Inpec dio orden de frenar pronunciamientos de sus funcionarios ante los medios de comunicación a menos de tener autorización

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) recordó este 14 de agosto de 2026 en Bogotá que la vocería oficial de la entidad recae en el director general y que ningún funcionario puede dar declaraciones a la prensa sin autorización previa, al citar la Circular No. 000035 de 2013.

“Los Directores Regionales y Directores de Establecimiento Carcelario, así como los funcionarios del Instituto no podrán convocar a rueda de prensa ni entregar declaraciones a los medios, sin previa coordinación con el nivel central.”

En el Boletín Interno No. 045, la entidad precisó que, en ausencia del director general, “la vocería será asumida por quien sea designado de acuerdo con las competencias establecidas para los Directores Regionales, directores o servidores designados”, siempre bajo la versión oficial y vigente de esa circular.

El Inpec indicó que su proceso de Comunicación Estratégica se rige por el Manual de Voceros Código PE-CE-M02, documento que “determina la vocería establecida y los lineamientos a seguir previa autorización del Director.”

En ese mismo lineamiento, el instituto destacó el alcance de la restricción: “Únicamente los voceros autorizados por el Director General del Instituto están facultados para emitir declaraciones y brindar información oficial a los medios de comunicación.”

El boletín también remitió al marco normativo de acceso de la prensa a cárceles del orden nacional, al señalar que la Dirección General expidió, mediante la Resolución No. 006349 del 19 de diciembre de 2016, el Reglamento General de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (Eron).

Según el documento, en el Título VI, Capítulo II, de “Visitas”, el Artículo 81 sobre el “Ingreso de medios de comunicación y periodistas en los establecimientos de reclusión del orden nacional” fija las disposiciones aplicables para el ingreso y la atención de periodistas en esos establecimientos.

Más de 210 reclusos fueron trasladados de la cárcel de Manizales por daños en la infraestructura tras el terremoto

210 reclusos fueron trasladados desde la cárcel de Manizales por decisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tras los graves daños ocasionados por el terremoto del 10 de agosto de 2026. La medida busca evitar mayores riesgos para los internos y los funcionarios, luego de que se detectaran afectaciones en la estructura del penal.

La emergencia, que también afectó otros establecimientos penitenciarios del país, obligó a las autoridades a realizar inspecciones detalladas en las instalaciones para determinar las condiciones de seguridad y habitabilidad. En este proceso, el Inpec evalúa la reubicación de los internos en otros centros, entre los que se consideran los de Itagüí en Antioquia y Valledupar en Cesar.

El terremoto no solo impactó la cárcel de Manizales. En Buenaventura, la emergencia desencadenó un incendio que provocó la muerte de seis personas privadas de la libertad. Este hecho llevó a revisar la situación de cientos de internos y a considerar posibles traslados a otros penales, mientras continúan las inspecciones en las zonas más afectadas.

La revisión de la infraestructura penitenciaria en Manizales reveló daños que podrían comprometer la seguridad de quienes permanecen en el lugar. Por ello, las autoridades analizan opciones de traslado, teniendo en cuenta la capacidad de los centros penitenciarios propuestos y la necesidad de evitar el hacinamiento.

En respuesta a la situación, el Inpec está determinando qué internos requieren ser reubicados y bajo qué condiciones, priorizando la integridad y el bienestar tanto de los reclusos como del personal. La prioridad es minimizar los riesgos derivados de los daños estructurales y las difíciles condiciones generadas por el sismo.

El fenómeno sísmico ocurrido el 10 de agosto ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de varios establecimientos carcelarios en Colombia, lo que ha llevado a la adopción de medidas de precaución y ajustes en la red penitenciaria del país. La situación en Manizales y Buenaventura representa el desafío más reciente para las autoridades, que buscan garantizar la seguridad en medio de una emergencia nacional.