Desde el Congreso proponen IVA en cero y peajes gratis para reconstruir zonas afectadas por el terremoto

El debate sobre cómo financiar la reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó al país el lunes 10 de agosto de 2026 —sobre todo a Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia— ya llegó al Congreso.

José Durguez Espinosa Martínez, representante a la Cámara por Risaralda y miembro del Centro Democrático, envió una propuesta al presidente Abelardo de la Espriella con medidas económicas para reducir los costos de la recuperación.

La iniciativa fue presentada el miércoles 12 de agosto y buscó facilitar la adquisición de materiales y su traslado hacia los municipios afectados. Entre las alternativas planteadas aparecieron una exención temporal del IVA para insumos de construcción, la suspensión de peajes en corredores estratégicos y mayores recursos públicos para atender las consecuencias de la emergencia.

Espinosa pidió que la exención del IVA tenga límites de tiempo y territorio y esté vinculada directamente con las obras de reconstrucción. La intención es que las medidas tengan un alcance temporal y territorial definido y que respondan de manera directa a las necesidades más urgentes surgidas por la emergencia actual. El propósito es disminuir la carga económica para familias y comunidades que perdieron sus viviendas y fuentes de ingreso.

La propuesta también contempla suspender temporalmente el cobro de peajes en las carreteras que conducen hacia las zonas devastadas. En su comunicación al Gobierno, el congresista solicitó a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, que “se suspenda temporalmente el cobro de los peajes situados en los corredores viales que conducen a las zonas devastadas”. Para el representante, el transporte debe atenderse con rapidez.

“Si abaratar los materiales de construcción es indispensable para reedificar, facilitar su tránsito y el de la ayuda humanitaria lo es para que esa reedificación empiece cuanto antes”, escribió en la propuesta.

Espinosa pidió además que las consecuencias del terremoto sean consideradas en la discusión del Presupuesto General de la Nación, cuyo proyecto había sido devuelto por el Congreso. Su solicitud apunta a que las necesidades de las regiones afectadas tengan una asignación suficiente cuando el Gobierno vuelva a presentar la iniciativa presupuestal.

En la carta, pidió que la calamidad “sea tenida en cuenta en el estudio que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adelantará en los próximos días sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación”.

La razón está relacionada con el costo de atender a las comunidades y reconstruir los municipios afectados. Espinosa advirtió que “la atención de la emergencia y la reconstrucción de los municipios afectados exigirán recursos ciertos y oportunos”, por lo que considera necesario que esas necesidades “queden debidamente reflejadas en el proyecto que su Gobierno vuelva a someter a consideración del Legislativo”.

El congresista también planteó una estrategia para una etapa posterior. A mediano plazo, propuso que el Ejecutivo presente un proyecto de ley destinado a estimular la actividad económica y atraer inversión hacia los municipios afectados, mediante beneficios tributarios y apoyo al desarrollo regional.

Para sustentar esa alternativa, Espinosa mencionó como antecedentes las leyes Páez y Quimbaya, creadas después de desastres naturales. De acuerdo con la carta, esas normas tuvieron efectos positivos en los procesos de recuperación social y económica de las regiones beneficiadas.

La propuesta se conoce después de que la administración de Abelardo de la Espriella anunciara el aplazamiento durante algunos meses del pago del impuesto de renta para declarantes de las regiones afectadas por el terremoto. Espinosa celebró esa decisión, pero planteó medidas adicionales enfocadas en la reconstrucción.

El representante considera que los alivios tributarios deben estar acompañados de condiciones que permitan movilizar los materiales y las ayudas hacia los lugares donde se necesitan. Por eso, su propuesta combina beneficios para la reconstrucción con facilidades para el transporte por carretera.

La solicitud busca que el presupuesto nacional contemple los costos asociados a la recuperación. Para el congresista, garantizar recursos suficientes permitirá responder a las necesidades de las comunidades y respaldar las obras que deberán ejecutarse en los municipios afectados.