Colombia es el cuarto país en el mundo en donde hay más riesgo de desastres naturales, según informe

Colombia ocupa el cuarto lugar mundial en riesgo de desastres naturales y encabeza América Latina, una posición que el informe WorldRiskReport asocia con una combinación de alta exposición a amenazas climáticas e hidrológicas y debilidades estructurales, sociales e institucionales que limitan la respuesta del Estado y de la sociedad.

El país registró un indicador de riesgo global de 39,26 y una vulnerabilidad de 48,86, por encima de México y Perú en la región. A escala mundial, solo fue superado por Filipinas, India e Indonesia.

Según el informe, elaborado por Bündnis Entwicklung Hilft y el Instituto para el Derecho Internacional de la Paz y el Derecho Internacional Humanitario, el resultado refleja una de las condiciones más desfavorables de América Latina para responder ante desastres naturales. El estudio evaluó la exposición del país, su vulnerabilidad y su susceptibilidad.

La categoría con peor resultado para Colombia fue la “falta de capacidades de afrontamiento”, con 50,87. Ese puntaje pesó en su ubicación dentro del índice y da cuenta de las limitaciones para enfrentar de manera directa los impactos de un desastre y de la escasez de recursos disponibles después de que ocurre.

El informe también identificó deficiencias estatales para controlar problemas derivados de una emergencia, entre ellos contener la violencia y el terrorismo, controlar la corrupción y mantener la estabilidad política. A eso se suman fallas del sistema de salud para atender crisis provocadas por un desastre.

La publicación señaló que la capacidad sanitaria es limitada en variables como la disponibilidad de médicos, camas hospitalarias y capital destinado al sector. Las crisis sociales del país también inciden en ese indicador, porque pueden desviar la atención de las consecuencias inmediatas de una catástrofe y dificultar respuestas equilibradas y adecuadas.

El dato más favorable para Colombia apareció en la categoría de “Exposición”, con 31,54. Aun así, ese resultado sigue ubicando al país en un nivel muy alto de exposición a impactos directos de fenómenos naturales como sismos, tsunamis e inundaciones.

Colombia resultó además como el país latinoamericano con mayor riesgo de inundación. Ese cálculo considera el número y la proporción de personas expuestas, así como la frecuencia e intensidad de amenazas naturales sobre el territorio.

Andrés García Suaza, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, explicó que las inundaciones pueden ser predecibles y que una de las inversiones más eficaces para Colombia es fortalecer los sistemas de predicción para mitigar daños y actuar con anticipación. “No se pueden repetir los mismos errores año tras año, esperando que el evento ocurra”, afirmó a La República.

Suaza planteó reforzar los sistemas de alerta temprana del Ideam, evacuar oportunamente a la población, impedir construcciones en zonas de alto riesgo mediante el ordenamiento territorial y restaurar páramos, humedales y bosques ribereños que actúan como infraestructura natural para contener crecientes.

También propuso instrumentos financieros para crear fondos de reserva y líneas de crédito que permitan responder a las emergencias sin improvisar impuestos que desestabilicen las finanzas públicas.

Sobre el costo de esa adaptación, Jairo Albeiro Osorio, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia, indicó, al mismo medio, que no existe una cifra precisa para Colombia.

Señaló, sin embargo, que la experiencia internacional muestra que los países con mayor vulnerabilidad climática destinan entre 1% y 2% del PIB anual a infraestructura resiliente, adaptación y gestión del riesgo, sobre todo cuando arrastran rezagos institucionales.

Osorio sostuvo que la mejor estrategia es una política de largo plazo que combine recursos públicos e inversión privada. Esa hoja de ruta debería priorizar infraestructura vial, drenaje urbano, redes de acueducto, hospitales, colegios, sistemas de alerta temprana y obras de mitigación en las zonas con mayor exposición y menor capacidad de respuesta.

Después de Colombia, el segundo lugar de América Latina lo ocupa México, con un puntaje de riesgo de 38,96. Sus indicadores más altos fueron “riesgo de exposición”, con 50,08, y “falta de capacidad de adaptación”, con 50,07.

En el tercer puesto aparece Perú, con un riesgo general de 25,81. En su caso sobresalen la “falta de capacidad de afrontamiento”, con 48,69, y la “falta de capacidad de adaptación”, con 46,83.

El cuarto lugar regional corresponde a Ecuador, con 24,14, impulsado por dos indicadores de 49,50 en “falta de capacidad de adaptación” y “falta de capacidad de afrontamiento”. El top cinco lo cierra Nicaragua, con 23,60, donde el valor más alto fue “falta de capacidad de adaptación”, con 52,26, seguido de “susceptibilidad”, con 35,86.

A nivel mundial, los 10 países con mayor riesgo de desastres son Filipinas, India, Indonesia, Colombia, México, Myanmar, Mozambique, Rusia, China y Pakistán. De acuerdo con el informe, esa clasificación surge de la combinación entre una elevada exposición geográfica a inundaciones, ciclones, terremotos y sequías agravadas por el cambio climático, y una vulnerabilidad estructural que debilita la respuesta y la adaptación.

El informe también plantea que el país debe revisar normas existentes, vacíos regulatorios y medidas que ya no resultan útiles.

Entre las acciones mencionadas figuran la actualización de las normas de sismorresistencia, la elaboración de microzonificación sísmica en ciudades y municipios, la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial y el fortalecimiento de la gestión del riesgo como política de Estado con respaldo presupuestal e institucional en las regiones.

Esa revisión incluye la infraestructura hospitalaria y educativa, que debería construirse o reforzarse según las condiciones que debe soportar. El caso de una parte del edificio del Hospital Universitario del Valle fue citado como señal de que ese tipo de estructuras no puede quedar sin atención técnica y presupuestal.

La necesidad de contar con un mapeo de zonas de riesgo, peligros latentes e intervenciones, obras o reubicaciones pendientes también aparece entre las prioridades señaladas en el texto. Ese diagnóstico serviría para definir proyectos dentro de un programa organizado y financiado con recursos presupuestales, crédito y cooperación internacional.