Procuraduría alertó por fallas en la atención a menores víctimas de violencia sexual en Colombia

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes sigue evidenciando debilidades en la capacidad de respuesta del Estado. Así lo advirtió la Procuraduría General de la Nación, que alertó sobre demoras en la activación de las rutas de atención y problemas de coordinación entre las entidades responsables de proteger a las víctimas, una situación que, según el organismo, continúa afectando el acceso oportuno a la justicia y a las medidas de protección.

La advertencia fue presentada durante el conversatorio Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes en Colombia: Nuevas Dinámicas y Desafíos para la Justicia y la Protección Integral, organizado por la Corte Suprema de Justicia. En ese escenario, la Procuraduría anunció que pondrá en marcha una matriz de intervención para fortalecer el seguimiento a este tipo de casos y mejorar la vigilancia sobre la actuación de las instituciones competentes.

Las alertas coinciden con un panorama que refleja el impacto creciente de la violencia sexual contra menores de edad, especialmente aquella facilitada por medios tecnológicos. De acuerdo con datos recientes, el 21% de los adolescentes usuarios de internet en Colombia fueron víctima de alguna forma de abuso o explotación sexual a través de plataformas digitales.

Las cifras también muestran un aumento en la demanda de atención institucional. Según el informe de empalme del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), las atenciones brindadas a menores víctimas de violencias basadas en género pasaron de 476 en 2022 a 1.333 en 2025, lo que representa un incremento cercano al 180%. Durante todo el cuatrienio, la entidad registró 4.381 acompañamientos. Aunque el Icbf aclara que estos datos corresponden a atenciones y no a casos confirmados, el balance evidencia una mayor necesidad de intervención por parte de la entidad. Solo durante el último año del periodo evaluado, el Instituto atendió cerca de cuatro situaciones diarias relacionadas con este tipo de violencias.

Durante el encuentro, la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, María Fernanda Rangel Esparza, insistió en la importancia de fortalecer la atención integral para evitar que las víctimas enfrenten nuevos episodios de revictimización durante los procesos judiciales. La funcionaria señaló que garantizar la protección de sus derechos y de su dignidad debe ser una prioridad para todas las instituciones involucradas.

La delegada también advirtió que persisten dificultades en la articulación entre las entidades encargadas de activar las rutas de atención. Según explicó, estas fallas retrasan las investigaciones, afectan el acceso efectivo a la justicia y limitan la implementación de las políticas de prevención y protección en diferentes regiones del país.

La preocupación expresada por la Procuraduría se suma a las advertencias que distintas instituciones vienen haciendo frente a las nuevas dinámicas de la violencia sexual contra menores, un fenómeno que también presenta dimensiones internacionales. En ese sentido, Unicef reportó que para 2024 una de cada ocho niñas y mujeres en el mundo sufrió violación o abuso sexual antes de cumplir los 18 años, una cifra que refleja la magnitud del problema a nivel global.

Los registros del Instituto Nacional de Medicina Legal también muestran el peso de esta realidad en Colombia. Durante el primer trimestre del año se practicaron 4.572 exámenes médico-legales por presunto delito sexual y el 75% correspondió a menores de edad. Del total de valoraciones realizadas a niños, niñas y adolescentes, 2.047 fueron practicadas a jóvenes entre los 14 y 17 años, 960 a menores entre los 6 y 11 años y 449 a bebés y niños de hasta cinco años. Estas cifras refuerzan el llamado de la Procuraduría para mejorar la respuesta institucional y garantizar una atención más oportuna y efectiva a las víctimas.