
La citación de alias Lucas volvió a cruzarse en el expediente contra el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, esta vez por la masacre de El Aro. Jacinto Alberto Soto, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue llamado por la Fiscalía General de la Nación como testigo pese a que antes denunció presuntas presiones de un fiscal para declarar contra el exmandatario.
La fiscal Gloria Marcela Abadía citó a Soto como testigo dentro de las actuaciones por la masacre de El Aro y fijó su declaración para el martes 18 de agosto de 2026 en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá. La diligencia será presencial y forma parte del mismo proceso en el que quedó programada para el 4 de septiembre de 2026 la indagatoria de Uribe Vélez, que ya había sido aplazada en dos ocasiones.
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Soto fue incorporado al listado de testigos que la fiscal Abadía busca sumar al proceso contra el líder del Centro Democrático. La citación también alude a elementos de prueba que reposan en el expediente de las nuevas actuaciones por la masacre de El Aro, informó Semana.
En ese caso, el exintegrante del extinto grupo paramilitar aparece como un posible testigo sobre crímenes atribuidos a esa organización en Antioquia. La paradoja, según la revista, es que se trata de la misma persona que hace más de dos años denunció presiones de un fiscal para hablar contra el expresidente.
La citación reabre la controversia sobre las presuntas presiones

Jacinto Alberto Soto es el mismo exparamilitar que denunció al fiscal Álvaro León Polo, entonces fiscal 132 del grupo de compulsa de copias de la Dirección de Justicia Transicional. Según esa denuncia, le pidieron declarar contra Uribe Vélez a cambio de beneficios en procesos judiciales que arrastra desde hace más de 20 años.
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La denuncia publicada por el medio citado también advertía sobre su situación en prisión. “En múltiples ocasiones fue presionado para los fines antes descritos; de lo contrario, sería trasladado a un centro de reclusión en donde no se le ofrecerían las garantías de seguridad y de defensa...”, puntualiza el documento.
Ese texto añade que, al no aceptar esas exigencias, fue trasladado a la cárcel La Picota. Ahora, la propia Fiscalía lo convocó como testigo dentro del proceso contra el expresidente de la República.
Cómo se frenó la investigación contra el fiscal denunciado

A partir de la denuncia de alias Lucas se abrieron dos investigaciones. La fiscal Luz Samira Rodríguez, delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, recaudó pruebas, acumuló los procesos en un solo radicado y decidió citar a imputación de cargos a León Polo.
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Antes de esa diligencia, una resolución firmada por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, frenó las actuaciones. El texto citado por Semana señala que la resolución 0015, fechada el 23 de enero de 2026, alegó una supuesta duplicidad de actuaciones y mencionó quejas disciplinarias contra la fiscal que llevaba el caso.
“En paralelo, se observa que los hechos indagados por las fiscales 101 y 97 delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá, sin que ellas se percataran siquiera de su duplicidad, son de indudable complejidad y demandan concentración para ser atendidos prioritariamente”, indica la resolución.
La misma publicación señaló que Rodríguez respondió que esa duplicidad no existía porque ella misma había acumulado los expedientes en un solo radicado. También rechazó el otro argumento en una carta enviada al despacho de la fiscal general.
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“Contrario a la imagen que se pretende crear con información falsa, mi gestión ha sido transparente y diligente...”, escribió Rodríguez. Funcionarios del órgano acusador citados en el documento añadieron: “En ese orden de ideas, casi todos los fiscales se quedarían sin expedientes”.
El historial judicial de alias Lucas y su situación actual
El texto fuente describe a Jacinto Alberto Soto con dos perfiles dentro de la Fiscalía. Por un lado, fue rechazado en el proceso de sometimiento de la Ley de Justicia y Paz; por otro, aparece como testigo sobre crímenes de las AUC en Antioquia.
Alias Lucas fue capturado en 2021 y, según el órgano investigativo, tenía un papel clave en la organización criminal de los hermanos Carlos y Vicente Castaño. El artículo añade que no tiene condena en firme y que, cuando supera un proceso, aparece otro con una nueva medida de aseguramiento. También afirma que negarse a declarar contra Uribe Vélez le costó amenazas, traslados de cárcel y más procesos, por lo que su familia salió del país y busca asilo en Estados Unidos.
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La defensa de Soto sostiene que su cliente no es la cabeza de las AUC que algunos buscan atribuirle. En ese escenario, su eventual aporte al expediente dependerá de que la declaración se obtenga sin presiones ni condicionamientos.
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