Pacto Histórico exigió un espacio en televisión para responder la alocución del presidente Abelardo de la Espriella: “Es una garantía constitucional de la oposición”

El expresidente de la República, Gustavo Petro, pidió el derecho de réplica tras la alocución presidencial de Abelardo de la Espriella del lunes 17 de agosto de 2026, con el argumento de que quiere exponer por televisión sus críticas a la atención de las víctimas del terremoto del 10 de agosto y plantear qué rumbo debería seguir el país frente a la emergencia.

La solicitud llegó después de una intervención de algo más de 19 minutos en la que el abogado reportó, con base en información de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), afectaciones en 450 municipios de 15 departamentos. El balance oficial presentado en ese espacio habló de 289 fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos, además de más de 120.328 familias afectadas.

Petro hizo pública su petición en redes sociales y sostuvo que busca usar los canales de televisión para cuestionar lo que considera una respuesta insuficiente. “He de pedir la réplica que ordena la ley”, señaló el exmandatario.

En su solicitud, añadió que pretende “hablar por todos los canales” para presentar sus argumentos sobre la gestión de la emergencia. También calificó de “absurdamente ineficaz” la ayuda entregada a las personas afectadas por el sismo.

El Pacto Histórico anunció en un comunicado que pidió a Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc) un espacio en televisión y radio para responder a la última alocución del presidente emitida, luego de que su Dirección Nacional aprobara ejercer el derecho de acceso a medios previsto para organizaciones declaradas en oposición.

En un comunicado fechado el 18 de agosto de 2026, el movimiento sostuvo que “la Dirección Nacional del Movimiento Político Pacto Histórico aprobó ejercer el derecho de acceso a medios de comunicación en alocución presidencial” y que solicitó “formalmente a RTVC garantizar el espacio correspondiente para controvertir la alocución presidencial”.

El pronunciamiento citó como sustento el artículo 112 de la Constitución Política, el artículo 15 de la Ley 1909 de 2018, conocida como Estatuto de la Oposición, y el artículo 14 de la Resolución 3134 de 2018 del Consejo Nacional Electoral (CNE), modificada por la Resolución 3941 de 2019.

Según el texto, la norma establece que las organizaciones políticas declaradas en oposición tienen garantizado “un espacio, dentro de las 48 horas siguientes, en los mismos medios, con igual tiempo y horario, para controvertir la posición del Gobierno Nacional”.

La colectividad izquierdista enfatizó el carácter obligatorio de ese acceso y afirmó: “Este derecho no es una concesión del Gobierno: es una garantía constitucional de la oposición, el pluralismo y la democracia. Exigimos su pleno y oportuno cumplimiento”.

El Pacto Histórico propuso puntos urgentes para la reconstrucción de Cali tras el terremoto

El terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026 provocó la muerte de 130 personas, dejó 94 desaparecidas, 1.485 heridas y causó el colapso de 15 edificios en el Valle del Cauca. Para atender a los damnificados, el Pacto Histórico solicitó a las autoridades la adopción inmediata de diversas medidas.

Se demanda un censo unificado que identifique a propietarios y arrendatarios de todos los inmuebles afectados, así como el giro urgente de subsidios de arrendamiento por al menos un año para las familias más perjudicadas, especialmente en las comunas más impactadas y para quienes han debido alojarse con familiares o amigos. También se solicita un inventario de predios desocupados disponibles para albergue temporal, ante la escasez y el aumento de los precios de alquiler en Cali.

Se proponen medidas tributarias como el congelamiento de arriendos, créditos, impuesto predial,el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), impuesto de vehículos y otras contribuciones para los damnificados. El pago de ayudas debe hacerse directamente a las cuentas bancarias de los afectados, en un plazo máximo hasta el 20 de agosto de 2026, evitando intermediarios. Para los pequeños empresarios y emprendedores que perdieron sus negocios, se solicita un subsidio a la nómina.

Se exige la creación de un comité de veeduría de los propios afectados para fiscalizar la entrega de ayudas y que se radiquen decretos de exenciones tributarias para viviendas y comercios dañados. Además, se requiere inspección técnica inmediata de las edificaciones para definir su estado, así como medidas para controlar la especulación inmobiliaria.

Se pide a EMCALI y al Gobierno nacional suspender el cobro de servicios públicos a los inmuebles afectados hasta diciembre de 2026 y presentar un plan para revisar la infraestructura de servicios tras el sismo. Finalmente, se exige transparencia y trazabilidad en la gestión y entrega de los recursos y ayudas, con cifras públicas y verificables.