Caso Jorge Alfredo Vargas: tres de las presuntas víctimas reiteraron su deseo de no ser vinculadas a la imputación de la Fiscalía

A través de un comunicado de prensa, emitido en la tarde del miércoles 5 de agosto de 2026, tres de las presuntas víctimas en el caso contra el periodista Jorge Alfredo Vargas expresaron su deseo de no ser vinculadas en forma activa al proceso penal por acoso sexual. Al punto que sostuvieron que nunca pidieron estar en el mismo, pues la situación, desde su perspectiva, las revictimiza.

Las mujeres dijeron que no presentaron una denuncia penal contra Vargas y que no quieren constituirse como víctimas procesales ni participar en el proceso que adelanta la Fiscalía. A su vez, explicaron que su decisión busca proteger su intimidad, su salud mental y su vida frente a la violencia digital, por lo que rechazaron que se interprete como resultado de presiones o de frenar la investigación.

En la misiva, las periodistas señalaron que quedaron vinculadas “en contra de nuestra voluntad” como presuntas víctimas dos, tres y cuatro dentro del proceso y resumieron su postura con una frase que, en síntesis, plasmaría su postura frente al desarrollo de las audiencias contra Vargas, que quedó imputado.

“No se puede renunciar a un caso en el que no hemos pedido estar”, remarcaron las mujeres.

De la misma manera, las firmantes añadieron que desde el inicio dejaron claro, tanto ante Caracol Televisión S.A. como ante el ente acusador, que no les interesa denunciar penalmente al periodista. Según expusieron, tras las denuncias internas la empresa tomó decisiones que, a su juicio, les dieron verdad, justicia, seguridad y garantías de no repetición; en una determinación que pidieron respetar.

¿Por qué rechazan participar en el proceso penal?

Las mujeres afirmaron en su pronunciamiento que, una vez terminó el trámite interno, la Fiscalía insistió en contactarlas por llamadas, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp para integrarlas al proceso.

Aunque reconocieron que ese delito debe investigarse de oficio, las mujeres insistieron en que no quieren constituirse como víctimas procesales ni actuar por medio de apoderadas.

En su explicación pública, replicada en diferentes medios, las presuntas víctimas sostuvieron que esa decisión “responde exclusivamente a la necesidad de proteger nuestra intimidad, nuestra salud mental y nuestra vida de la violencia digital”. También subrayaron que hoy se ven forzadas a aclarar el tema porque nunca buscaron protagonizar un caso que, según dijeron, constituye una revictimización.

Del mismo modo, las tres mujeres también rechazaron versiones sobre presuntas coacciones para que cambiaran sus denuncias, que fueron expuestas ante la compañía en mención.

“No obedece a un acto de presión, ni a restricciones contractuales, ni intimidaciones”, afirmaron, y citaron como prueba la terminación de mutuo acuerdo de su relación laboral, que hoy extinta, con Caracol Televisión.

También añadieron que su postura no implica desconocer lo ocurrido ni interferir con la actuación judicial.

“No hemos renunciado a la verdad, no hemos negado los hechos, no hemos solicitado que la investigación se detenga y no pretendemos obstaculizar el trabajo de la administración de justicia”, señalaron las mujeres, en relación con un caso que salió a la luz a finales de marzo de 2026.

Los reparos de las presuntas víctimas al trato recibido durante la investigación

En el comunicado, las accionantes también cuestionaron el manejo que la Fiscalía ha dado al caso y dijeron que eso derivó en señalamientos de acoso judicial y revictimización. Y aseguraron que esa situación afectó su tranquilidad, la de sus familias y sus procesos personales y profesionales.

También denunciaron la filtración de información que calificaron de sensible y reservada, incluida su historia laboral y personal, sus nombres y anexos obtenidos por la Fiscalía del canal. Según la misiva, el área de Gestión Humana insistió en mantener la reserva de las víctimas, pero aun así las autoridades obtuvieron esos documentos y después consiguieron copia por orden judicial.

En ese sentido, las mujeres invocaron la Ley 906 de 2004 y, en particular, el artículo 11 sobre derechos de las víctimas. Con base en esa norma, reclamaron un trato humano y digno, así como protección para su intimidad y su seguridad, pues ante los medios se filtró que eran tres periodistas y una estudiante en práctica las que interpusieron, en ese entonces, una queja ante Caracol TV.

En el inicio de este caso presentaron una queja ante Gestión Humana del canal por conductas de presunto acoso. Esa actuación derivó en una inspección del Ministerio de Trabajo y en la salida de Vargas del canal de mutuo acuerdo; mientras que el periodista Ricardo Orrego, que hacía parte de Gol Caracol, también fue señalado de presuntamente haber protagonizado casos de acoso sexual.

En la audiencia del martes 4 de agosto, la Fiscalía imputó cargos a Vargas por acoso sexual y el periodista no los aceptó. El proceso sigue de forma formal con una sola denunciante activa, representada por la abogada Ana Bejarano, aunque la ausencia de los testimonios de las otras tres mujeres parece impactar de forma importante el material probatorio de la acusación.