El Consejo Superior de la Judicatura ordenó la suspensión de términos judiciales y administrativos en todo el país tras el terremoto que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto de 2026.
La medida aplicará entre el 10 y el 14 de agosto, ambas fechas inclusive, mientras se verifican las condiciones de las sedes judiciales afectadas por el sismo.
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De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, la decisión quedó consignada en un acuerdo firmado por la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. El documento establece “suspender, entre el 10 y hasta el 14 de agosto de 2026, ambas fechas inclusive, los términos judiciales y administrativos que se adelanten ante los despachos judiciales”.
La determinación busca proteger la vida e integridad de los servidores judiciales y permitir que ingenieros y equipos técnicos evalúen posibles daños en la infraestructura física y tecnológica de la Rama Judicial. La emergencia nacional obligó a revisar edificios, despachos, sistemas y condiciones de trabajo antes de retomar la actividad presencial ordinaria.
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La suspensión significa que esos días no serán contabilizados dentro de los plazos de los procesos judiciales o administrativos. En la práctica, actuaciones que dependen del conteo de términos quedarán pausadas mientras se realizan las verificaciones de seguridad en las sedes de justicia.
Qué implica la suspensión de términos
El acuerdo de la Judicatura señala que la suspensión se adopta después de que el sismo generara afectaciones en distintas regiones del país. Desde la ocurrencia de los hechos, el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial mantuvieron comunicación con consejos seccionales y direcciones seccionales para establecer el nivel de daño en las sedes.
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La entidad explicó que la medida permite adelantar las revisiones sin que la presencia de funcionarios en los edificios represente un riesgo. Además, busca evitar que la emergencia afecte garantías procesales como el derecho de defensa y el debido proceso.
“Lo anterior con el propósito de resguardar la vida e integridad de los servidores judiciales, así como permitir la evaluación de los daños a la infraestructura física y tecnológica en las regiones afectadas, sin vulnerar los derechos de defensa y debido proceso que rigen el servicio de administración de justicia”, señaló la Judicatura.
La decisión no puede ser usada para afectar procesos sensibles en los que los días son determinantes para definir libertades, vencimientos de términos o prescripciones. Es decir, la suspensión no funcionará como una herramienta para alterar garantías de personas procesadas ni para modificar indebidamente tiempos sustanciales en expedientes penales o administrativos.
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Trabajo en casa durante las revisiones
Durante el periodo de suspensión, los funcionarios de la Rama Judicial podrán realizar trabajo en casa. Con ello, el Consejo Superior de la Judicatura busca mantener actividades internas y administrativas sin exponer al personal a sedes que podrían presentar daños por el movimiento telúrico.
La medida también permitirá que las autoridades prioricen la revisión de edificios en las regiones más golpeadas por el terremoto. Las verificaciones serán claves para definir qué sedes pueden volver a operar, cuáles requieren reparaciones y cuáles necesitan restricciones temporales de acceso.
Las autoridades judiciales también informaron que algunas de sus sedes presentan daños por el sismo, aunque aseguró que continuará trabajando para garantizar la atención a la ciudadanía. La entidad expresó solidaridad con las familias afectadas por la emergencia.
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El terremoto de este 10 de agosto provocó afectaciones en varias ciudades, incluidas zonas de Cali y otras regiones donde se reportaron daños en infraestructura. La suspensión de términos se suma a las medidas nacionales adoptadas para responder a la emergencia, mientras el país avanza en la evaluación de daños y en la recuperación de servicios esenciales.
Por ahora, la Judicatura insistió en que la prioridad es proteger a los servidores judiciales y preservar las garantías de los usuarios del sistema. Una vez concluyan las inspecciones, la Rama Judicial deberá informar cómo se reanudará la atención ordinaria y qué sedes necesitarán planes especiales de funcionamiento.
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