Definida la fecha en que se acusará a Juliana Guerrero por presunto fraude procesal y falsedad en documento privado: esto dijo la Fiscalía

La Fiscalía General presentará el 20 de agosto el escrito de acusación contra Juliana Guerrero por su presunta participación en fraude procesal y falsedad en documento privado, después de que la audiencia prevista para el miércoles 5 de agosto fuera reprogramada; el caso gira en torno a dos títulos que, según la investigación, fueron usados para acreditar requisitos exigidos para su llegada al cargo de viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.

Según reveló Semana, la diligencia judicial quedó fijada para las 10:00 a. m. ante el Juzgado 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento. En el expediente también aparece vinculado el exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, Luis Carlos Gutiérrez Narváez.

La acusación de la Fiscalía se relaciona con el escándalo de los presuntos títulos falsos. En la audiencia del 25 de junio, tanto Guerrero como Gutiérrez Narváez se declararon inocentes.

Para el ente investigador, Guerrero obtuvo de manera fraudulenta en julio de 2025 un título de pregrado en Contaduría Pública otorgado por la Fundación Universitaria San José, en Bogotá. Ese mismo mes también recibió el título de pregrado en Tecnología de Gestión Contable y Tributaria.

La investigación sostiene que esos documentos eran determinantes para cumplir uno de los requisitos exigidos para ocupar la viceministra de las Juventudes. De acuerdo con la publicación, la Fiscalía sostiene que la funcionaria cargó esa información en el sistema Sigep II para respaldar su nombramiento.

El ente investigador lo expresó en estos términos: “Al obtener Juliana Guerrero los dos diplomas falsos y las respectivas actas de grado falsas, como tecnóloga en gestión contable y otro como contadora pública, ingresó la información en el sistema Sigep II (…) para así obtener el acto administrativo de nombramiento como viceministra de Juventudes”.

En la segunda hoja de vida que subió a la página del Departamento Administrativo de la Función Pública, Guerrero indicó que cursó 10 semestres para obtener el título de Contaduría Pública. También omitió registrar el número de su tarjeta profesional.

En ese mismo documento afirmó que cursó cuatro semestres para obtener el título de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria. Esas certificaciones, según la tesis de la Fiscalía, fueron incorporadas al sistema público como soporte de su perfil académico.

En noviembre de 2025, después de que se conociera el caso, la Fundación Universitaria San José anuló los títulos. La institución concluyó que Guerrero nunca había asistido a clases, no había aprobado exámenes y tampoco había presentado la prueba Saber Pro, requisito obligatorio para recibir cualquier título en Colombia.

La defensa de Guerrero sostuvo que la inclusión de sus dos hojas de vida en el sistema público obedeció a “un error humano”. Esa es la explicación que ha dado la joven frente a los documentos cuestionados.

Sobre Gutiérrez Narváez, la investigación lo señala presuntamente como el funcionario encargado de avalar la entrega de esos títulos fraudulentos. La acusación indica que esa validación se produjo pese a que no se habían cumplido los requisitos exigidos.

La Fiscalía investiga a Juliana y Verónica Guerrero por una presunta red de influencias

La Fiscalía abrió una investigación contra Juliana Guerrero y su hermana Verónica por una presunta red de tráfico de influencias que, según las denuncias conocidas, cobraba dinero a empresarios con la promesa de facilitar contratos públicos en los ministerios del Interior y de Vivienda, un caso que además reactivó críticas por la respuesta del presidente Gustavo Petro ante el escándalo.

Los comerciantes que denunciaron los hechos aseguraron que alcanzaron a entregar más de $600 millones y que luego dejaron de recibir respuesta. Según la investigación divulgada por la revista Semana, la estructura habría operado desde el segundo semestre de 2024 y se apoyaría en chats, testimonios y consignaciones bancarias.

Las tarifas descritas en esas denuncias seguían un esquema fijo: la primera cita costaba un millón de pesos, cada gestión de contrato rondaba los $200 millones y, si el proyecto era adjudicado, debían recibir el 10% del valor. Uno de los empresarios declaró que también se había pactado el pago de $35 millones por cada municipio adjudicado y otro 10% por cada mejoramiento de vivienda en cada localidad.

Ese mismo empresario sostuvo que era Verónica Guerrero que entregaba actualizaciones directas sobre las gestiones y que incluso fijaba plazos para dar respuestas. Un chat fechado el 20 de marzo de 2025, según la publicación, respaldaría esa versión.

De acuerdo con los testimonios recopilados, una de las ofertas atribuidas a las hermanas consistía en facilitar una iniciativa para instalar cámaras de seguridad con patrocinio del Ministerio del Interior. También habrían prometido un proyecto para construir un acueducto en un municipio del Cesar y un plan de mejoramiento de hogares en distintos municipios.

En los chats mencionados en la denuncia también aparecería la idea de que funcionarios del gobierno recibirían dinero. En esas conversaciones se haría referencia al presidente Petro como “el jefe de jefes”.

Frente a esas acusaciones, Juliana Guerrero negó haberse reunido con contratistas, intermediarios o supuestos empresarios para gestionar contratos. También negó haber recibido comisiones o cualquier otro beneficio por aparentes gestiones contractuales.

Por su parte, Andrés Hernández, director de la ONG Transparencia por Colombia, dijo que “el caso ilustra lo que hoy se conoce como facilitadores de corrupción; es decir, personas poderosas que sirven de puente entre funcionarios y actores interesados en capturar recursos públicos. Sin estas personas, difícilmente la corrupción tendría el alcance que ha logrado en Colombia”.

Hernández también criticó la reacción del presidente, que en X sostuvo que el artículo demostraba que las barreras anticorrupción de su gobierno habían funcionado y pidió a las hermanas Guerrero denunciar a los empresarios, devolver el dinero si lo recibieron y colaborar con la justicia.

El director de la ONG afirmó: “Es tan decepcionante la manera como reacciona el presidente Petro al escándalo. Pareciera mostrar nuevamente tolerancia con las presuntas irregularidades de personas cuestionadas cercanas a él, evitando la responsabilidad que le compete a él y a su gobierno por permitir la cercanía de estas personas facilitadoras de presunta corrupción”.