La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) acreditó el cumplimiento de una de las condiciones establecidas para la licencia ambiental del proyecto Accesos Norte Fase II, una decisión que despeja un nuevo obstáculo para la ampliación de la autopista Norte de Bogotá, entre las calles 191 y 245.
La determinación fue adoptada el 14 de agosto de 2026 mediante la Resolución 002188, firmada por el director general de la entidad, Sergio Arturo Piñeros Botero.
El documento verificó que la concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S. cumplió la condición establecida en el literal b del numeral 6 del artículo tercero de la Resolución 29 del 7 de enero de 2026, mediante la cual se había otorgado la licencia ambiental para el proyecto.
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La decisión representa un avance para una obra que fue adjudicada en 2022 y que durante varios años permaneció sin iniciar debido, principalmente, a la falta de autorización ambiental.
Con la licencia otorgada en enero y la posterior verificación de las obligaciones exigidas, el proyecto cuenta ahora con un nuevo paso administrativo para avanzar hacia su ejecución.
Una intervención de $1,8 billones
El proyecto contempla una inversión cercana a los $1,8 billones y la intervención de aproximadamente 5,8 kilómetros de la autopista Norte. La ampliación busca transformar un corredor que actualmente cuenta con seis carriles para llevarlo a 12 carriles, además de incorporar un carril exclusivo para TransMilenio.
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La intervención se desarrollará en el tramo comprendido entre las calles 191 y 245, uno de los principales accesos de Bogotá y un punto que registra importantes niveles de congestión, especialmente durante las horas de mayor demanda.
De acuerdo con la información divulgada previamente sobre el proyecto, las obras también contemplan la construcción de puentes peatonales, retornos a desnivel, mejoras en la conexión con la carrera Séptima y diferentes adecuaciones urbanas y ambientales.
Durante la ejecución se prevé mantener tres carriles por sentido, con el propósito de garantizar la movilidad mientras avanzan los trabajos. Para ello, se deberán implementar planes de manejo del tránsito coordinados con las autoridades distritales.
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La protección ambiental, en el centro de la licencia
La autorización ambiental no significó una aprobación sin condiciones. La Anla estableció diferentes obligaciones relacionadas con la prevención de inundaciones, el manejo hidráulico, la protección de ecosistemas y el seguimiento permanente de los impactos que pueda generar la construcción.
Uno de los principales puntos está relacionado con los humedales Torca-Guaymaral, cuya protección deberá ser incorporada en el desarrollo del proyecto. La licencia exige aplicar criterios de infraestructura verde y garantizar medidas dirigidas a preservar la conectividad ecológica e hidráulica de la zona.
Otro de los componentes corresponde al manejo del riesgo de inundaciones. Dentro de las obras previstas se encuentra la ampliación de algunos box culvert, estructuras destinadas a facilitar el paso del agua por debajo de la infraestructura vial.
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En determinados puntos, las dimensiones pasarían de aproximadamente 2,8 por 2 metros a estructuras de hasta 10 por 4,4 metros.
Un proyecto que busca destrabar la movilidad del norte
La ampliación de la autopista Norte se ha convertido en uno de los proyectos de infraestructura vial más esperados de Bogotá y la Sabana debido a los problemas de congestión que afectan diariamente este corredor.
Aunque la iniciativa fue adjudicada en 2022, las discusiones ambientales y el proceso de licenciamiento retrasaron su ejecución. El debate se concentró especialmente en los posibles efectos de la obra sobre los humedales, los sistemas de drenaje y la estructura ecológica del norte de la capital.
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La licencia ambiental otorgada en enero de 2026 estableció precisamente obligaciones para reducir esos riesgos y ordenó a la concesionaria presentar planes de trabajo, reportes periódicos y medidas de prevención. El incumplimiento de las disposiciones puede derivar en actuaciones administrativas y eventuales sanciones.
Con la Resolución 002188, la Anla confirmó que una de esas condiciones fue atendida, lo que permite avanzar en el cumplimiento del conjunto de requisitos ambientales establecidos para el proyecto.
La decisión también fue comunicada a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, la CAR, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Alcaldía de Bogotá, el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Centro de Innovación La Baronesa, reconocido como tercero interviniente.
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El boletín también remitió al marco normativo de acceso de la prensa a cárceles del orden nacional, al señalar que la Dirección General expidió, mediante la Resolución No. 006349 del 19 de diciembre de 2016, el Reglamento General de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (Eron)
