Director de la UNP se habría ‘autoasignado’ el doble de seguridad tras su salida de la entidad: esta sería la resolución que lo oficializa

A un día del que el presidente Gustavo Petro y todo su equipo de gobierno salga del Ejecutivo, otro de los cercanos al mandatario saliente resultó involucrado en una polémica después de que se conociera una resolución que le daría un ‘trato especial’ tras su salida.

Se trata de Augusto Rodríguez, el saliente director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que, sin razones de peso, se habría asignado un esquema de seguridad excepcional, lo que ha generado inquietudes sobre los criterios internos y el posible uso discrecional de los recursos de la entidad.

Según una resolución expedida el 31 de julio de 2026 y revelada por El Colombiano, mientras el funcionario se encontraba aún en el cargo, duplicó el número de escoltas y vehículos asignados a Rodríguez en comparación con lo que suele autorizarse a otros exdirectores.

La decisión, firmada por el director encargado Javier Francisco Rincón durante una incapacidad médica de Rodríguez, estableció que el esquema de protección incluiría seis escoltas, dos vehículos blindados y un chaleco de protección.

Además, el beneficio se extendió a su núcleo familiar por un periodo inicial de doce meses, superando ampliamente el estándar habitual: tres escoltas y un solo vehículo blindado por un periodo máximo de seis meses.

El documento oficial no expone los motivos concretos que llevaron al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) a sugerir un esquema de esa magnitud. Tampoco detalla los elementos de riesgo considerados ni los criterios específicos que justificaron la diferencia respecto al resto de exfuncionarios.

Según fuentes consultadas por El Colombiano dentro de la UNP, los exdirectores de la entidad, por lo general, suelen tener esquemas significativamente más reducidos, por lo que sorprende la resolución que le daría un trato especial a Rodríguez.

“Al dejar el cargo se autoriza un esquema integrado por un vehículo blindado y tres escoltas. En un tiempo de seis meses o un poco más, pero no un año. En el caso de Rodríguez, sin embargo, el esquema fue duplicado sin explicación alguna”, señalaron desde la entidad.

Esquemas de protección en la UNP: criterios y antecedentes recientes

La UNP, adscrita al Ministerio del Interior desde 2011, tiene la misión de proteger a personas y comunidades en situación de riesgo. Sin embargo, la reciente asignación de recursos a directivos y personal administrativo ha suscitado debates sobre la transparencia y el rigor en la aplicación de los protocolos.

No es la primera vez que se reportan presuntas irregularidades en la distribución de esquemas de seguridad dentro de la entidad. En mayo de 2024, se reveló que la UNP habría priorizado la asignación de escoltas a personas del entorno cercano a Rodríguez, sin justificaciones técnicas visibles más allá de su criterio personal.

El costo mensual de estos esquemas especiales para funcionarios directivos y administrativos se estimó en 800 millones de pesos, una cifra que impacta directamente en el gasto público.

Voceros sindicales y otros empleados entrevistados en ese momento denunciaron presuntos casos de despilfarro, uso indebido de recursos y retrasos en la atención de solicitudes de protección a beneficiarios externos.

¿Qué diferencia la protección otorgada a Rodríguez?

Habitualmente, la UNP autoriza un solo vehículo blindado y tres escoltas para un exdirector, con una vigencia máxima de seis meses. La resolución firmada por Rincón duplicó los recursos habitualmente asignados y extendió su duración inicial a doce meses. Además, el beneficio se hizo extensivo a la familia de Rodríguez, una decisión que no suele aplicarse de manera general en casos previos.

El acto administrativo permite que el Cerrem modifique las medidas en cualquier momento, conforme a la normatividad vigente, pero no explica los fundamentos de riesgo que motivaron la recomendación original.

El hecho de que el reforzamiento del esquema haya sido autorizado justo antes de la salida de Rodríguez de la dirección general ha intensificado las dudas sobre la existencia de mecanismos efectivos para evitar posibles conflictos de interés en la entidad.

Según se desprende de los documentos internos y testimonios recogidos, el refuerzo de esquemas de seguridad para directivos representa un gasto significativo para el Estado. El valor estimado de un esquema básico se sitúa actualmente en 50 millones de pesos mensuales. La suma de los recursos asignados a Rodríguez y a su entorno cercano se traduce en un costo mensual para los contribuyentes que oscila entre 700 y 800 millones de pesos.

El viernes 10 de marzo de 2023, una directiva firmada por el propio Rodríguez aumentó los esquemas de seguridad para varios funcionarios administrativos, con asignaciones que incluyeron vehículos blindados, escoltas y cursos de autoprotección.

Fotografías y fuentes internas confirmaron que, pese a que algunos beneficiados recibieron vehículos “convencionales” en papel, en la práctica también contaban con automóviles blindados.

Hasta el momento, Augusto Rodríguez no ha respondido a las consultas para explicar los motivos detrás de estas decisiones, ni se conocen los argumentos técnicos que respalden el refuerzo de su protección personal y familiar en el marco del cambio de administración en el gobierno nacional.