La Fiscalía General de la Nación amplió las medidas cautelares en la investigación por presunto contrabando, lavado de activos y uso de sociedades dentro del esquema relacionado con Fast Moda S.A.S., empresa que opera las tiendas Lili Pink y Joy, al incorporar al proceso a Elephant Import & Export S.A.S. La decisión busca reforzar la afectación patrimonial sobre bienes y compañías vinculadas para impedir que, según el ente acusador, sigan siendo utilizadas en operaciones bajo investigación.
Entre las nuevas diligencias, los investigadores ubicaron 12 contenedores con mercancía de origen chino que ingresó a Colombia desde Panamá. El ente acusador también verificó que otros 31 contenedores ya habían sido aprehendidos previamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
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La medida fue adoptada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio dentro de un proceso que vincula al menos a nueve personas. Según la investigación, todas harían parte de una estructura dedicada a operaciones de presunto contrabando y lavado de activos.
De acuerdo con la Fiscalía, Elephant Import & Export S.A.S. habría sido utilizada para respaldar la importación y el abastecimiento de mercancías, pese a que presuntamente no tenía la capacidad económica real para desarrollar esas operaciones comerciales.
La investigación apunta a empresas sin respaldo económico suficiente
Uno de los hallazgos del caso es que la aparente solidez financiera de Elephant Import & Export S.A.S. se sustentaba en un préstamo por $64.000.000.000. Según el ente investigador, la empresa que otorgó ese crédito tampoco tendría la capacidad económica para realizar una operación de esa magnitud.
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La investigación también estableció que Fast Moda S.A.S. registraba una deuda por $126.000.000.000 a favor de Elephant Import & Export S.A.S. Para la Fiscalía, esa relación haría parte del esquema financiero que habría usado la estructura investigada.
Durante las audiencias recientes, la fiscal del caso expuso que el entramado se habría organizado mediante la creación de empresas de papel para ocultar el control real de las operaciones comerciales. Esa estructura, conforme a la hipótesis del caso, habría operado durante varios años.
La mercancía ya tenía etiquetas para venderse en Colombia
Los investigadores establecieron que parte de la mercancía encontrada contaba con etiquetas elaboradas para su comercialización en el mercado colombiano. Esos productos, determinó la investigación, habían sido fabricados en China.
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La Fiscalía sostiene que la red bajo análisis estaba conformada por empresas constituidas en Colombia y Panamá. Las operaciones comerciales de esas sociedades hacen parte del expediente por el presunto esquema de contrabando y lavado de activos que adelanta el ente acusador.
El embargo alcanza el 100% de la composición accionaria de la sociedad
La Unidad Investigativa de El Tiempo informó que tuvo acceso a los expedientes de la firma, matriculada en julio de 2022 en Barranquilla y con sede en el municipio de Galapa, en el departamento de Atlántico.
La empresa registra como actividades principales el comercio al por mayor de prendas de vestir, productos textiles y confeccionados para uso doméstico y partes y piezas electrónicas y de telecomunicaciones. Según un acta de asamblea de accionistas, su único dueño es Luis Carlos Diaz Plata, quien además figura como gerente, y la sociedad registró un capital de $5.000.000.000.
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El diario también conoció la resolución de medidas cautelares del 4 de agosto de 2026, emitida por la Fiscalía 30 de Extinción de Dominio, que ordena la inscripción inmediata de la suspensión del poder dispositivo, el embargo y el secuestro sobre el 100% de la composición accionaria, además de la toma de los bienes y establecimientos de comercio de la sociedad.
Esta compañía se suma al entramado societario investigado alrededor de Lili Pink, en el que, según había revelado la misma publicación, aparecen firmas en Panamá como Nepal Blue S.A., Bestsea Blue S.A., Lili Brand Inc, Mail Blue S.A. y Greenland Point Fundation.
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El 21 de julio de 2026, ocho empresarios y representantes de esas sociedades, entre ellos los Abadi, no aceptaron los cargos por lavado de activos, concierto para delinquir con fines de contrabando, enriquecimiento ilícito, contrabando y favorecimiento al contrabando imputados por la Fiscalía. La investigación sigue abierta y ahora se concentra también en las operaciones de las empresas proveedoras.
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