Final de Paz para operar en zonas especialmente afectadas por el conflicto, hacer pedagogía sobre lo pactado, informar sobre su implementación y promover la reconciliación y la convivencia.
El Acto Legislativo 02 de 2017 obliga a las autoridades del Estado a cumplir de buena fe lo dispuesto en ese acuerdo. Las organizaciones señalan que suspender su programación informativa viola esa obligación constitucional y desconoce el artículo 20 de la Constitución, que garantiza el derecho a informar y recibir información.
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El riesgo concreto para comunidades en zonas de conflicto
Las emisoras cubren municipios como Arauquita, Bojayá, Ituango, Mesetas, Tierralta, San José del Guaviare, Florida, Algeciras, San Jacinto, Fundación y Aracataca, todos ubicados en municipios PDET —Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial—, donde persisten dinámicas de violencia y presencia de actores armados.
En esos territorios, las emisoras de paz son para muchas comunidades la fuente principal —y en varios casos la única— de información local. Sin esa programación, las poblaciones no pueden enterarse de manera oportuna de enfrentamientos, desplazamientos, restricciones a la movilidad, emergencias o decisiones de las autoridades con incidencia directa sobre su seguridad.
El llamado de las organizaciones
La FLIP, la MOE y la AMARC argumentan que una revisión administrativa o editorial, aunque se anuncie como transitoria, puede adelantarse con alternativas menos restrictivas. Suspender de forma generalizada la programación informativa no resulta, según las tres organizaciones, idónea, necesaria ni proporcional para los fines que el Ministerio de las TIC declaró.
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El llamado conjunto va dirigido al Ministerio de las TIC, a las directivas de Inravisión y a Radio Nacional de Colombia: que restablezcan de manera inmediata la programación informativa y territorial, y que cualquier proceso de revisión preserve la vocación comunitaria de esas emisoras y el derecho de las poblaciones a recibir información plural, pertinente y oportuna.
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