La Fiscalía General de la Nación verifica el testimonio entregado por un menor de 17 años que podría aportar una nueva pista en la investigación por el magnicidio del senador y entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
El joven aseguró que Élder José Arteaga, alias Chipi, tenía entre sus contactos a una persona guardada como “Escolta del senador”, quien presuntamente le suministraba información sobre los movimientos del político.
La versión, revelada por El Tiempo, todavía es objeto de verificación. Los investigadores buscan establecer si el relato del adolescente tiene sustento y puede aportar nuevos elementos al expediente o si, por el contrario, pudo tratarse de un intento por desviar la investigación.
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El menor se presentó en julio de 2025 en el búnker de la Fiscalía y posteriormente huyó cuando permanecía bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
Actualmente se desconoce su paradero, pero durante su declaración alcanzó a entregar nombres y detalles sobre personas que, según afirmó, tenían algún tipo de relación con la estructura involucrada en el crimen.
La llamada al supuesto “Escolta del senador”
Uno de los elementos que ahora concentra la atención de los investigadores es la supuesta comunicación entre alias Chipi y el contacto que, según el adolescente, aparecía registrado en su teléfono como “Escolta del senador”.
El menor aseguró que hacía parte de un grupo de WhatsApp en el que se compartía información relacionada con Miguel Uribe Turbay. Según su declaración, en ese espacio circulaban ubicaciones, datos sobre la vivienda del entonces precandidato, información sobre una camioneta y posibles recorridos que realizaba.
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De acuerdo con el relato, parte de esa información habría sido suministrada por personas que tenían algún tipo de contacto con el senador. El adolescente incluso aseguró que se hablaba de posibles lugares por los que Uribe debía pasar y de alternativas para ejecutar el ataque.
La declaración también ubica una comunicación que habría ocurrido antes del atentado. El joven afirmó que, en mayo de 2025, se encontraba con alias Chipi en un taller de motos cuando este realizó una llamada por WhatsApp a la persona que tenía guardada como “Escolta Senador”.
Según el testimonio, la conversación duró menos de tres segundos. El interlocutor habría respondido únicamente: “Hay manifestaciones”.
La Fiscalía deberá establecer si esa llamada efectivamente ocurrió, quién era la persona detrás de ese número y si tenía alguna relación real con el esquema de seguridad de Miguel Uribe. También se busca determinar de dónde provenía la información sobre los movimientos del político y si el supuesto contacto tuvo algún papel dentro de la estructura que planeó el ataque.
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Por ahora, la declaración no constituye una prueba definitiva sobre la existencia de ese vínculo. Precisamente por eso, los investigadores adelantan las verificaciones correspondientes antes de determinar si esta información puede convertirse en una nueva línea dentro del proceso.
Condena de 21 años contra Harold Barragán
El pasado 14 de agosto de 2026, un juez penal especializado de Bogotá condenó a Harold Daniel Barragán Ovalle a 21 años y cuatro meses de prisión por su participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
La Fiscalía señaló que Barragán Ovalle intervino en la planeación del ataque mediante cuatro videollamadas, en las que se coordinaron acciones previas y posteriores al atentado, incluida la selección del lugar donde se ejecutaría.
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La sentencia lo declaró responsable de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Según el ente investigador, Barragán Ovalle habría elegido al adolescente que posteriormente disparó contra Miguel Uribe y también habría ayudado a Élder José Arteaga, alias Chipi, a permanecer oculto y evadir a las autoridades.
La Fiscalía sostuvo además que Barragán hacía parte de un grupo delincuencial dedicado, entre otras actividades, a homicidios selectivos y al tráfico de estupefacientes. Como parte de la condena, también deberá pagar una multa equivalente a 16.350 salarios mínimos mensuales legales vigentes para 2025.
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