Icbf y OIM lanzan ofensiva contra el reclutamiento de menores en Colombia: la estrategia se enfocará en las zonas más vulnerables

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) suscribieron un memorando de entendimiento para trabajar de manera articulada en la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia en el territorio nacional.

La alianza estratégica enfoca sus recursos humanos y técnicos en la prevención y atención frente al reclutamiento, uso y utilización de menores de edad en actividades criminales por parte de grupos armados u organizaciones al margen de la ley.

El acuerdo institucional prioriza la intervención en zonas con elevadas condiciones de vulnerabilidad social y en contextos de movilidad humana, donde la población infantil enfrenta mayores factores de riesgo y desprotección.

Para la ejecución de los programas, las dos entidades unirán sus capacidades operativas y presupuesto con el fin de desplegar acciones preventivas directas que vinculen a las familias, las comunidades y los entornos escolares.

Durante el acto de firma del convenio, la directora general del Icbf, Carolina Restrepo Cañavera, explicó el esquema de trabajo de campo que se implementará para cumplir los objetivos trazados.

“Este va a ser un trabajo ejecutivo en el cual tendrán una participación relevante las autoridades locales y otras instancias”, afirmó la directora de la entidad, de acuerdo con el comunicado del Icbf, al resaltar la importancia de integrar los esfuerzos institucionales con los gobiernos territoriales.

Por su parte, el director regional designado de la OIM para América Latina y el Caribe, Juan Francisco Espinosa, enfatizó la urgencia de fortalecer los entornos sociales inmediatos de los menores para evitar la penetración de las redes delictivas: “La niñez y adolescencia son lo primero. Tenemos que promover entornos protectores con las familias y escuelas, y trabajar desde la prevención, frente al reclutamiento, uso y utilización de los niños para cualquier forma de criminalidad”.

El convenio contempla capacitaciones a líderes comunitarios, fortalecimiento de las rutas de denuncia ciudadana y la creación de espacios seguros para la permanencia escolar en los municipios más afectados por el conflicto y la migración.

Asimismo, las entidades diseñarán protocolos de atención especializada para menores que hayan sido víctimas de desplazamiento forzado o que se encuentren en situación de vulnerabilidad en zonas de frontera.

Con la formalización de este instrumento de cooperación, el Icbf busca consolidar alianzas internacionales que refuercen las garantías de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en las regiones que demandan una respuesta estatal oportuna.

El plan de trabajo conjunto comenzará su fase de ejecución operativa en las próximas semanas mediante mesas técnicas regionales en las que participarán alcaldías, gobernaciones y personerías municipales.

La elevada cifra de casos de reclutamiento de menores de edad

La Defensoría del Pueblo reportó 1.173 casos de reclutamiento y uso de menores por grupos armados entre 2024 y julio de 2026. En 2024 se registraron 578 casos, mientras que en 2023 fueron 184.

Más de la mitad de los casos corresponden a niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas y afrodescendientes. Entre los grupos señalados aparecen disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo.

Por su parte, el Icbf maneja un registro histórico que abarca el periodo desde 1999 hasta 2026. Durante esos años, el programa especializado de atención a víctimas de reclutamiento ha atendido a más de 7.500 niños y adolescentes desvinculados de grupos armados ilegales.

Los menores pueden ser utilizados en diferentes actividades, como combate, labores de inteligencia, transporte de drogas, mensajería y cobro de extorsiones.

La Fiscalía General de la Nación maneja una medición diferente, basada en las denuncias y procesos penales por reclutamiento ilícito y utilización de menores para cometer delitos. Su registro incluye tanto estructuras armadas como bandas y organizaciones de delincuencia urbana, por lo que sus cifras no son directamente comparables con las de la Defensoría o el Icbf.