Centro Democrático propuso devolver el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación presentado por el Gobierno Petro

La bancada del Centro Democrático pidió devolver al Ministerio de Hacienda el proyecto de Presupuesto General de 2027, argumentando que el texto presentado por gobierno de Gustavo Petro incorpora partidas sin respaldo técnico suficiente y compromete la verificación de su sostenibilidad fiscal. La proposición será discutida el 11 de agosto de 2026 en las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República y se apoya en el artículo 56 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

El punto de mayor peso económico señalado en la proposición es la inclusión de $30,2 billones en ingresos contingentes cuya materialización, según el documento, depende de la aprobación de una iniciativa posterior de recursos adicionales. La bancada reclama que se precise su fuente, base gravable, estimación de recaudo, calendario de materialización, impacto distributivo, riesgos de recaudo y medidas alternativas si esos fondos no se aprueban o ingresan por debajo de lo previsto.

El texto legislativo también exige una explicación técnica sobre cerca de $17 billones registrados como “Otros Recursos de Capital” y sobre $13 billones adicionales incorporados en las rentas de capital. Conforme a lo expuesto en la proposición, el proyecto no identifica con claridad la naturaleza, el origen, el fundamento legal, la entidad certificadora ni la disponibilidad de esos recursos.

La solicitud de devolución no se limita a un reparo contable. El planteo vincula la estructura del presupuesto con la consistencia entre rentas, apropiaciones, Marco Fiscal de Mediano Plazo, Plan Financiero y la senda de ajuste de la regla fiscal, en medio de observaciones previas del Banco de la República, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y la Contraloría General de la República.

El reparo central apunta a ingresos sin fuente cierta de financiación

En la parte resolutiva, la proposición de la colectividad política liderada por el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, pide “devolver al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2027, para que presente nuevamente al Congreso, dentro del término legal, las enmiendas, aclaraciones y soportes técnicos necesarios que permitan verificar la plena conformidad con los mandatos constitucionales, las normas orgánicas presupuestales y los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal”.

El documento sostiene que, tras revisar el proyecto, el mensaje presupuestal y sus anexos, aparece la necesidad de corregir y sustentar varios puntos. El primero es la programación de ingresos contingentes por $30,2 billones, que para la bancada carecen de un soporte suficiente mientras dependan de una decisión posterior.

La proposición reclama que se identifiquen de manera expresa las apropiaciones cuya financiación depende de esos ingresos y que se definan mecanismos presupuestales para evitar que se comprometan gastos sin una fuente cierta. Ese punto incluye una advertencia directa sobre la continuidad de obligaciones constitucionales y legales prioritarias.

El Congreso pide trazabilidad sobre $17 billones y $13 billones en rentas de capital

Uno de los cuestionamientos más concretos recae sobre los recursos clasificados como “Otros Recursos de Capital”. La bancada exige explicar y sustentar técnicamente la incorporación de aproximadamente $17 billones registrados bajo ese concepto, indicando específicamente su “naturaleza, origen, fundamento legal, entidad responsable de su certificación, cronograma de disponibilidad y el soporte técnico que acredita su incorporación al presupuesto”.

La misma observación desglosa qué espera el Congreso de la República de esa aclaración. El texto exige precisar si esos fondos corresponden a operaciones de crédito, recuperación de activos, rendimientos financieros, excedentes de liquidez u otra fuente de financiación, con el argumento de que la falta de definición impide la verificación legislativa.

El segundo frente de esa discusión apunta a “la inclusión del aprovechamiento de $13 billones adicionales en las rentas de capital”. La propuesta afirma que el proyecto no incorpora soportes técnicos suficientes para verificar “su origen, cuantificación, disponibilidad y viabilidad de recaudo”.

Esa ausencia de información, añade el documento, “genera incertidumbre sobre la verdadera financiación del presupuesto y dificulta el ejercicio del control político y presupuestal por parte del Congreso”. La objeción no discute solo el monto: cuestiona la capacidad del Legislativo para auditar de dónde saldrán los recursos.

La discusión incorpora alertas del Banco de la República, la regla fiscal y la Contraloría

El texto presentado para debate en las comisiones económicas conjuntas menciona de manera expresa el análisis de impacto macroeconómico y fiscal presentado por el Banco de la República en la sesión del 03 de agosto de 2026. A partir de esa referencia, la proposición pide incorporar ajustes derivados de las observaciones del banco central, del Comité Autónomo de la Regla Fiscal y de las propias comisiones.

Esas observaciones, según el documento, se concentran en supuestos macroeconómicos, proyecciones de crecimiento, inflación, tasas de interés, recaudo tributario, balance fiscal y sostenibilidad de la deuda. La bancada también exige demostrar, con soportes verificables, la consistencia entre el presupuesto de rentas, las apropiaciones proyectadas y la trayectoria esperada del déficit fiscal, la deuda pública y las necesidades de financiamiento de la Nación.

La oferta incorpora además los reparos de la Contraloría General de la República, que advirtió riesgos de desfinanciación y una estructura presupuestal que incrementa la proporción de recursos destinados al servicio de la deuda pública. Cng¡forme a ese señalamiento, ese fenómeno limita el crecimiento de las apropiaciones para funcionamiento e inversión.

El documento añade que, frente a esa advertencia, el Gobierno nacional deberá demostrar que la composición del presupuesto permite atender de manera sostenible las obligaciones del Estado “sin comprometer la ejecución de políticas públicas, la prestación de servicios esenciales ni el cumplimiento de las metas de inversión previstas para la vigencia fiscal”.

La proposición extiende la advertencia al Sistema General de Regalías

La iniciativa también pide que se expliquen los efectos de las proyecciones de recaudo sobre el Sistema General de Regalías. Ese punto retoma advertencias de la Contraloría sobre una disminución esperada en sus ingresos y el riesgo que eso implicaría para la financiación de proyectos estratégicos de inversión en las entidades territoriales.

En su conclusión, la bancada sostiene que el proyecto de presupuesto, “en su estado actual, requiere enmiendas y soportes adicionales” para acreditar el cumplimiento de los principios de planificación, anualidad, universalidad, especialización, coherencia macroeconómica y sostenibilidad fiscal, además de las disposiciones aplicables del Estatuto Orgánico del Presupuesto.