La defensa del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, pidió que la investigación por los presuntos delitos de injuria y calumnia contra Gustavo Petro sea trasladada de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes a la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con Semana, la solicitud fue presentada por el abogado Mauricio Pava Lugo, quien representa al mandatario barranquillero, bajo el argumento de que Petro ya no ocupa la Presidencia de la República y, por lo tanto, no tendría el fuero que permitiría a la Comisión de Acusación continuar con el proceso.
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De acuerdo con la defensa, si la petición es aceptada, el expediente debería quedar en manos de la justicia ordinaria y eventualmente ser remitido a la Dirección Seccional de Fiscalías del Atlántico, en Barranquilla.
El origen de la denuncia
El enfrentamiento entre Char y Petro se produjo a finales de junio, en medio de la discusión por la situación de seguridad que atravesaba Barranquilla.
Durante ese puente festivo, las autoridades reportaron 21 homicidios en la ciudad, situación que generó cuestionamientos y un cruce de declaraciones entre el entonces presidente y el alcalde.
Char había responsabilizado al Gobierno nacional por parte de las dificultades de seguridad que enfrentaba la capital del Atlántico. Petro respondió a través de su cuenta de X y cuestionó directamente al mandatario local y a su familia.
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En esa publicación, el entonces jefe de Estado relacionó a la familia Char con un supuesto “banco paralelo”, además de señalarla de estar vinculada con presuntos mecanismos de lavado de activos, cobros violentos, compra de votos y estructuras criminales.
Las afirmaciones llevaron a Char a anunciar acciones legales contra Petro. El alcalde otorgó poder a Pava Lugo para presentar la denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, actuación que fue anunciada el 1 de julio de 2026.
Según informó Caracol Radio en ese momento, el mandatario barranquillero sostuvo que las declaraciones de Petro buscaban “sembrar caos en Barranquilla” y cuestionó las políticas de seguridad implementadas durante el anterior Gobierno.
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¿Qué dijo Petro sobre los Char?
En el mensaje que originó la denuncia, Petro afirmó que la inseguridad de Barranquilla estaba relacionada con supuestas actividades de bandas armadas que, según él, garantizaban el pago de créditos otorgados por un supuesto sistema financiero asociado con la familia Char.
El entonces presidente también aseguró que esos recursos estarían relacionados con presunto lavado de activos y sostuvo que las estructuras criminales ejercerían presión sobre los deudores mediante amenazas y extorsiones.
La publicación fue más allá y vinculó esas supuestas estructuras con la política electoral de la ciudad. Petro afirmó que las bandas comprarían votos y tendrían influencia sobre diferentes barrios mediante la extorsión.
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En otro aparte del mensaje, el mandatario pidió directamente a Char que “liquide su banco” y extendió esa exigencia a su familia, en referencia a las aspiraciones políticas que han rodeado al grupo familiar.
Petro también escribió que, para detener a los Char, tendrían que “apresarme o matarme”, y reiteró sus señalamientos sobre un supuesto esquema de lavado de activos.
Las declaraciones fueron consideradas por la defensa de Char como expresiones que podrían configurar los delitos de injuria y calumnia, razón por la cual se promovió la acción penal.
La discusión ahora es sobre quién debe investigar
El nuevo movimiento de la defensa no se concentra únicamente en el contenido de las declaraciones, sino en determinar cuál es la autoridad competente para continuar con el proceso.
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Pava Lugo sostiene que, al haber terminado el periodo presidencial de Petro, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara ya no tendría competencia sobre el exmandatario para estos hechos.
La defensa pretende, por ello, que la actuación sea remitida a la Fiscalía y que el caso continúe bajo las reglas de la justicia ordinaria.
La solicitud deberá ser analizada por las autoridades competentes antes de definir si el expediente permanece en la Cámara o cambia de jurisdicción.
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