El terremoto de 7,4, Colombia, emergencia, económica y reconstrucción reordenó en pocos días la agenda del nuevo presidente Abelardo de la Espriella. El sismo del lunes 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó hasta ahora una centena de muertos y al menos la misma cantidad de heridos, y obligó al Gobierno a declarar el estado de emergencia económica apenas tres días después de la posesión presidencial por el costo humano, logístico y fiscal de la catástrofe.
El impacto no se limita a la infraestructura destruida. Oxford Economics, firma global de asesoría e investigación económica, calcula un golpe directo de entre 0,2% y 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB), aunque mantiene su previsión de crecimiento anual de 3% para 2026 con la expectativa de que el gasto de reconstrucción compense la caída inicial de la demanda privada.
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Esa lectura convive con un deterioro inmediato de la conectividad. Hay cierres totales y parciales en corredores viales de Tolima, Quindío, Caldas y Valle del Cauca, con daños graves como la caída del puente Mariano Ospina en el corredor La Unión-La Victoria y el cierre total de las vías Pereira-Chinchiná y Cali-Loboguerrero.

El punto más sensible para el comercio exterior está en Buenaventura. El puerto, por donde transita más del 60% del café colombiano de exportación, sigue en una situación crítica: aunque se habilitó un paso controlado para vehículos livianos y de emergencia en el corredor Buga-Buenaventura, la operación exportadora continúa pausada.
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Gustavo Gómez, presidente de Asoexport, explicó a Valora Analitik que no existe un cronograma claro para la reapertura total. Eso pone en riesgo el despacho de 250.000 sacos de café por semana.
El comercio y los precios enfrentan un impacto inmediato

La interrupción de rutas clave amenaza con trasladarse a los precios. Munir Jalil, economista jefe para la región Andina en BTG Pactual, explicó al medio citado que los cierres de vías provocan un problema logístico y de distribución que “puede llevar a que los precios en un primer momento se incrementen”, sobre todo en productos importados y alimentos.
Jalil prevé que ese efecto aparezca en las mediciones de inflación de agosto y septiembre. Aun así, Oxford Economics sostiene su pronóstico de inflación de 6,2 % para el cierre de 2026 porque considera que la disrupción de oferta será acotada a escala macroeconómica.
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Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, coincide en que la presión sobre los alimentos sería temporal y localizada. Su advertencia apunta a otra dimensión del problema: “La reconstrucción de infraestructura pública y de viviendas debería generar un impulso al PIB, principalmente a través de la construcción”, pero ese repunte no compensa la pérdida de bienestar ni de vidas humanas.
La respuesta directa a la principal incógnita económica es que el sismo puede frenar la actividad en el corto plazo y, al mismo tiempo, empujarla después por el gasto de reconstrucción. El problema es que ese rebote llegaría sobre unas cuentas públicas ya tensionadas.
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La reconstrucción puede costar hasta $38 billones con un déficit cercano al 8% del PIB
El mayor desafío está en las finanzas del Estado. Mejía estimó que la reconstrucción podría costar entre el 1% y el 2% del PIB, es decir entre $19 billones y $38 billones, en un país que ya enfrentaba antes de la tragedia un déficit cercano al 8% del PIB.
Andrés Pardo, responsable de la estrategia macroeconómica para América Latina en XP Investments, en diálogo con Valora Analitik, recordó que tras el terremoto de 1999 los recursos de reconstrucción rondaron el 1% del PIB repartidos en tres años. También señaló que Colombia dispone de una línea de crédito del Banco Mundial por USD 450.000.000, equivalente al 0,1% del PIB, y otra del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 400.000.000, aunque las necesidades finales podrían superar ampliamente ese respaldo.
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Oxford Economics ya advertía antes del desastre un déficit fiscal de 7,1% del PIB para 2026. La firma sostiene que el gasto adicional agravará ese desequilibrio, mientras Mejía añadió que un Estado con menor margen fiscal también tiene “una menor capacidad para reaccionar”, lo que podría forzar una revisión de la promesa oficial de no subir impuestos.
Pese a esa restricción, el Gobierno nacional anunció una primera batería de medidas. Creó el Fondo Milagro para canalizar recursos a la recuperación de hospitales, escuelas y vías, y sumó subsidios de arriendo y alivios en servicios públicos para los damnificados.
La velocidad con que el Ejecutivo ejecute esos fondos será determinante para la recuperación. De esa capacidad dependerá si Colombia logra reparar su infraestructura y reactivar la economía sin agravar todavía más su frágil equilibrio fiscal.
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