Polémica por decisión del Ministerio de Ambiente de Abelardo de la Espriella: revocó resolución del gobierno Petro que prohibía la minería en la quebrada La Baja de Santurbán

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció la revocatoria de la Resolución 0994, medida que había declarado una reserva de recursos naturales renovables en la microcuenca de la quebrada La Baja, ubicada por fuera de los límites del páramo de Santurbán.

La decisión, adoptada mediante la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026 y firmada por el ministro Fabio Arjona, deja sin efecto la protección establecida días antes por la anterior administración.

La resolución firmada por Arjona especifica: “Revocar directamente la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, ‘Por la cual se delimita y declara la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo ‘La Baja’, en un sector de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el Macizo de Santurbán, y se dictan otras disposiciones’”.

Con ello, queda sin vigencia la restricción a la minería en el área, que había sido dispuesta en los últimos días del gobierno de Gustavo Petro.

Motivos para la revocatoria: recusación y orden judicial

El Ministerio detalló que la medida responde principalmente a dos circunstancias: por un lado, una recusación contra la entonces ministra encargada, Irene Vélez, presentada el 4 de agosto, dos días antes de que firmara la resolución.

El documento oficial señala que, según la normativa vigente, toda actuación administrativa debe suspenderse una vez se radica una recusación, hasta que esta sea resuelta. Sin embargo, la actuación continuó y la resolución fue expedida pese a la suspensión legal.

Por otra parte, el fallo del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, emitido el 10 de agosto, amparó los derechos fundamentales de acceso a la información pública, participación y debido proceso administrativo. El juez ordenó que, si la resolución ya había sido expedida, debía dejarse sin efecto para reiniciar el procedimiento con garantías de consulta real a la ciudadanía.

La revocatoria responde así a la necesidad de corregir irregularidades procedimentales y dar cumplimiento a la orden judicial. El Ministerio remarcó que la decisión no constituye un pronunciamiento sobre la conveniencia o no de declarar la protección ambiental en el futuro, sino que regresó el proceso al punto en que la participación de las comunidades dejó de estar garantizada.

Nuevo proceso y garantías para la comunidad

La medida afecta la declaratoria sobre 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en jurisdicción del municipio de California, Santander. Allí, la anterior administración había delimitado una reserva con el argumento de proteger los recursos naturales y el sistema hídrico, restringiendo nuevas concesiones mineras, entre ellas proyectos de multinacionales como Aris Mining.

En respuesta a la decisión, el Ministerio subrayó que se inicia una nueva etapa: “Deberá realizarse una nueva evaluación jurídica, técnica, ambiental y procedimental, teniendo en cuenta las decisiones judiciales y las garantías de participación correspondientes”. El objetivo es que la protección del agua y la biodiversidad quede sustentada en criterios científicos y en el respeto a los derechos fundamentales.

En palabras del ministro Fabio Arjona: “Para los que se están preguntando qué pasó con Santurbán y para quienes cuentan verdades a medias: a un día de entregar el mandato, al gobierno anterior se le dio por hacer una delimitación ‘exprés’ de manera tan improvisada, que omitió resolver las recusaciones que se habían presentado contra la ex ministra Irene Vélez, además de que existía una tutela admitida y pendiente de resolver por vulneración al derecho a la participación. Un juez ordenó reiniciar el procedimiento por posibles vulneraciones de este derecho”.

Reacciones sociales y futuro ambiental de Santurbán

El Comité en Defensa de Santurbán expresó su rechazo a la medida a través de X: “No pasó ni un mes y el Gobierno de Abelardo De La Espriella empezó a desmontar las medidas que protegen Santurbán. Mientras el país enfrenta la emergencia por el terremoto, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, aprovechó para tumbar la primera resolución que prohíbe el proyecto Soto Norte de la multinacional minera Aris Mining en Santurbán”.

Las organizaciones sociales han anunciado que interpondrán acciones jurídicas y preparan movilizaciones para defender el agua que abastece a más de dos millones de personas en Santander y Norte de Santander.

El Ministerio, por su parte, insistió en que “el agua y la biodiversidad se protegen con ciencia y el derecho a la participación de todos, no con decisiones de última hora para favorecer intereses políticos de unos pocos dejando de lado la imparcialidad y objetividad que demandan las decisiones ambientales”.