La senadora Jennifer Pedraza denunció a Juliana Guerrero y su hermana, Verónica Guerrero, por cuatro delitos, luego de ser vinculadas con supuestas reuniones y acuerdos de sobornos que habrían realizado con empresarios interesados en obtener contratos con el Gobierno nacional.
El hecho ocurre después de la controversia originada por la investigación de Semana, que incluyó testimonios, mensajes de chat, grabaciones de audio, pasajes aéreos y comprobantes de transferencias. Estos elementos apuntan a un presunto sistema de cobros a empresarios para facilitar la obtención de contratos en los ministerios de Vivienda y del Interior. En ese contexto, se señala la posible implicación de Juliana Guerrero y Verónica Guerrero.
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Los delitos denunciados por la congresista son tráfico de influencias de particular, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito de particulares. Asimismo, pidió investigar a todos los colaboradores para determinar si hay una supuesta red e corrupción.
“Acabo de presentar una segunda denuncia contra Juliana y Verónica Guerrero por los presuntos delitos de tráfico de influencias de particular, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito de particulares (sic)”, indicó Pedraza.
La senadora indicó que la investigación debe alcanzar a su presunta red de colaboradores y a los empresarios que habrían pagado para obtener los contratos, como lo señala la investigación.
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“La investigación no puede limitarse a ellas: también debe alcanzar a toda su presunta red de colaboradores, a los empresarios que habrían entregado dinero para obtener contratos y a los servidores públicos que eventualmente participaron en esta estructura de corrupción. Nadie puede estar por encima de la ley (sic)”, expresó.
En un video, la senadora Jennifer Pedraza confirmó que la denuncia ya fue radicada. Además, cuestionó al presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, por, según sus palabras, defender a las hermanas Guerrero y restar importancia a los escándalos de corrupción en su gobierno.
“Mientras el presidente Gustavo Petro defiende a las hermanas Guerrero y minimiza los escándalos de corrupción en su gobierno, esta es la tercera vez que acudo a la Fiscalía para presentar una denuncia contra este tipo de prácticas”, expresó Pedraza.
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La congresista recordó su investigación y posterior denuncia sobre los títulos académicos de Juliana Guerrero. Confirmó que la audiencia iniciará el 5 de agosto de 2026.
“En una ocasión, demostramos que los títulos de Juliana Guerrero eran falsos. El cinco de agosto se realizará la audiencia de acusación por estos delitos. También denunciamos a Verónica Guerrero por usurpación de funciones, ya que llegó al Ministerio de Igualdad y asumió atribuciones sin tener ningún cargo ni función en ese ministerio (sic)“, aseveró.
Jennifer Pedraza insistió que la investigación revelada por Semana amerita una investigación a fondo por parte de las autoridades competentes.
“Ahora, tras las denuncias publicadas por la revista Semana, iniciamos un proceso en la Fiscalía para que se investigue la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y posible enriquecimiento ilícito, entre otras conductas. Las pruebas expuestas por la revista ameritan una investigación a fondo", indicó.
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Finalmente, Jennifer Pedraza señaló que seguirán haciendo control político tanto al Gobierno saliente, como al entrante, que será presidido por Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto de 2026.
“Ese es el tipo de control político que hemos ejercido durante este gobierno y que mantendremos con el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, revisando cada nombramiento. Para nosotros, los recursos públicos deben protegerse”, puntualizó Jennifer Pedraza.
La firma Alzate Hernández, que representa a Juliana Guerrero, difundió un comunicado en el que rechaza las acusaciones que la relacionan con presuntas actividades ilícitas relacionadas con la adjudicación de contratos estatales. Según el documento, Guerrero no habría participado en reuniones, pagos o gestiones fuera de la ley ante ministerios o entidades oficiales.
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