El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró este 2 de agosto de 2026 que su administración garantizará la continuidad de los pagos del programa Colombia Mayor entre agosto y diciembre, pese al déficit presupuestal detectado durante el empalme.
“Vamos a tomar las medidas necesarias para proteger el ingreso de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad”, afirmó el mandatario electo en alocución.
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De la Espriella instruyó a su equipo económico y social para identificar los recursos faltantes y adelantar, desde el inicio del nuevo mandato, las gestiones presupuestales que permitan mantener el programa.
El presidente electo destacó como prioridad que los adultos mayores no sean quienes paguen las consecuencias del desorden presupuestal, subrayando: “La prioridad será asegurar los recursos actuales y avanzar hacia una protección económica más digna para quienes entregaron su vida al país”.
El pronunciamiento de De la Espriella también ratificó el compromiso de elevar el subsidio a 400.000 pesos mensuales una vez se estabilicen las finanzas públicas y existan las condiciones fiscales que permitan garantizar su pago de manera responsable y sostenible. “Este incremento se implementará cuando la situación fiscal lo permita”, puntualizó.
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El Gobierno de la Patria Milagro remarcó que no permitirá riesgos en la protección social de los adultos mayores. El mensaje central del equipo entrante es avanzar hacia una cobertura más amplia y digna, mientras se solucionan los desafíos presupuestales heredados.
La respuesta del presidente saliente, Gustavo Petro, llegó poco después de la intervención de De la Espriella.
El mandatario se mostró abierto a la propuesta de su sucesor, aunque planteó que su implementación requeriría cambios legales profundos. “Yo no me opongo a esta propuesta de Abelardo, pero para efectuarla hay que quebrar varias reglas de ley”, expresó Petro.
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El presidente saliente explicó que para duplicar el presupuesto anual del programa, pasando de 8 billones de pesos a 15 billones, sería necesario obtener 7 billones adicionales cada año. Petro propuso como vía más eficaz la aprobación de la reforma pensional que permanece pendiente en la Corte Constitucional.
Según el mandatario, si se adopta un sistema integrado que combine los flujos de cotización de los fondos privados y los pagos del presupuesto nacional, “automáticamente se liberan los 7 billones que hoy se giran del presupuesto a pagos de pensiones y se pueden destinar a cubrir los 7 billones adicionales que exige pasar a un bono pensional de 400.000 pesos mensuales”.
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Petro consideró que esta medida permitiría “sacar automáticamente a los adultos mayores de la pobreza extrema e incluso de la pobreza”.
Añadió que la reforma pensional garantizaría el derecho a la pensión y evitaría la quiebra de los fondos privados. Además, recalcó: “Le daríamos la mano a tres millones de abuelos y abuelas la mayoría abelardistas que contemplarán en sus vidas cómo un acuerdo nacional les beneficia en su nivel de vida y dignidad”.
En caso de que la reforma pensional no avance, Petro propuso alternativas fiscales, como el aumento de impuestos a las “rentas de especulación poderosas”, el establecimiento de una “renta presuntiva sobre grandes haciendas improductivas” y gravámenes sobre “capitales en paraísos fiscales”.
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Según el jefe de Estado, estas medidas tendrían como objetivo “reactivar la inversión privada” y fortalecer la “solidez financiera verdadera del sistema pensional”.
Entre las propuestas adicionales, Petro sugirió destinar parte de la renta variable de los hidrocarburos, utilizar el oro como reserva del fondo pensional y canalizar la inversión hacia infraestructura de largo plazo, incluida la red ferroviaria nacional.
“Debe abrirse los fondos de financiación de los ferrocarriles con la valorización sobre tierras de hacendados, y la participación de los fondos de ahorro pensional privados”, puntualizó.
El presidente saliente advirtió que financiar el subsidio con impuestos dirigidos a sectores vulnerables o mediante endeudamiento “sería un suicidio económico”. Propuso, en cambio, un acuerdo entre los equipos técnicos de los gobiernos entrante y saliente, junto a representantes de trabajadores formales, informales, campesinos, pueblos indígenas, afros y gremios privados, para buscar una solución consensuada.
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