Autos Italianos de Colombia respondió ante la SIC tras presunta estafa con vehículos Ferrari

Autos Italianos de Colombia S.A. informó este 12 de agosto de 2026 que presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) una respuesta integral al requerimiento formulado por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor.

Según la compañía, el documento, de más de 210 páginas, fue radicado dentro del plazo otorgado por la autoridad y contiene un desarrollo individual de los 15 puntos exigidos en la averiguación preliminar identificada con el radicado 26-294239. La empresa aclaró que la información remitida incluye la documentación y los datos que obran en su poder sobre las operaciones celebradas con los clientes, así como una relación detallada del estado de cada transacción.

La comunicación oficial enfatizó que el requerimiento de la SIC fue recibido el 22 de julio de 2026, con un plazo de diez días hábiles para su respuesta. Autos Italianos de Colombia recalcó que la contestación se presentó de acuerdo con los plazos legales, lo cual quedó certificado en la constancia de radicación entregada a la autoridad.

Auditoría forense y compromiso de colaboración

En su comunicado, Autos Italianos de Colombia detalló que adelanta una auditoría forense para verificar la información contable, financiera y administrativa disponible. El proceso busca aportar claridad sobre la situación de la compañía, el manejo de los recursos recibidos y las obligaciones pendientes con clientes y proveedores.

La empresa reiteró su disposición de colaborar con la Superintendencia de Industria y Comercio y de atender cualquier requerimiento adicional de la autoridad, así como de seguir utilizando los canales institucionales y judiciales previstos en la ley para contribuir al esclarecimiento de las operaciones realizadas bajo la administración anterior.

La compañía remarcó que las declaraciones contenidas en su comunicado tienen carácter informativo y no representan conclusiones definitivas ni atribuciones de responsabilidad sobre los hechos investigados. “Cualquier determinación deberá ser adoptada por las autoridades competentes, con pleno respeto por el debido proceso y el derecho de defensa”, indicó la empresa.

Investigación por presunta estafa y antecedentes del caso

Las actuaciones de la SIC forman parte de una investigación iniciada tras denuncias públicas sobre presuntos incumplimientos millonarios en la entrega de vehículos de la marca Ferrari.

El caso se hizo visible en medios nacionales después de que compradores relataran que adelantaron pagos por anticipado sin recibir el automóvil comprometido. Uno de los afectados declaró que entregó 30.000 dólares para la adquisición de un Ferrari modelo 849 Testa Rosa, cuyo valor supera los 825.000 dólares, y que ese dinero nunca llegó a la fábrica italiana.

La Superintendencia de Industria y Comercio confirmó que investiga la situación de al menos seis clientes que habrían entregado sumas importantes como anticipo, sin recibir el vehículo tras el retiro de la concesión de la marca. Hasta el 30 de julio, la SIC reveló no había recibido denuncias formales, aunque las actuaciones de oficio continuaron por el impacto público del caso.

Cielo Rusinque, que hasta entonces fungía como superintendente de la SIC, explicó en rueda de prensa:

“Nuestro deber, incluso en este caso de oficio, es velar porque los derechos de los consumidores, más allá del sector poblacional que corresponda, sean respetados y que los diferentes agentes del comercio, independientemente de que sean transnacionales o de la importancia que tengan, cumplan estrictamente el régimen legal que existe en Colombia en materia de protección a los derechos del consumidor”. La funcionaria aclaró que la entidad puede actuar aun sin denuncias individuales, siempre que existan indicios de posibles vulneraciones de derechos.

La autoridad de protección al consumidor continuará con la revisión de la documentación y la verificación de la información suministrada, mientras se mantiene la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones con los consumidores afectados y la trazabilidad de los recursos involucrados.