Ministerio de Igualdad seguiría ‘repartiendo’ contratos mientras se liquida: habría adjudicado más de $113.000 millones pese a prohibición

No paran las denuncias contra los manejos financieros en las carteras del gobierno saliente del presidente Gustavo Petro, pese a que restan pocos días para que le entregue el mando a Abelardo de la Espriella

De hecho, en la mañana del jueves 28 de julio de 2026 se conoció que el Fondo Igualdad, adscrito al Ministerio de la Igualdad, habría suscrito ocho millonarios contratos justo cuando la entidad ya estaba en proceso de liquidación.

El representante a la Cámara por Cambio Radical Julio César Triana ha señalado que estos acuerdos, por un valor superior a 82.090 millones de pesos, se habrían firmado en una etapa crítica: después de la expedición del decreto que ordenó el cierre definitivo de la cartera y a escasos días de la toma de posesión de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente.

Triana denunció que, tras el inicio formal de la liquidación, se suscribieron al menos dos contratos adicionales por más de 31.271 millones. Según el congresista, estos convenios fueron firmados cuando la entidad ya se encontraba en proceso de cierre, lo que plantea dudas sobre su legalidad y pertinencia.

“A pocos días de la liquidación del Ministerio de la Igualdad (fijada mediante el Decreto 626 del 19 de junio de 2026), FonIgualdad suscribió seis contratos por más de $82.090 millones para la ejecución de distintos programas. Lo más grave es que, incluso después de que la liquidación de la entidad entrara en vigencia, se firmaron otros dos contratos por más de $31.271 millones, comprometiendo nuevos recursos públicos cuando el Ministerio ya tenía orden de liquidarse”, señaló el representante.

Entre los acuerdos más notorios destaca uno por 30.275 millones destinado al programa Jóvenes en Paz, rubricado el 01 de julio. Otro contrato, por 995 millones, busca la recuperación de zonas productivas pesqueras. La suma de estos contratos eleva la polémica, ya que se formalizaron en medio de la transición administrativa y bajo la vigencia de la orden de liquidación.

El Decreto 626, que regula este proceso, estipula que solo pueden celebrarse los contratos “estrictamente necesarios” para facilitar la liquidación. Triana enfatizó que los contratos firmados no estarían cumpliendo con esta condición, pues en lugar de limitarse a asuntos operativos del cierre, “todos están orientados a continuar ejecutando programas y comprometiendo recursos públicos”, según su declaración.

¿Por qué es relevante la denuncia?

La denuncia de Triana pone el foco en el uso de recursos públicos en un momento en que el Ministerio de la Igualdad debía limitar su gestión a tareas propias de la liquidación, de acuerdo con la normativa vigente. La firma de contratos destinados a la continuidad de programas genera inquietud sobre posibles irregularidades y el respeto a los límites legales fijados por el decreto de cierre.

El representante ha solicitado a los organismos de control que investiguen si las contrataciones posteriores a la orden de liquidación se ajustaron a las excepciones previstas o si, por el contrario, se incurrió en una desviación de los procedimientos legales establecidos.

“Si se confirma que estos contratos fueron celebrados por fuera de las excepciones previstas en el Decreto 626, podrían configurar un presunto prevaricato, además de otras posibles irregularidades que deberán establecer las autoridades competentes. Por eso, le solicitamos a los entes de control investigar con urgencia estos hechos y determinar por qué, en pleno proceso de liquidación, FONIGUALDAD siguió comprometiendo más de $113.362 millones en contratos que no estaban autorizados por la norma”, concluyó el representante Julio César Triana.

La polémica, que involucra a funcionarios salientes, podría derivar en nuevas acciones de control y revisión sobre la gestión de los recursos públicos durante los cambios de gobierno en Colombia.