Judicializan a seis miembros de ‘Los Dinos Duros’ por robos y abusos sexuales en la vía Cartagena-Barú

Las autoridades judiciales lograron una acción contundente contra el grupo delincuencial conocido como Los Dinos Duros, señalado de cometer robos violentos y agresiones sexuales en la vía que conecta Cartagena con la isla de Barú, en jurisdicción del departamento de Bolívar.

Según la información oficial suministrada por la Fiscalía General de la Nación, la investigación permitió evidenciar el modus operandi de esta organización, implicada en al menos dos hechos de gravedad ocurridos el 22 de febrero y el 3 de marzo de 2025, especialmente en el corregimiento de Pasacaballos.

Las pesquisas, adelantadas con el apoyo de la Dijín de la Policía Nacional, concluyeron que durante estos asaltos, ocho personas fueron interceptadas por los integrantes de la estructura criminal.

Las víctimas eran obligadas a detener sus vehículos y, mediante el uso de objetos contundentes, eran agredidas físicamente y forzadas a descender de los automotores. Posteriormente, las trasladaban a zonas boscosas cercanas, donde incrementaban la intimidación utilizando armas de fuego y armas blancas.

Una vez en estos lugares apartados, los delincuentes despojaban a las víctimas de sus pertenencias personales y exigían transferencias bancarias bajo amenazas.

El boletín de la Fiscalía detalla que tres mujeres, que se encontraban entre las personas asaltadas, sufrieron además agresiones sexuales: fueron sometidas a tocamientos y abusos violentos. Tras consumar los delitos, los miembros del grupo abandonaban a sus víctimas amordazadas y sin ropa en el lugar, buscando dificultar la denuncia y la rápida reacción de las autoridades.

El curso investigativo permitió identificar y judicializar a seis presuntos integrantes de Los Dinos Duros: Randy José Mendoza Romero (alias Guavino), José Rafael Gazabón Vitola (alias Rafa), Luis Edgardo Julio Ramírez (alias Pea), Olis Alberto de la Rosa Berrío, Jairo José Puello Correa (alias Pipeta) y César Novoa Bertel (alias Bogar). Contra ellos, una fiscal adscrita al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) presentó imputaciones por una serie de delitos considerados especialmente graves.

Los cargos formulados incluyen acceso carnal violento, actos sexuales violentos y hurto calificado, todos bajo agravantes legales, además de concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante las audiencias, los procesados no aceptaron los cargos presentados por la Fiscalía. Sin embargo, el juez de control de garantías que atendió el caso consideró la gravedad de los hechos y la evidencia aportada, por lo que dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario para todos los implicados.

El proceso judicial se inscribe en una estrategia más amplia de lucha contra la criminalidad en los corredores viales de acceso a Cartagena, una de las rutas turísticas más transitadas del Caribe colombiano y, por consiguiente, blanco de actividades delictivas de alto impacto.

La Fiscalía destacó la colaboración de la Dijín de la Policía Nacional en los trabajos de investigación y seguimiento, lo que permitió recolectar pruebas materiales que vinculan a los capturados con los hechos investigados.

Además de los delitos sexuales y robos, las autoridades indagan la posible relación del grupo con otras actividades delictivas en la región, debido al material probatorio y a los antecedentes penales de algunos de los procesados. El caso ha generado preocupación en la comunidad local y destaca la necesidad de fortalecer la seguridad y la protección a los viajeros y residentes de los corregimientos rurales de Cartagena y sus alrededores.

La Fiscalía General de la Nación reiteró su compromiso con la judicialización de estructuras criminales que afectan la integridad y seguridad de la ciudadanía.

Esta acción coordinada entre entidades judiciales y policiales es clave para prevenir la impunidad y garantizar justicia a las víctimas de este tipo de delitos.

Este resultado, logrado en agosto de 2026, representa un avance en el combate contra la impunidad en crímenes de violencia sexual y hurto agravado y plantea un mensaje de advertencia para las organizaciones delictivas que operan en las rutas de acceso a Cartagena.