La gestión de Ricardo Roa en Ecopetrol termina este 30 de julio de 2026 en medio de investigaciones penales, sanciones electorales y embargos por deudas ligadas a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, un cierre que obliga a la petrolera estatal a activar su relevo inmediato mientras define una nueva presidencia.
Cabe recordar que Roa había retomado sus funciones el 27 de julio de 2026, después de una licencia, con el objetivo de cerrar los últimos días de su periodo al frente de la empresa. La Junta Directiva deberá adelantar el proceso de selección del nuevo presidente.
Mientras Juan Carlos Hurtado Parra asumirá de manera interina la presidencia de la compañía a partir del 31 de julio de 2026. Ecopetrol indicó que el actual primer suplente tomará la dirección de manera transitoria, conforme a los lineamientos previstos en la Política de Sucesión vigente.
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La salida coincide con causas penales, una sanción electoral y embargos millonarios
La salida del directivo se produce bajo la presión de dos frentes judiciales. Uno de ellos se relaciona con su papel como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Por ese expediente, Roa fue sancionado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en noviembre de 2025 por presuntas irregularidades asociadas con la violación de los topes de financiación electoral, que superarían los $5.300.000.000. La decisión incluyó una multa cercana a los $6.000.000.000.
Esa determinación no constituye una condena penal y puede ser controvertida ante la jurisdicción administrativa. El CNE, además, trasladó el caso a la Fiscalía General de la Nación para que avanzara una investigación penal que sigue en curso.
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La otra investigación gira en torno a la compra del apartamento 901, un inmueble de alta gama ubicado en el edificio Entre Parques, en Bogotá, y a un presunto caso de tráfico de influencias de servidor público. La hipótesis de los investigadores vincula esa operación con un proyecto energético y con la relación entre Roa y el expolicía Juan Guillermo Mancera.
Según el ente acusador, Mancera facilitó en 2022 la compra de ese apartamento por parte de Roa a un valor inferior al del mercado. El inmueble fue adquirido por una empresa Serafino Iacono, cercano a Mancera, que fue uno de los principales directivos de la extinta Pacific Rubiales, empresa petrolera privada más grande de Latinoamérica, y hoy participa en el negocio del gas.
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Las indagaciones tomaron fuerza después de que Ecopetrol adjudicara a Gaxi S.A. E.S.P., empresa vinculada a Mancera, un contrato para la regasificación del combustible importado. De acuerdo con la Fiscalía, se trata de una compañía de tamaño reducido y con experiencia limitada en ese tipo de operaciones, pese a haber recibido un contrato estratégico con alto potencial económico.
Para los investigadores, la operación inmobiliaria habría estado atada a un presunto tráfico de influencias. Esa es la hipótesis que hace parte del proceso judicial abierto.
Un contrato por USD 5,8 millones amplió la crisis en la petrolera
Otro frente delicado surgió a partir de un contrato con la firma estadounidense Covington & Burling LLP. El acuerdo original era por USD 875.000 para medir el impacto de los escándalos de Ricardo Roa sobre la imagen de Ecopetrol en los mercados internacionales, pero el 31 de diciembre de 2024 un otrosí elevó su valor a USD 5,8 millones, según información de El Tiempo.
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El diario informó que ese cambio generó molestia dentro de la junta directiva. El alcance del contrato terminó incluyendo una instrucción para retener, sin alterar ni destruir, información relacionada con altos ejecutivos de la empresa y de sus filiales, incluidos correos, dispositivos y documentos físicos o electrónicos.
Esa instrucción, según la Fiscalía, derivó en la interceptación de comunicaciones de al menos 70 funcionarios de Ecopetrol y de filiales Hocol y Cenit, con el argumento de identificar al “topo” que filtraba información a los medios. Entre los señalados como sujetos de esa retención selectiva aparecen Luis Alberto Zuleta, Rafael Ernesto Guzmán Ayala, Nicolás Azcuénaga Ramírez, Fabio Ortega, Alberto Enrique Consuegra, Elsa Jeanneth Jaimes y Germán González.
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Ecopetrol pagó USD 42 millones por plantas que debían transferirse sin costo
Un escándalo adicional bajo la administración Roa fue el pago de USD42.000.000 en junio de 2024 por las plantas de energía Termomorichal I y II, en Campo Rubiales, pese a que en teoría debían haberse transferido sin costo desde 2016 tras la salida de Pacific Rubiales del negocio.
La operación involucró a William Vélez y al empresario Serafino Iácono. Aunque al comienzo se buscaba una transferencia gratuita, la empresa de Vélez exigió más de USD 40.000.000 y, tras un nuevo análisis jurídico y un concepto externo, la petrolera terminó pagando.
El 49% de Termomorichal S.A.S. pertenece a Genser Power Inc., sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Un informe confidencial de cumplimiento de Ecopetrol, fechado el 23 de octubre de 2024, identificó como beneficiarios reales de esa firma a Leopoldo Alejandro Betancourt López y Francisco Convit Guruceaga, fundadores de Derwick Associates, empresa venezolana acusada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de sobornar a funcionarios de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) para obtener contratos sobrevalorados por USD 2.900.000.000 en total.
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Convit está formalmente imputado en Estados Unidos desde 2018 y es prófugo. Betancourt, identificado en el mismo expediente como “Conspirador No. 2”, fue detenido dos veces en Londres durante 2025, la última bajo una orden de extradición solicitada por Suiza, y tiene audiencia fijada para el 5 de mayo de 2026.
Un informe anterior de la firma Control Risks, elaborado para la petrolera en marzo de 2024, ya había identificado como beneficiarios finales del Grupo Genser a José Francisco Arata, Miguel de la Campa y al propio Iácono, todos exdirectivos de Pacific Rubiales, por medio de otra sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas, Blue Pacific Asset Corporation.
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