Ministerio de Defensa negó afectaciones a civiles tras una denuncia de la Defensoría del Pueblo por bombardeo en el Catatumbo

El Ministerio de Defensa de Colombia negó que se hayan presentado afectaciones a la población civil tras el reciente bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares en la región del Catatumbo.

Según el comunicado oficial, la acción realizada en zona rural de Tibú y San Calixto, en Norte de Santander, permitió neutralizar a dos presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la incautación de un arsenal significativo, sin registrar víctimas entre habitantes de la zona.

Balance oficial: bajas, incautaciones y destrucción de campamentos

De acuerdo con el reporte entregado por el Ministerio de Defensa Nacional, la operación militar se llevó a cabo en la noche del lunes 10 de agosto de 2026. Las tropas, desplegadas en áreas rurales de Tibú y San Calixto, localizaron y destruyeron dos búnkeres y cinco campamentos empleados por la estructura del ELN para su movilidad y permanencia en la región.

Durante la intervención, las Fuerzas Militares incautaron aproximadamente 1,5 toneladas de explosivos y 440 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones, además de material de guerra, equipos de comunicaciones y elementos de intendencia.

El Ministerio subrayó que la operación fue planificada y ejecutada bajo los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario, priorizando la protección de la población civil, personas protegidas y los bienes de la comunidad.

“La acción militar se desarrolló en zona rural y no específicamente en la vereda El Sinaí, como ha circulado en algunas publicaciones y redes sociales”, puntualizó la cartera de Defensa.

Cruce de versiones: denuncias de la Defensoría y respuesta oficial

La intervención militar se produjo en medio de una disputa territorial entre el ELN y la estructura 33 de las disidencias de las Farc, lo que incrementó la tensión en el Catatumbo y generó consecuencias para comunidades locales.

Durante la jornada, la Defensoría del Pueblo alertó sobre posibles afectaciones a civiles y reportó que al menos tres personas campesinas resultaron heridas tras el bombardeo en la vereda El Sinaí, municipio de San Calixto. El ente humanitario agregó que estos hechos habrían generado desplazamientos forzados hacia la cabecera municipal de El Tarra.

“Este hecho evidencia nuevamente los graves riesgos que enfrenta la población civil en el contexto del conflicto armado en la región del Catatumbo y exige una respuesta preventiva y humanitaria oportuna”, expresó la Defensoría en su comunicado.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa reiteró que la operación no provocó daños a la población civil y fue ejecutada con “especial énfasis en la protección de los habitantes”, según su versión oficial. “No se registraron afectaciones a la población civil durante el desarrollo de la operación”, afirmó la cartera.

Contexto: ofensiva militar y política de seguridad

El operativo militar hace parte de la primera ofensiva de este tipo bajo el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que asumió la presidencia pocos días antes y ratificó que no abrirá negociaciones de paz con grupos armados. La acción en el Catatumbo coincidió con enfrentamientos recientes en Cauca, Tolima, Meta y Antioquia entre la fuerza pública y distintos grupos armados organizados.

Uno de los hallazgos que concentró la atención de las autoridades fue el arsenal de granadas adaptadas para drones, modalidad que el ELN incorporó en sus tácticas. Las Fuerzas Militares sostienen que la destrucción de los campamentos y la incautación de explosivos afecta la infraestructura operativa de la organización armada en el corredor estratégico de Norte de Santander.

El objetivo, según el Ministerio, es debilitar las capacidades armadas del ELN y facilitar condiciones para el retorno de comunidades que permanecen desplazadas por la disputa entre grupos ilegales.

Reacciones y verificación en terreno

Tras el operativo, equipos de la Defensoría del Pueblo y autoridades locales se desplazaron a la zona para verificar la situación y evaluar las necesidades de protección y atención de las comunidades. La entidad insistió a la fuerza pública en reforzar la planeación de las operaciones militares bajo los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad para prevenir riesgos a la población civil.

La información sobre posibles heridas a civiles y desplazamientos forzados sigue bajo verificación institucional. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa mantiene su postura sobre la ausencia de víctimas civiles durante la intervención y subraya el cumplimiento de los estándares internacionales de protección humanitaria.