“Negro Ober” fue imputado por dirigir presunta red de extorsión desde la cárcel: habría recaudado más de 1.000 millones

El hallazgo de un sofisticado esquema financiero permitió a la Fiscalía General de la Nación exponer el funcionamiento de una presunta red de extorsión que operaba en Barranquilla y Soledad.

La investigación revela que el control de Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Ober, sobre actividades ilícitas no se habría debilitado pese a su reclusión en una cárcel de Popayán.

De acuerdo con el ente investigador, él continuaría al frente del llamado Bloque Resistencia Caribe, una estructura vinculada a extorsiones en Barranquilla y Soledad durante 2025 y parte de 2026.

Las autoridades sostienen que la organización habría recaudado cerca de 1.000 millones de pesos mediante cobros extorsivos a comerciantes y residentes, utilizando cuentas bancarias y billeteras digitales para mover el dinero de las víctimas.

El análisis de las transacciones financieras permitió reconstruir parte de la ruta del dinero y dimensionar el impacto económico de la estructura. Según la investigación, el método de intimidación no se limitaba a los cobros tradicionales.

Integrantes del grupo habrían intervenido en conflictos cotidianos de los barrios, donde aprovechaban riñas o disputas vecinales para imponer supuestas “multas” que los habitantes debían pagar. Para la Fiscalía, esto representaba una variante de extorsión orientada a controlar sectores específicos y extraer recursos de la comunidad.

La Fiscalía documentó casos en los que los pagos exigidos estaban acompañados de amenazas y, en ocasiones, de ataques armados contra fachadas de locales comerciales y la distribución de panfletos intimidantes. Las intimidaciones también apuntaban a empleados y familiares de quienes se resistían a entregar el dinero solicitado.

Imputaciones y avance judicial

En el proceso judicial, la Fiscalía 216 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a Martínez Gutiérrez y a otras seis personas por delitos asociados con concierto para delinquir agravado y por extorsión. Durante las audiencias, solo Hember Jesús Rodríguez Echeverría aceptó los cargos.

Los investigadores identificaron varias cuentas bancarias y billeteras digitales presuntamente utilizadas para recibir y mover los recursos obtenidos por la organización. El rastreo de estas operaciones fue clave para calcular el monto total que habría pasado por manos del grupo y para fortalecer la evidencia ante los tribunales.

En cuanto al papel de alias Negro Ober, la Fiscalía sostiene que, a pesar de estar privado de la libertad, “ocupaba una posición de mando dentro de la estructura” y mantenía comunicaciones que le permitían dirigir las actividades delictivas desde el penal.

Las autoridades resaltan que Martínez Gutiérrez ha estado recluido en cárceles de alta seguridad y cuenta con antecedentes y condenas por diferentes delitos.

Modalidades de control y extorsión

El expediente muestra que las extorsiones no solo afectaban a comerciantes, sino que se expandían a residentes comunes mediante la imposición de pagos arbitrarios disfrazados de sanciones por incidentes menores en los barrios. La organización utilizaba este método para reforzar su control territorial y aumentar sus ingresos ilícitos.

Ante la presión de la investigación y los cargos presentados, Martínez Gutiérrez habría mostrado interés en buscar algún tipo de acercamiento con la Fiscalía respecto a este y otros procesos pendientes en su contra.

Gobernadora del Magdalena arremetió contra el Inpec por control criminal de alias Robinsito y el ‘Negro Ober’ desde prisión: “Una vergüenza nacional”

Las autoridades del Magdalena implementaron la militarización de la zona comercial en Fundación como respuesta a una oleada de hechos violentos y extorsiones que afectan la seguridad local. La decisión llegó tras dialogar con el Ejército Nacional y surge en medio de cuestionamientos sobre el papel del sistema penitenciario en el control del crimen organizado.

La gobernadora Margarita Guerra denunció públicamente que alias Robinsito y alias el Negro Ober, identificados como jefes de estructuras delictivas, continuarían impartiendo órdenes desde prisión. Según la mandataria, ambos permanecen recluidos en el mismo centro penitenciario, lo que habría permitido la continuidad de actividades criminales que impactan directamente a Fundación.

En una publicación en su cuenta de X, Guerra acusó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de mantener una actitud permisiva ante la situación. La funcionaria señaló que los internos, considerados de alta peligrosidad, seguirían influyendo en hechos de violencia y extorsión desde sus celdas.

La gobernadora fue contundente al calificar como una “vergüenza nacional” que el Inpec permita que los dos cabecillas permanezcan juntos, afirmando: “Cada extorsión, cada homicidio y cada amenaza que golpea al municipio de Fundación tiene responsables materiales, pero también responsables por omisión dentro de un sistema penitenciario que perdió el control”.

Guerra sostiene que la permanencia de los dos internos en el mismo establecimiento penitenciario representa un riesgo directo para el municipio. Para la mandataria, la situación facilita que sigan coordinando acciones ilícitas y mantiene en vilo el orden público. Por ello, exigió al Inpec que actúe de inmediato y los separe, al considerar que el Estado está incumpliendo su obligación de proteger a la ciudadanía.

La gobernadora insistió en que las cárceles no pueden seguir funcionando como centros de operaciones criminales ni como espacios desde los cuales se gobiernan territorios mediante amenazas y extorsiones. Subrayó la urgencia de que las instituciones de seguridad asuman su responsabilidad para frenar la incidencia delictiva que, según sus declaraciones, se origina en gran parte desde los establecimientos penitenciarios.