Las consecuencias legales tras la muerte de Kevin Arley Acosta, niño de siete años con hemofilia severa, se expanden ahora no solo a los médicos y representantes de la EPS involucrados, sino que también alcanzan a la esfera presidencial. La Fiscalía General de la Nación solicitó una audiencia de imputación contra cuatro personas, entre quienes figuran el médico tratante y directivos de la EPS, por presuntas fallas en la atención y omisiones que habrían incidido en el resultado fatal.
La fiscal encargada del caso decidió enviar copia del expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esta decisión busca que se evalúe la posible responsabilidad del presidente Gustavo Petro en dos aspectos: la intervención sobre la Nueva EPS y la supuesta divulgación no autorizada de la historia clínica del menor.
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Así, el alcance político y judicial del caso se amplía de manera significativa, complicando el debate público sobre la gestión sanitaria y la protección de la información médica en Colombia.
“Solicita a la comisión de acusación de la honorable Cámara de Representantes, se investigue la presunta responsabilidad del señor presidente de la Republica GUSTAVO FRANCISC0 PETRO URREGO en lo que respecta al fallecimiento del menor, al ostentar la posición de garante frente a las decisiones tomadas al intervenir a la Nueva EPS” (sic), señala la compulsa de copias.
La muerte de Kevin, reportada el 13 de febrero de 2026, puso en evidencia la fragilidad del sistema de entrega de medicamentos en el país. El caso desató una discusión nacional cuando el presidente Petro acusó al Instituto Nacional de Medicina Legal de ocultar detalles sobre la causa del deceso. Esta acusación intensificó el escrutinio alrededor de las instituciones estatales involucradas y la transparencia de los procedimientos forenses.
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El director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, respondió a las críticas presidenciales. “El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses precisa a la opinión pública que, primero, el instituto, como auxiliar de la justicia, no tiene potestad de entregar resultados de las necropsias sin orden judicial a entidades o personas naturales. Esto solo se entregan a las autoridades competentes de adelantar las investigaciones”, afirmó Cortés, defendiendo el proceder del organismo.
El caso de Kevin Acosta ha provocado la apertura de investigaciones penales y administrativas, incluyendo la solicitud formal de audiencia de imputación contra cuatro personas vinculadas a su atención médica. La Fiscalía también compulsó copias para que la Comisión de Acusaciones determine si el presidente Petro incurrió en alguna falta por la intervención en la EPS y la gestión de datos reservados. El debate gira en torno a la posible negligencia médica, la protección de la privacidad de los pacientes y el manejo institucional de la crisis.
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Cortés detalló el proceso seguido tras el fallecimiento del menor: “El cuatro de marzo llegó un requerimiento del Ministerio de Salud y Protección Social solicitando la historia clínica y el informe de necropsia del menor Kevin Arley Acosta Pico, a lo que el instituto dio respuesta siguiendo el ordenamiento jurídico”. Subrayó que toda entrega de información se hizo bajo estricta observancia de la ley.
El director de Medicina Legal también puntualizó que el 25 de marzo, el Ministerio de Salud presentó una tutela alegando vulneración al derecho de petición. Finalmente, “el 14 de abril, el juzgado sexto penal del Circuito Especializado de Bogotá declara improcedente la tutela del Ministerio de Salud y Protección Social. Nuestra misión es prestar servicios forenses a la comunidad y a la administración de justicia, sustentados en la investigación científica en un marco de calidad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana”.
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Las autoridades insisten en que la necropsia realizada por Medicina Legal será clave para esclarecer la causa real de la muerte de Kevin Acosta y determinar responsabilidades individuales o institucionales. Mientras tanto, el caso mantiene abierto el debate sobre la gestión estatal de la salud, la protección de datos sensibles y el alcance de la intervención presidencial en situaciones críticas.
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