La educación obligatoria en Colombia podría extenderse hasta los 17 años si el Congreso aprueba el Proyecto de Acto Legislativo, radicado el 19 de agosto de 2026 para modificar el artículo 67 de la Constitución e incluir de forma expresa los dos niveles de educación media dentro de esa garantía.
El proyecto “De preescolar a once” propone ampliar la escolaridad obligatoria hasta los 17 años e incorporar de manera expresa los grados 10° y 11° a la garantía estatal de educación obligatoria.
La iniciativa también busca que el Estado avance en el acceso universal en condiciones dignas y en la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo.
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La iniciativa es impulsada por congresistas de distintas corrientes políticas. Entre ellos figuran Hernán Cadavid senador por el Centro Democrático; Jennifer Pedraza senadora de Dignidad y Compromiso; y Gabriel Becerra representante a la Cámara por el Pacto Histórico.
Pedraza afirmó que en Colombia parece que el derecho a la educación termina cuando los adolescentes se gradúan de noveno. La senadora sostuvo que la propuesta busca cambiar esa situación y garantizar el acceso desde preescolar hasta la educación media.
La brecha de cobertura en los grados 10° y 11°
Solo cerca de la mitad de los adolescentes en edad de cursar educación media está matriculada en ese nivel, según el Observatorio de Realidades Educativas (ORE) de la Universidad Icesi. El punto más crítico aparece en la transición hacia 10° y 11°, cuando miles de jóvenes interrumpen sus trayectorias educativas.
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La reforma busca fortalecer la equidad en la educación, reducir la deserción escolar y ampliar las oportunidades de desarrollo personal, académico y laboral. También plantea que el Estado continúe con la garantía de asequibilidad, acceso, permanencia, aceptabilidad y calidad educativa.
“En Colombia pareciera que el derecho a la educación termina cuando los y las adolescentes se gradúan de noveno. Nuestro proyecto busca cambiar esa realidad que se vive en el país, garantizando un acceso desde la educación preescolar hasta la educación media, abriéndole las puertas del progreso a la juventud, lo que se traduce en mejoras para toda Colombia. Porque terminar el colegio debería ser un derecho, no un privilegio”, señaló Jennifer Pedraza, senadora del partido Dignidad y Compromiso.
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El impacto en las regiones con mayores rezagos
Las desigualdades regionales reflejan la magnitud del problema. Mientras algunas entidades locales registran coberturas cercanas al 80%, departamentos como Amazonas, Guainía y Vaupés presentan tasas considerablemente menores.
Esa situación afecta especialmente a jóvenes de zonas rurales y territorios con mayores brechas sociales y educativas. La propuesta busca aportar un marco constitucional que fortalezca la capacidad del Estado para garantizar condiciones más equitativas de acceso y permanencia en todo el país.
Becerra sostuvo que garantizar la educación obligatoria desde la primera infancia hasta los 17 años implica reconocer el derecho a la educación. También dijo que el Estado debe asegurar trayectorias educativas completas, en especial en zonas rurales y territorios históricamente excluidos.
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“Garantizar la educación obligatoria desde la primera infancia hasta los 17 años, es reconocer el derecho a la educación. Con esta reforma buscamos que desde la primera infancia la niñez no se vea obligada a abandonar el colegio por falta de oportunidades ni que la educación sea un privilegio determinado por el lugar donde se nace o los ingresos de la familia. El Estado debe garantizar trayectorias educativas completas, especialmente en las zonas rurales y en los territorios históricamente excluidos”, destacó Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico.
Apoyos políticos y alcance de la reforma
La iniciativa cuenta con el apoyo y acompañamiento de la Alianza para la Transformación de la Educación Media (ATEM). Esa red reúne a Fundación Sura, Instituto Natura, Fundación Corona, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Fundación Scarpetta Genneco y Fundación Corazón de Caña, y trabaja junto con 11 secretarías de educación del país en acciones de política pública para la educación media.
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ATEM considera que la discusión en el Congreso debe trascender el ámbito legislativo y promover una reflexión amplia sobre la responsabilidad colectiva de garantizar trayectorias educativas completas. También resalta la necesidad de posicionar la educación media como una prioridad en las agendas públicas nacionales y territoriales.
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