Gobierno Petro condenó atentado contra gobernador indígena y dos escoltas en el Valle: piden avances en la investigación

Un ataque armado contra integrantes del resguardo Kwesx Yu Kiwe en el municipio de Florida, departamento del Valle del Cauca, dejó tres muertos y un herido de gravedad.

Las víctimas corresponden al mayor indígena Julián Mauricio Gutiérrez, el comunero indígena Haminton Daniel y a Andrés Machín, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Entre tanto, Jhon Lemus, escolta de la UNP que fue herido de gravedad, se encuentra en un centro médico del municipio donde su pronóstico es reservado.

Los hechos se presentaron en la tarde del sábado 1 de agosto de 2026, cuando las cuatro personas se encontraban en un restaurante del municipio vallecaucano y fueron sorprendidos por hombres armados que dispararon contra el grupo.

El ataque contra los voceros de la comunidad indígena ha generado el rechazo de varios sectores del país. Inicialmente se destaca el Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, que expresaron sus condolencias a las familias de las tres víctimas fatales del ataque armado.

“Reconocemos que este hecho atroz no solo enluta al Pueblo Nasa, sino que constituye una agresión directa contra los procesos de gobierno propio y la seguridad de quienes defienden los derechos humanos y el territorio en el suroccidente del país”, señaló la cartera en un comunicado.

Igualmente, alertó además por una amenaza de muerte contra Jhon Anderson Ipia, coordinador político y administrativo del Consejo de Gobierno del Pueblo Nasa, quien recibió un ultimátum de 24 horas para abandonar el país.

“Ante este escenario de urgencia, el Ministerio del Interior hace un llamado a que se garantice una articulación interinstitucional efectiva para salvaguardar la integridad de las comunidades étnicas en Colombia, y convoca a la comunidad nacional e internacional para solidarizarse con los pueblos indígenas del país ante lo que sus autoridades califican como un riesgo de exterminio físico y cultural”, indicó la cartera.

Por último, instó a las autoridades competentes para que avancen con las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables del crimen. “Este Ministerio reafirma que el ejercicio del liderazgo social y la defensa del territorio son pilares fundamentales de nuestra democracia”, declaró.

De otro lado, la Unidad Nacional de Protección (UNP) condenó el ataque y envió condolencias a las familias de los escoltas asesinados. También reiteró su disposición a colaborar, dentro de sus competencias, con las autoridades encargadas de la investigación y el esclarecimiento de los hechos.

“La Entidad honra la memoria del gobernador indígena y del integrante del esquema de protección que entregó su vida en cumplimiento de su deber, y reitera su disposición para colaborar, en el marco de sus competencias, con las autoridades encargadas de la investigación y el esclarecimiento de estos hechos”, mencionó la UNP en un comunicado difundido en las redes sociales.

Otras voces de rechazo al ataque contra líder indígena

Al rechazo se sumó el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovani Yule, que exigió una investigación pronta y rigurosa para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. El funcionario sostuvo que la violencia no puede seguir utilizándose contra quienes defienden a sus comunidades y trabajan por sus territorios.

“Defender la vida, el territorio y la paz no puede seguir costando vidas. Que cesen los ataques contra los pueblos indígenas. Que la justicia actúe. Que la vida sea respetada en todos los territorios”, mencionó.

Por su parte, Aída Quilcué, representante a la Cámara del Pacto Histórico, instó a las autoridades nacionales para que se garantice el bienestar de las comunidades indígenas del país.

“La persecución contra los pueblos indígenas y sus liderazgos ya comenzó. Alertamos a la Defensoría del Pueblo, a la ONU, a la MAP/OEA y a los organismos de derechos humanos. Exigimos protección inmediata e investigaciones eficaces para que estos hechos no se repitan. La vida es sagrada. Seguimos defendiendo la vida, el territorio y la paz”, expresó la congresista en las redes sociales.

Según los reportes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), esta es la masacre número 78 que se registra en Colombia durante el año 2026.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar a los responsables. De manera preliminar, una de las hipótesis apunta al frente 57, aunque esa versión continúa en verificación por organismos judiciales.