Aumento del salario mínimo, pensiones e informalidad laboral, lo que tendrá que solucionar Natalia López desde el Ministerio del Trabajo

El 28 de julio de 2026, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que la abogada cordobesa Natalia López será la próxima ministra del Trabajo, una cartera que llega de un período con reformas laborales y mejoras en algunos indicadores del mercado laboral, aunque persisten problemas estructurales.

Su trayectoria profesional ha estado concentrada en el derecho público. Es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Administrativo de esa misma institución y magíster en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. Además, cursó una maestría en Administración de Empresas. Desde hace más de 17 años ejerce como abogada independiente.

También se ha desempeñado como docente en la Universidad Pontificia Bolivariana. Fue profesora de derecho laboral en un programa de posgrado de la Universidad del Sinú y asesora jurídica de la Gobernación de Córdoba.

Compromisos de la nueva ministra del Trabajo

Después de su designación, López agradeció la decisión por medio de X. “Mi profundo agradecimiento a cada organización, líderes, amigos y familia por sus mensajes de apoyo tras la honrosa designación que me ha hecho el presidente Abelardo de la Espriella como ministra del Trabajo”, escribió.

De igual forma, fijó el tono de su gestión. “Mi compromiso es servir a los trabajadores, a los empresarios, a las organizaciones sindicales y a todos quienes creen en la dignificación del trabajo”, afirmó.

El nombramiento recibió el respaldo del presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT Colombia Democrática e Independiente), Jorge Iván Diez. El dirigente dijo que “desde el Comité Ejecutivo Nacional le deseamos todo el éxito posible en esta importante cartera”.

Diez también planteó una expectativa de relación institucional basada en mecanismos de concertación. “Quedamos atentos para dar inicio a una relación institucional basada en el diálogo social con los empleadores, la concertación tripartita, el respeto y la construcción de acuerdos”, señaló.

Además, expresó la disposición de la central sindical a participar en esa etapa. “Desde la CGT, estamos dispuestos a contribuir constructivamente a la construcción de un Ministerio del Trabajo abierto, plural, incluyente, democrático y garante de las relaciones laborales en Colombia”, afirmó.

La reforma pensional como primer desafío

De acuerdo con el abogado Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight, los tres principales retos de la funcionaria entrante al frente del Ministerio del Trabajo serán impulsar una eventual reforma pensional, enfrentar una informalidad laboral que está cerca del 60% y manejar la discusión del aumento del salario mínimo en medio de la presión de la inflación, las finanzas públicas y la desaceleración económica.

Cuervo ubicó la reforma pensional, en estudio de la Corte Constitucional, como el frente más exigente para la nueva ministra. Planteó que ese asunto podría volver al Congreso de la República. Si eso ocurre, la ministra de Trabajo tendría un papel central en su trámite.

También señaló que, si el proceso actual se cae, el Gobierno tendría que impulsar una nueva reforma. Según él, el país necesita atender con urgencia ese problema.

Para Cuervo, el tema exige una conducción más amplia en su discusión. Señaló que la ministra deberá “escuchar a la academia, escuchar a los fondos, a las asociaciones de pensionados en general, pues a la comunidad”. Añadió que la idea general de la reforma era buena, pero que su desarrollo fue deficiente. Por eso, dijo, el asunto terminó bajo revisión de la Corte Constitucional.

Reducción de la informalidad laboral

El segundo reto que señaló Cuervo es la formalización del mercado laboral. Describió el fenómeno como “el peor cáncer del mercado de trabajo colombiano”. Teniendo en cuenta que esta se encuentra en 51%, según el Dane, manifestó que esa cifra impide leer el empleo solo desde el número de ocupados. Según explicó, en Colombia hay muchas personas ocupadas, pero no necesariamente empleadas.

Dicha diferencia lo llevó a proponer un cambio en la manera de entender la formalidad. Según dijo, el debate no debería centrarse solo en la existencia de un contrato de trabajo.

“Tenemos que pasar el paradigma del contrato de trabajo para concentrarnos en la necesidad de que la gente se afilie a la seguridad social y aporte a los sistemas de seguridad social aun cuando no tenga un contrato de trabajo”, sostuvo. Para Cuervo, esa es “la verdadera formalidad”.

Ante esto, agregó que una política para reducir la informalidad debería asegurar ingreso mínimo, descanso anual y cotizaciones constantes a salud y pensiones. Vinculó esa meta con el sostenimiento del sistema y con la posibilidad de construir una pensión futura.

Presión alrededor del salario mínimo

Y el tercer frente que identificó Camilo Cuervo es la discusión del salario mínimo. Según el análisis, la próxima ministra tendrá que compatibilizar las finanzas públicas, una crisis económica que, según dijo, se avizora en el corto y mediano plazo, y la presión por aumentos altos en la remuneración básica.

Mencionó que algunos expertos hablan de inflaciones que podrían llegar al 10%. También aludió al aumento del 23% del salario mínimo.

Su tesis es que, en una economía con alta informalidad, los incrementos del salario mínimo no siempre se trasladan de la misma manera a toda la población trabajadora. “Usted puede subir el salario mínimo el 80%, pero si tiene una informalidad del 60%, pues no va a haber afectado el tema, pues porque finalmente a la gente no le pagan el salario mínimo”, afirmó.

Dentro de esa misma explicación, indicó que en Colombia “más de 11 millones de personas” ganan por debajo del salario mínimo. Añadió que, luego del incremento del 23,7%, ya se hablaba de cifras que podrían llevar a más de la mitad de los colombianos a devengar menos de $1.750.905.

Subsidio de nóminas del Estado

Por su parte, la CEO de Lexacty SAS, Audrey Rodríguez, advirtió que “la ministra del Trabajo tiene un margen de maniobra muy específico” frente a las demandas del sector productivo. Según la experta, el Estado carece de recursos para subsidiar nóminas y la Constitución impide modificar elementos clave de la protección social, lo que pone límites concretos a cualquier intento de reforma.

Para la ejecutiva, la prioridad de la política laboral debe centrarse en la protección de la empresa formal. “No se puede seguir persiguiendo a las empresas que hoy sí están formalizadas reconociendo recargos, afiliando a sus trabajadores a seguridad social y pagando impuestos”, afirmó. Dijo que los costos laborales fijos, sumados al valor de la hora ordinaria tras la reducción de la jornada a 42 horas semanales, afectan la liquidez de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), algo que reduce su capacidad de inversión y generación de empleo.

El debate de fondo, según ella, está en la articulación de políticas públicas y en el uso efectivo de herramientas estatales para combatir la informalidad. “El verdadero debate contable, fiscal y jurídico es cómo fiscalizan y cómo se articula la política pública para combatir la informalidad sin que el remedio termine matando a las mipymes”, enfatizó Rodríguez. Además, señaló la necesidad de que la UGPP dirija su capacidad de fiscalización hacia la “economía 100% subterránea”, en vez de aumentar la presión sobre quienes ya cumplen con la ley.

Rodríguez destacó que la generación de empleo depende de la economía real, por lo que el Ministerio del Trabajo debe coordinarse con otras carteras, como Comercio e Industria, para crear condiciones de crecimiento. “El Ministerio del Trabajo por sí solo no crea empleo”, puntualizó. Para la CEO, la prioridad debe ser defender la estabilidad jurídica y la sostenibilidad de la empresa formal ante un contexto restrictivo que descarta nuevas ayudas estatales y reformas profundas.