Encontronazo entre Jennifer Pedraza y Amaranta Hank por supuesta agenda “proxeneta” de congresistas del Pacto Histórico: “Para mí están en explotación sexual”

Hay tensión en el Congreso de la República por cuenta de la más reciente acusación de la senadora Jennifer Pedraza contra Alejandra Omaña, del Pacto Histórico, en medio de las críticas por cuenta de las nuevas pruebas que involucrarían a Juliana Guerrero con una presunta red de corrupción para adjudicar contratos del Gobierno.

Las tensiones se intensificaron cuando Pedraza, de Dignidad y Compromiso, afirmó en una entrevista con Caracol Radio que existe un presunto “lobby” específico de empresarios del webcam, a lo que catalogó como una posible “agenda proxeneta” de Omaña y otros congresistas dentro del Capitolio.

Según Pedraza, la discusión sobre la regulación del trabajo sexual está marcada por intereses que, en su visión, priorizan la explotación antes que la defensa real de los derechos de las mujeres.

La controversia pública comenzó cuando Pedraza cuestionó la necesidad de buscar “ganchos” para impulsar proyectos feministas en redes sociales y enfatizó su rechazo a una supuesta “agenda proxeneta”. La senadora aclaró que su acusación no se dirigía únicamente a Omaña, sino a quienes, según ella, promueven ese tipo de intereses en el Congreso.

“Yo estoy absolutamente en contra de la agenda proxeneta, y no me refiero solo a usted, me refiero también a quienes se han movido para hacerlo hoy en el Congreso”, señaló Pedraza.

Ante la pregunta sobre si contaba con pruebas concretas, Pedraza reiteró que su señalamiento se basaba en la existencia de un lobby empresarial ligado al webcam y que sus denuncias no se limitan a la labor actual de Omaña, sino que se remontan a su propia experiencia en la Cámara de Representantes, durante la tramitación de la ley para actualizar el delito de trata de personas.

“Un lobby en particular de los empresarios, de los webcam, de los empresarios. Ni siquiera estoy hablando en particular de lo que tiene que ver con quienes ven en una visión regulacionista la garantía de los trabajos, de los derechos de las mujeres que para mí están en explotación sexual”, señaló la senadora a Caracol Radio.

Por su parte, Omaña, integrante del Pacto Histórico, calificó la acusación como “muy grave” y anunció que procederá legalmente. “No se puede simplemente lanzar acusaciones a diestra y siniestra sin saber las consecuencias de eso”, advirtió.

Según Omaña, el verdadero propósito de su gestión ha sido la defensa de los derechos de quienes ejercen el trabajo sexual en Colombia, atendiendo tanto a quienes desean salir de esa actividad como a quienes eligen ejercerla por decisión propia.

Debate sobre feminismos y derechos laborales

Ambas senadoras han manifestado diferencias profundas respecto a la regulación del trabajo sexual. Pedraza defiende una postura abolicionista y sostiene que la visión regulacionista esconde formas de explotación sexual.

Omaña, en cambio, ha advertido que su activismo busca “ayudar a quienes quieren dejar el trabajo sexual” y también respetar a quienes lo asumen como una opción de vida, amparadas en el derecho al trabajo y al libre desarrollo de la personalidad.

En el centro del desacuerdo está la forma en que se discuten y tramitan los derechos de las mujeres en el Congreso. Pedraza ha insistido en que su labor de control político está sustentada por denuncias formales y procesos judiciales en curso, no por el afán de obtener visibilidad en redes sociales.

En respuesta, Omaña ha señalado que no está dispuesta a convertirse en el “sparring” de Pedraza durante los próximos años legislativos y que la pluralidad de feminismos debe tener cabida en el Legislativo.

El intercambio dejó en claro que el debate sobre la protección de los derechos de las mujeres que ejercen trabajo sexual seguirá siendo un tema de confrontación y revisión en la agenda del Congreso colombiano. Mientras Pedraza insiste en la existencia de intereses que benefician a ciertos sectores empresariales bajo el argumento de la regulación, Omaña sostiene que defender a las trabajadoras sexuales no equivale a promover la explotación.