Senadora del Pacto Histórico arremetió contra el alcalde Galán por nueva estrategia de seguridad de Abelardo de la Espriella: “Dinámicas similares a las de las Convivir”

Luego de que el presidente electo Abelardo de la Espriella y su ministro de Defensa designado, el general (r) Jorge Mora, anunciaron la implementación de los Bodsu (Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana), la senadora del Pacto Histórico María del Mar Pizarro arremetió contra el alcalde de Bogotá Carlos Fernando, luego de que la mañana del miércoles 5 de agosto se mostró a favor de la medida del gobierno entrante.

La medida que busca responder con rapidez y contundencia al crecimiento de la inseguridad y delitos como la extorsión.

Sin embargo, y luego de las declaraciones que Galán brindó la mañana del mismo miércoles a Bluradio, Pizarro publicó un mensaje desde su cuenta de X en la que apuntó contra el mandatario distrital, que lidera una de las nueve ciudades en las que se aplicará el programa luego de que De la Espriella se posesione como jefe de Estado de manera oficial el viernes 7 de agosto.

“Parece que usted será un facilitador de la nefasta idea de los “bloques de seguridad”. No dirá nada frente al riesgo de privatización de la seguridad donde particulares asumen funciones que corresponden al Estado", señaló al principio de su réplica la congresista.

Por lo anterior, Pizarro advirtió que “viene una posible deriva hacia grupos parapoliciales, reproduciendo dinámicas similares a las de las Convivir, incluso si esa no es la intención declarada”.

La senadora se refirió en la parte final de su mensaje a las cooperativas de vigilancia y seguridad privada creadas en Colombia en la década de 1990, bajo el nombre oficial de Servicios Comunitarios de Vigilancia y Seguridad Privada.

Las Convivir surgieron durante el gobierno de César Gaviria y fueron reglamentadas en 1994 a través del Decreto Ley 356, con el objetivo de apoyar a la fuerza pública en tareas de vigilancia rural, y en especial en zonas afectadas por la violencia y la presencia de grupos armados ilegales.

Alcalde Galán se mostró partidario de los Bodsu: Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana

A partir del 7 de agosto, las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Ibagué y Soacha serán escenario de una de las apuestas más ambiciosas en materia de seguridad urbana en Colombia.

Su objetivo principal es combatir de manera directa delitos de alto impacto como la extorsión, el atraco y el homicidio, priorizando la atención en zonas urbanas con mayores índices de criminalidad.

Según el ministro designado Jorge Mora, la nueva estrategia cuenta con el respaldo y coordinación de los alcaldes de las principales ciudades, quienes participaron en una reunión de planeación junto al equipo de seguridad del nuevo gobierno.

El despliegue inicial contempla 2.000 efectivos policiales, distribuidos en las nueve ciudades seleccionadas.

Estos equipos estarán enfocados en operaciones directas y en la investigación de estructuras criminales plenamente identificadas, así como en la captura de sus cabecillas y la desarticulación de bandas que afectan la tranquilidad ciudadana.

Los alcaldes de Bogotá y Soacha, Carlos Fernando Galán y Julián Sánchez Jr., expresaron su respaldo a la medida tras el encuentro con el gobierno entrante.

Galán destacó que la inseguridad es un reto nacional que exige trabajo conjunto entre alcaldías y autoridades nacionales.

“Tenemos un reto nacional en seguridad y eso requiere que trabajemos en llave los alcaldes con el Gobierno nacional”, afirmó el mandatario distrital.

En Bogotá, la primera medida concreta será la asignación de 400 uniformados para reforzar la seguridad en la capital.

Galán insistió en la necesidad de fortalecer el pie de fuerza policial y propuso que la ciudad esté dispuesta a financiar, incluso con recursos propios, la contratación y salario de más policías, tomando como referencia los modelos de seguridad de otras grandes urbes latinoamericanas.

Por su parte, el alcalde de Soacha detalló que la importancia de contar con estos grupos especiales para enfrentar delitos como la extorsión y el homicidio, así como la persecución de bandas ya identificadas.

Sánchez Jr. añadió que los Bodsu complementarán los esfuerzos locales de los últimos años en materia de seguridad, y agradeció la articulación entre la Presidencia, la fuerza pública y los gobiernos territoriales.

Por qué fueron tan polémicas las Convivir

Estas cooperativas estaban integradas por civiles autorizados para realizar labores de observación, recopilación de información y apoyo logístico a la Policía y el Ejército sobre actividades sospechosas o delictivas.

Las Convivir operaban principalmente en áreas rurales y tenían permitido portar armas de bajo calibre, instalar equipos de comunicación y desarrollar actividades de patrullaje preventivo, siempre bajo la supervisión de las autoridades estatales.

Aunque inicialmente se presentaron como una estrategia para mejorar la seguridad y fortalecer la cooperación entre la comunidad y el Estado, las Convivir se convirtieron en objeto de controversia.

Diversos informes y denuncias señalaron que algunas de estas cooperativas excedieron sus funciones legales, participaron en violaciones a los derechos humanos y terminaron vinculadas a estructuras paramilitares, sirviendo como base para el fortalecimiento de grupos armados ilegales en varias regiones del país.

Debido a estos señalamientos y a las reformas legales posteriores, muchas Convivir fueron desmanteladas o absorbidas por nuevas regulaciones sobre la seguridad privada en Colombia.