Ministro de Justicia designado por De la Espriella, Iván Cancino, propone endurecer penas para adolescentes en delitos graves

El nombramiento de Iván Cancino como Ministro de Justicia designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, reabrió el debate nacional sobre el tratamiento penal de adolescentes involucrados en crímenes de alta gravedad.

El motivo obedece a que luego del homicidio de María Camila Potosí y su bebé en Cali (Valle del Cauca), un caso que ha generado conmoción y repudio en Colombia, el futuro titular de la cartera de Justicia destacó la necesidad de revisar los vacíos del sistema judicial aplicable a menores de edad.

Cancino ha liderado durante más de quince años la discusión sobre la posibilidad de endurecer las penas para adolescentes mayores de 16 años que cometan delitos graves.

Su argumento, y de acuerdo con lo que pudo conocer Infobae Colombia, parte de que, a esa edad, el ordenamiento jurídico colombiano reconoce a las personas la capacidad de tomar decisiones trascendentales, como tramitar la licencia de conducción o definir su identidad de género, lo que, según el ministro designado, implica un nivel suficiente de comprensión sobre las consecuencias de sus actos.

El planteamiento de Cancino propone que los jóvenes mayores de 16 años que incurran en delitos como homicidio, secuestro, delitos sexuales o extorsión puedan ser juzgados bajo las mismas condiciones que un adulto, de acuerdo con el Código Penal.

Fuentes del Gobierno Entrante consultadas por este mimso destacaron que Cancino ha mantenido esta posición desde el proceso legislativo que condujo al Acto Legislativo 01 de 2020 y a la posterior Ley 2098 de 2021.

No obstante, el líder entrante de la cartera de Justicia ha insistido en que el derecho penal no debe convertirse en la única herramienta frente a la criminalidad juvenil

Cancino ha reiterado la importancia de complementar cualquier reforma punitiva con mecanismos efectivos de prevención y atención integral por parte del Estado, para asegurar una respuesta equilibrada entre justicia, protección y prevención.

Infobae Colombia confirmó que Cancino expresó su disposición a liderar un proceso de concertación con el Congreso de la República, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras entidades, con el objetivo de construir una política pública que combine rigor penal y garantías de protección para la infancia y adolescencia, y cuya cobertura alcance todo el territorio nacional.

Las directrices de Iván Cancino para transformar el sistema penal en Colombia

El ministro de Justicia designado, Iván Cancino, impulsa un ambicioso paquete de 15 reformas orientadas a modernizar el sistema penal y la política criminal del país.

Entre los principales ejes se incluyen la agilización de los procesos judiciales, la revisión de competencias del Ministerio Público y el fortalecimiento de la justicia restaurativa en los territorios.

Una de las propuestas centrales es eliminar la audiencia de formulación de imputación, lo que permitiría avanzar directamente a la etapa de acusación. Dicha iniciativa, que ya cuenta con el visto bueno de la fiscal general Luz Adriana Camargo, busca reducir trámites y acelerar la administración de justicia.

“Me parece que es una propuesta interesante. Entiendo que el propósito es ver cómo agilizamos el procedimiento y ese es un propósito que estaremos para apoyar”, declaró la fiscal en Barranquilla.

Otra de las medidas plantea una reingeniería en la estructura judicial, de modo que un juez controle el proceso penal desde la acusación hasta la audiencia preparatoria, mientras que otro magistrado, o un tribunal distinto, se encargue del juicio oral y del fallo definitivo.

El plan también contempla reducir o eliminar la intervención del Ministerio Público en el proceso penal ordinario, redistribuyendo su personal hacia sectores de mayor prioridad social.

El paquete de reformas incluye la creación de un órgano jurisdiccional independiente para investigar y acusar penalmente a los administradores de justicia, así como un programa nacional de capacitación para fiscales y policía judicial, con el objetivo de evitar libertades por errores en el procedimiento.

Además, en caso de que la Fiscalía solicite la absolución de un procesado, el juez deberá decretarla de forma inmediata, preservando los derechos de las víctimas.

En materia patrimonial, el proyecto propone que las medidas no privativas de la libertad en delitos económicos solo se concedan si el acusado garantiza al menos el 50% de la pretensión económica presentada por la Fiscalía.

La revisión del Código Penal para excluir conductas que no requieren persecución penal también figura en la hoja de ruta, como parte de la estrategia para aliviar la crisis carcelaria.

El fortalecimiento de los preacuerdos judiciales, en función de la proporcionalidad entre la colaboración del procesado y el daño causado, es otra de las prioridades. El documento buscaría, además, la ampliación de las Casas de Justicia, el impulso de mecanismos de justicia restaurativa y una ofensiva interinstitucional contra el lavado de activos.

Frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Ministerio mantendrá una posición de veeduría y seguimiento crítico y promoverá un diálogo permanente y respetuoso con las altas cortes del país.

Sumado a todo lo anterior, las directrices contemplan el refuerzo institucional y financiero de la Defensoría del Pueblo y cambios en las comisiones asesoras del Gobierno en política criminal.