Difunden audios sobre un supuesto acuerdo entre el Gobierno Petro y criminales para intercambiar información reservada por bienes de la SAE

Una grabación de una reunión en la Dirección Nacional de Inteligencia del 18 de julio de 2025 muestra, según reveló Semana, un presunto canal de negociación entre funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro y dos jefes del Clan del Golfo, con ofrecimientos sobre bienes de la SAE a cambio de información sobre atentados y caletas, un esquema que el propio exdirector de la DNI Jorge Lemus admitió que no hacía parte de sus funciones.

Dos días después de ese encuentro, el 20 de julio, la fuente que se presentó como intermediaria dijo que se producirían entregas de armamento e información sensible. Entre los elementos mencionados en la conversación figuraban dos cilindros bomba, un mortero, un fusil R15 con 100 cartuchos, un dron adaptado para lanzar granadas y dos granadas, supuestamente vinculados a amenazas contra el presidente y la entonces vicepresidenta.

A la cita asistieron Manuel Antonio Castañeda, alias el Narcochofer; Gustavo Arias, entonces director de Contrainteligencia de la DNI; Jorge Lemus, que dirigía la agencia; y un analista que tomó notas. De acuerdo con la publicación, era la primera vez que Lemus hablaba directamente con Castañeda, un policía retirado con conexiones con estructuras mafiosas y fuente frecuente de unidades de inteligencia.

La oferta giró sobre bienes de la SAE y posibles alivios judiciales

Según el relato que Castañeda expuso en esa reunión, los capos alias Falcon y Fortuna estaban dispuestos a colaborar con información, pero exigían contraprestaciones. La principal, dijo, era que algunos bienes, o al menos uno, de la Sociedad de Activos Especiales quedaran en administración de un tercero de buena fe para ellos.

El intermediario sostuvo que esa gestión ya se había intentado con Augusto Rodríguez, entonces director de la Unidad Nacional de Protección. En la grabación, citada por Semana, afirmó que el funcionario le había pedido una primera prueba de buena fe y que, con datos entregados por esa vía, se realizó una incautación de armas en Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio.

Castañeda también aseguró que los beneficios discutidos no se limitaban a los activos de la SAE. Ante una pregunta de Lemus sobre el alcance de lo prometido, señaló que los dos hombres buscaban la suspensión de órdenes de captura, en especial las de Falcon y su núcleo familiar.

Falcon fue identificado como Juan José Valencia, capturado en mayo de 2021 en Llanogrande, Rionegro, Antioquia, por su papel dentro del Clan del Golfo. Según las investigaciones citadas en el texto fuente, controlaba rutas de narcotráfico desde Cartagena hacia Bélgica, Holanda, Guatemala y República Dominicana, y tuvo bajo su mando a más de 225 integrantes de la organización que comandó alias Otoniel.

Tras su detención, Estados Unidos pidió su extradición, Colombia la aprobó y allí fue condenado. Quedó en libertad a finales del año pasado, al parecer tras colaborar con la justicia de ese país, aunque aún tendría procesos pendientes en Colombia.

Fortuna fue identificado como Andrés Mauricio Vélez, al que la Policía considera un narco invisible. Cumplió cuatro años de prisión en Norteamérica y fue recapturado en Colombia en septiembre de 2025 por un expediente relacionado con lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, casi dos meses después de la reunión revelada.

Lemus admitió ofrecimientos, aunque negó que se hubieran concretado

En el audio, cuando Castañeda recordó que el Gobierno no había cumplido una promesa hecha tras el operativo en el Magdalena Medio, Lemus respondió: “No, no, pero yo me comprometo a que lo hacemos”. Más adelante, al indagar qué se había prometido, añadió: “No, no, no, porque yo puedo manejar las cosas con la misma SAE, tranquilo”.

Consultado por la revista, el exdirector de la DNI confirmó que sí se ofrecieron predios de la SAE al Narcochofer a cambio de información. “Esas citas siempre se dan y, obviamente, uno les ofrece, pero no es que les vaya a dar; es esperando a que ellos den información, porque lo que nos interesa es la información”, dijo.

Ante la pregunta de si ese tipo de ofrecimientos estaba dentro de sus funciones, Lemus reconoció que no. Explicó que se trataba de una práctica para acercar fuentes en asuntos de seguridad nacional y sostuvo que en este caso no habló con la SAE ni se materializó ninguna entrega.

El mismo Lemus dejó constancia de sus dudas sobre la fiabilidad de Castañeda. Después de la reunión, le dijo al analista de la DNI que debía tener cuidado ante posibles montajes y advirtió: “Yo a este muchacho lo he seguido bastante. Él habla de un alcance en la Policía que nunca tuvo. Yo con este muchacho me guardo sus reservas”.

Otros funcionarios aceptaron contactos, pero negaron un pacto

El nombre de Andrés Idárraga, exsecretario de Transparencia, surgió como intermediario para acceder al Gobierno. Castañeda indicó que, a través de Idárraga, contactó al general (r) Luis Emilio Cardozo, por entonces jefe del Ejército, y le entregó datos sobre supuestos atentados.

Cardozo confirmó que recibió al “Narcochofer” por esa vía, explicando que Idárraga lo alertó sobre un plan para atentar contra Petro en Magdalena y que, tras la reunión, remitió la información a un coronel de Fuerzas Especiales, resultando en el hallazgo de un fusil en Santa Marta.

Idárraga detalló que recibió el aviso de un posible ataque contra la caravana presidencial y que la fuente exigía el cambio del administrador de un predio de la SAE incautado a un criminal, lo que él transmitió al presidente Petro. El mandatario derivó el asunto a Angie Rodríguez y al general (r) Humberto Guatibonza, quienes acordaron recibir la información y dejar que la directora de la SAE evaluara el pedido sobre el predio, mientras el Ejército organizaba el operativo.

Augusto Rodríguez negó cualquier acuerdo con el “Narcochofer”, aunque reconoció haberse reunido con Castañeda para intentar frustrar un supuesto atentado contra Petro. Declaró que solo recibió la información, la comunicó al presidente para su verificación y, tras el hallazgo de armas, no tuvo más contacto con la fuente.

En esa conversación, Castañeda mencionó que en Medellín se entregarían armas “especiales” para un presunto atentado contra Francia Márquez. Aseguró que los criminales seguirían aportando información y recursos si se cumplía el pedido sobre el predio de la SAE.